
La Asamblea contra la Corrupción y la Impunidad presentó ayer una denuncia penal en contra del exintendente Eduardo Accastello.

“La denuncia se basa en las publicaciones efectuadas por los diarios La Voz del Interior y Día a Día, que indican que la Auditoría General de la Nación realizó investigaciones sobre las operatorias del Eninder y que se han descubierto numerosas irregularidades, como sobreprecios de un 148%”, indicaron desde la Asamblea.
La presentación, que lleva las firmas del presidente de la Asamblea, Angel Sosa; del vicepresidente, Alejandro Schmidt; y de otros miembros, como Víctor Scocozza, José Domínguez, Norma Sanmartino y Mario Brusa, se hizo ante la Fiscalía Federal de Villa María e involucra, además de Accastello, a toda aquella persona que esté involucrada en los hechos que se denuncian.
“Como son delitos de instancia pública, pueden ser denunciados por cualquier ciudadano. Presentamos la denuncia para que no ocurra lo mismo que pasó con el caso CBI. Cuando se le encontraron a Accastello 290 mil dólares en una caja de seguridad de CBI, los fiscales, que tienen la obligación de actuar de oficio e investigar, no hicieron nada, entonces, ante un caso de tanta trascendencia periodística y con el miedo de que pueda suceder algo similar, tomamos la decisión de realizar una denuncia penal para que la Justicia revise la cuestión e investigue cómo ha actuado el Eninder”, precisó Sosa.
La denuncia contra Accastello es por supuesto autor de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito.
“Creemos que al exintendente también se lo tiene que investigar por otras cuestiones vinculadas al Eninder, como la obra de las 250 Viviendas, cuya demora se sospecha que se debió a que los fondos fueron desviados para el techado del Anfiteatro”, agregó Sosa.
La causa será analizada por la fiscal federal para determinar si es competente o si corresponde a los Tribunales Federales de la ciudad de Buenos Aires por el origen de los fondos.
En razón de que la feria judicial comenzó ayer y se extenderá hasta el 20 de julio, la fiscal deberá decidir si habilita la feria para iniciar la investigación.