La Justicia encontró culpable a un hombre que, en pareja con una mujer, violó sistemáticamente a la hija menor de ésta y la embarazó
Ocho años de prisión fue la pena que se le aplicó ayer a un hombre de 41 años, quien fue hallado autor del delito de “abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado” en el que resultó víctima la hija adolescente de su pareja, informaron fuentes judiciales.
En la misma instancia judicial, fue absuelta la progenitora de la menor, quien había llegado a juicio ante la presunción de que pudiese haber facilitado el abuso. Sin embargo, la sentencia dejó en claro que no se encontraron pruebas que pudieran haber comprometido la situación de la madre de la adolescente que, cuando se produjeron los hechos, contaba con 14 años de edad.
De esta manera, Adrián Pusetto, oriundo de la zona rural de Hernando, deberá continuar en la cárcel, mientras que su pareja y madre de la menor, Mercedes Chiapelo, de 38 años y nacida en Oliva, recobró la libertad.
La denuncia acerca del sometimiento del que resultó víctima la adolescente fue realizado por un familiar de ésta y durante la mañana de ayer llegó a la instancia definitoria con la audiencia, celebrada en la Cámara del Crimen de los Tribunales locales, que presidió el juez René Gandarillas.
De acuerdo a lo informado, Pusetto abusó de la niña en forma reiterada, durante el año pasado, cuando él, Chiapelo y la víctima residían en un predio rural situado en jurisdicción de Pampayasta.
Como consecuencia de los hechos la menor quedó embarazada y dio a luz un bebé.
Si bien el juicio se desarrolló a puertas cerradas y sin acceso de público de la prensa, precisamente por tratarse de un caso de instancia privada y, además, porque la víctima fue una menor de edad, se pudo conocer que la violación fue sistemática.
La madre de la menor dijo ante el juez que tenía conocimiento del estado de gravidez de su hija, pero adujo que no sabía quién la había embarazado.
La prueba de ADN confirmó la paternidad de Pusetto respecto del bebé que tuvo su hijastra y, además, en la instancia judicial reconoció los hechos.
De todas maneras, los hechos comenzaron a tomar estado público a raíz de un episodio que protagonizó la víctima (sufrió un desmayo en la escuela), tras lo cual un facultativo que la asistió constató que la niña estaba embarazada.
Durante la audiencia actuaron como fiscal Francisco Márquez, mientras que la asesora letrada Silvina Muñoz se encargó de asistir profesionalmente a la madre de la menor, y los abogados Martín Mattea y Graciela Valle, se desempeñaron como defensor del principal imputado y querellante a solicitud de los abuelos paternos de la víctima, respectivamente.
