Marcelo Silvano, Santiago Tovo y Eduardo “Tati” Rodríguez se cuestionaron sobre el uso que se le dará a esa información. Algunos de ellos hablaron de un recurso de amparo

Al inicio de esta semana, el Gobierno nacional dispuso, por una resolución de la Jefatura de Gabinete de la Nación, que ANSES comparta sus bases de datos con la Secretaría de Comunicación Pública, para “diseñar mejor sus estrategias de comunicación, a modo de mantener informada a la población e identificar y analizar las problemáticas o temáticas de interés en cada localidad del país para poder incorporar la diversidad federal en la comunicación pública».

En este marco, EL DIARIO dialogó con tres reconocidos abogados de la ciudad para conocer una mirada local de la temática.

Lo que dijo Silvano

Marcelo Silvano aseguró: “Yo creo que todo el servicio de información que se quiera utilizar, ya sea del Gobierno o que posean los particulares, ya sean bancos o inclusive el mismo AFIP, creo que deviene de una cuestión confidencial”.

Recalcó que el problema radica en que “ya no sabemos hasta dónde llega lo confidencial”.

“Si vos no querés que nadie sepa de tu vida ni siquiera que existís, hoy no podés porque lamentablemente los servicios de información que hay describen tu vida y obra”, indicó.

Comentó que existen programas en donde se paga una determinada cantidad de dinero y a cambio brindan toda la información que se solicita.

“Si quiero saber quién sos vos, a qué te dedicas, qué acciones tenés en sociedades, qué bienes tenés a tu nombre lo puedo saber con poner tu nombre y tu número de documento. Así en contados dos segundos ya sé todo de vos. Lo cual me parece realmente una locura porque todo eso atenta contra la privacidad de las personas”, dijo.

En este sentido, señaló que esta “en contra” de que se utilice cualquier base de datos para un fin diferente hacia al que cada persona destinó sus datos.

“Si a mí me pedís los datos para tenerme dentro un padrón, por ejemplo todos los abogados de Villa María, es simplemente para eso. Pero ese padrón teóricamente va a ser utilizado por el colegio de abogados para información del Colegio de Abogados y sus asociados, no para que lo divulgue”, resaltó a modo de ejemplo.

También afirmó que si no se utiliza para hacer campaña política ni para prestársela a terceros, entonces “no habría tanto inconveniente”.

“El tema no es esta información sino la otra, la que circula normalmente y donde todo el mundo conoce la vida de todo el mundo, cuando en realidad alguien no quiere que lo conozcan”, recalcó.

Y agregó que “es bastante complicado” el manejo de la información. Y apuntó que desde su punto de vista, primero se debe “discutir la divulgación de la información”.

Lo que dijo “Taty” Rodríguez

El abogado Eduardo “Taty” Rodríguez planteó que la transferencia de datos se mantiene dentro de la órbita del Estado ya que ANSES es un organismo público y se pasa a entidades como la Secretaría de Comunicación dependiente también del Estado nacional.

“Ahí podría haber alguna violación de secretos de los datos de lo que una persona le confía al ANSES”. Y agregó: “Lo más peligroso de esto no es lo jurídico en sí, sino el uso que se pueda hacer de esa información que debe ser la más amplia del país, tiene un valor comercial y político importantísimo. Entonces me preocupa más el uso que se haga de esa información que el traspaso en sí mismo. El delito de violación de secretos previsto en el Código Penal no es violar un secreto cualquiera, es revelar información que es trascendental para un país que le puede llegar a ocasionar algún perjuicio ya sea al Estado en sí como a los particulares que viven en el”, recalcó.

En el caso de que se concretara el delito explicó que “trae como consecuencia necesaria el incumplimiento de los deberes de funcionario público y el abuso de autoridad de quien lo dispuso”.

Por otro lado aclaró que si existe algún ciudadano inconforme con la utilización de sus datos personales puede presentar un recurso de amparo porque “se trata de un acto unilateral del Estado y no hay otro remedio para frenarlo que dicha medida”.

Además resaltó que el problema no es que el organismo ponga a disposición el nombre, el DNI, el teléfono porque “eso se encuentra googleando”.

“ANSES le da tu historial de vida. Ahí tenés lo que has aportado toda tu vida, a qué te dedicas, cuándo has cambiado de trabajo, si recibís jubilación, si no recibís, si tenés un crédito o no. Eso es lo que temo que se use políticamente mal. Lo ideal sería que no haya uso político de eso”, finalizó Rodríguez.

Lo que dijo Santiago Tovo

El actual presidente del Colegio de Abogados Santiago Tovo remarcó que el organismo público tiene “un banco de datos importantísimo de dos o tres millones de personas”.

Dijo que “es un tema delicado porque hay una ley de protección de datos que busca proteger la intimidad de la gente”. En este aspecto agregó que “son los datos sensibles los que requieren el consentimiento de la gente”.

“La opinión que te puedo dar es que hay que velar porque esto sea utilizado de una manera muy cuidadosa. Hay que tener cuidado en para qué se van a usar. No es sencillo”, aseguró.

En tanto que comentó que en algunos casos la confidencialidad de los datos “cesa” cuando hay cuestiones de defensa nacional.

“Si estas bases de datos son utilizadas por empresas multinacionales para ofrecer productos o servicios también es exponer a la gente a algo para lo cual la gente no proporcionó sus datos”.

Contó que se han planteado recursos de amparo fundamentados en lo siguientes artículos: Art. 43 de la Constitución Nacional, que habla del habeas data; 19, que protege la intimidad; Art. 5 de la Ley 25.634 de protección de datos.

“Hay una serie de artículos que pueden estar afectados y que pueden dar lugar a amparos, a recursos de habeas data que es lo que plantea la oposición”, aseguró. Y agregó: “Creo que no es un tema menor. Hay que observar bien cómo se va hacer y en qué consiste el convenio que ha hecho la Secretaría de Comunicación con el ANSES”.

La oposición en contra del traspaso de datos

Diputados del kirchnerismo acusaron al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y a otros tres funcionarios de abuso de autoridad, violación de secretos e incumplimiento de deberes, y reclamaron una medida cautelar para impedir la aplicación de la Resolución 166/16 de la Jefatura de Gabinete. Es la que autorizó el traspaso de los datos a la Secretaría de Comunicación Pública.

Según detalló La Nación, lo hicieron por medio de una denuncia penal y una acción de amparo colectivo.

El objetivo de la resolución es «contar con herramientas que permitan instrumentar las políticas de comunicación pública, destacándose la posibilidad de enriquecerlas, segmentarlas, clasificarlas y normalizarlas, para posteriormente compartirlas con el organismo dador». Los datos son nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfonos, CUIT/CUIL, estado civil, fecha de nacimiento.

Opiniones

“Creo que toda la información que se quiera utilizar, desde el gobierno o los particulares, deviene de una cuestión confidencial”. Marcelo Silvano

“Es un tema delicado porque hay una ley de protección de datos que busca proteger la intimidad de la gente”. Santiago Tovo

“Lo más peligroso de esto no es lo jurídico en sí, sino el uso que se pueda hacer de esa información, que debe ser la más amplia de todo el país”. Eduardo Rodríguez