Las condiciones de salud de la fallecida nonagenaria María Lilia Marsili de Rigazio, determinadas por la Justicia años atrás, hacen a la investigación del fiscal Gustavo Atienza por la extraña (o al menos llamativa) venta de una de sus propiedades. El funcionario judicial imputó a un odontólogo de la ciudad e inició un desfile de profesionales como testigos de la causa. El abogado de la querella apuntó que esa maniobra “no se podría haber realizado sin una arquitectura profesional”

Consta en el Expediente Nº 653265 del juicio civil tramitado en el Juzgado Civil de 1º Instancia y 3º Nominación de los Tribunales de Villa María: la señora Lilia Marsili de Rigazio sufría “demencia senil con tratamiento”, “con varios años de evolución progresiva e irreversible”.

Antes, un prestigioso neurólogo villamariense asentó en su historia clínica y dejó constancia de “un cuadro demencial progresivo, trastornos cognitivos y conductuales que imposibilitan su independencia”.

Ese fue uno de los primeros diagnósticos.

Los testigos

La Fiscalía de 2º Turno, a cargo de Gustavo Atienza, investiga el probable delito de “circunvención de incapaces”, según la carátula del caso, o lo que significa “la inducción o aprovechamiento de alguien que no comprende el acto en su totalidad”.

Por esta causa, el fiscal imputó al odontólogo Marcelo Camilo Zernotti, quien aparece como titular de una empresa, CIAR SRL, quien adquirió la propiedad a un valor de 57.500 pesos.

Atienza, quien manifestó que no brindará declaraciones a la prensa por tratarse de una cuestión privada, citó a declarar como testigos a la hija de la fallecida Lilia Marsili, Elva Rigazio; al abogado de la anciana, Leandro Fiol y al letrado Martín Pieckenstainer; al escribano Sergio Lozita (actuó en la operación) y continuará la semana que viene, aparentemente, porque se abstuvo de brindar declaraciones a la prensa, todos a pedido de la defensa del imputado Zernotti.

Un comienzo

Allá por julio de 2012, José María Rigazio llegó hasta el estudio jurídico de José Luis Bertoldi con una inquietud: que su madre fuera convencida por terceros para que firmara alguna documentación que la despojara de sus propiedades (tres) y esto lo afectara además a él como heredero.

El hombre contó que le había empezado a cambiar los nombres a los hijos… Y entonces buscó ayuda. Planteó que notaba “cierta alteración en la conducta” de su madre, “desde 2009 al menos, y tenía temor por sus propiedades”. Ella asistía al neurólogo y lo consultó por si esas cuestiones podrían afectar lo administrativo. La respuesta fue la que sospechaba y con asesoramiento, comenzó a ocuparse.

Pero, además, buscó la opinión de otro profesional, quien el 14 de junio habría certificado que la madre de José María padecía un “cuadro de desorientación y pérdida de memoria”, que “no se encuentra en condiciones de realizar el cobro de haberes” y sugiere un “curador”.

Atento y entendiendo que su madre podía ser “coptable” y a pesar de la negativa de ella, el hijo comenzó el procedimiento de un “juicio de declaración de incapacidad para la inhibición provisoria de bienes, una medida cautelar que el juez dicta tal manda la Ley”, y en ese marco la Justicia consigna a la asesora Defensora de Incapaces que en vista del expediente, manifestó haber encontrado “motivo suficiente para admitir el pedido de incapacidad, y atento resguardo del insano presta conformidad”.

La Justicia da participación al “incapaz” con un escrito donde aparece la firma del abogado Fiol (en septiembre de 2012) por el que Lilia rechaza su incapacidad, o sea la cautelar y la designación de un curador provisorio. La Ley, que protege a la persona “incapaz”, y designa por sorteo a una abogada local y procede a convocar a dos médicos como testigos quienes, según el relato del hijo (documentación en mano)afirman que en noviembre de 2010 ya la mujer padecía un “deterioro cognitivo marcado”.

La defensora de Incapaces comparece, pide una pericia interdisciplinaria que concluye en incluir un trabajador social. También por sorteo se remite una pericial psicológica, y ambas entrevistas (aunque fueron varias ocasiones con cada profesional) se concretan en el domicilio de calle José Ingenieros al 543, ya que un representante de la señora Lilia, adujo que no se podía trasladar (2013).

Encuentros

La pericial hace constar que esos encuentros son, a decir de Marsili de Rigazio, “su propiedad, donde una persona la asiste”. Deja sentado que la nonagenaria también incurre en errores de datos filiatorios (muy distintos años de nacimiento), escasa decisión o nula, dijeron los psicólogos concurrentes, deslizando signos de “amnesia e incoherencia”.

Cuando la Justicia designó por sorteo tres psiquiatras, indicó una fuente de la investigación, no hubo profesionales “de parte”. Ese resultado dijo que Lilia padecía “un cuadro de demencia senil con tratamiento”, lo que marca para la querella “que pudo haber comenzado antes de la primera consulta, de octubre o noviembre de 2010”, en virtud del diagnóstico que en 2014 arroja “varios años de evolución progresiva e irreversible” por parte de otro especialista.

Por otra parte, el expediente hace constar la evaluación del trabajador social, que indica que Lilia estaba atendida durante todo el día por una señora de nombre Cristina (de lunes a viernes), más otra cuidadora los sábados y domingos, que no recuerda los nombres, además en el domicilio de calle José Ingenieros 543, la hija Elva “siempre está presente” y “responde por ella sobre datos”.

Meses después, la curadora provisoria avaló que se declare un curador definitivo y entonces la defensora de Incapaces solicitó declarar a José María Rigazio en ese cargo. El juez Augusto Cammisa dictó la sentencia de incapacidad e inhabilitación total designando al hijo de Lilia para su atención y cuidado, el hombre acepta lo resuelto y jura rendir cuenta de sus actuaciones, pero lo que parecía el final de una historia, fue apenas el comienzo de un nuevo capítulo: al ir a la casa de su madre, en febrero de 2015, Cristina negó el ingreso primero y más tarde cualquier documentación solicitada, todo indica que por orden de su hermana.

Así, José María Rigazio inicia las investigaciones para conocer la situación de las propiedades que sabía a cargo de su madre y se encuentra a partir de la información catastral, con que su madre había vendido la casa que habitaba en 57.500 pesos a una empresa denominada CIAR SRL, cuando el valor de tasación aproximado estaba en los 250 mil dólares (por ese año con una cotización de 3,84 por dólar, lo que hace a 960 mil pesos), un 5% del valor de mercado.

Dos meses más tarde, el 26 de abril de 2015, Lilia falleció.

José María y su abogado presentaron la denuncia y a la postre dieron, cuando el fiscal solicitó a la Escribanía de Sergio Lozita una copia del acta, con que CIAR SRL es propiedad del odontólogo Marcelo Zernotti, el único imputado en la causa.

La casa

Uno de los datos llamativos es que la casa donde se concretaron las entrevistas es justamente la que motiva la investigación de Atienza, ya que habría sido vendida tres años antes, pero la mujer continuaba viviendo allí.

Es más. En su encuentro con periodistas, el escribano Lozita explicó que “con haber ido a tocar el timbre se habrían encontrado y sabido de quién es la propiedad…”, aduciendo que si la transacción se realizó días después a la hija de Lilia, sería de ella. Pero al llegar hasta el lugar un fotógrafo y un periodista, el resultado fue el sospechado: nadie abrió la puerta de José Ingenieros 543. El timbre no suena. La casa no registra consumo de energía eléctrica (el medidor no la marca). Las persianas bajas, todo cerrado, hojas y folletos en el umbral dan muestras, inertes, del paso del tiempo.

Infraestructura

El abogado de José Rigazio, Bertoldi, apuntó: “Mi obligación como abogado, por encomienda de mi cliente, es que trabaje para que esta causa sea llevada a juicio y que en ésta como en otras logre la nulidad de una venta, demostrando, de ser necesario, la participación de otras personas como cómplices, y que todo este procedimiento no se podría haber realizado sin una arquitectura profesional”.

Sin embargo, los profesionales que fueron citados sólo lo hicieron en calidad de testigos.