Sonados casos que se encuentran en el Juzgado Federal, quedarían “saldados”

No menos de 400 causas por delitos vinculados con la Ley Penal Tributaria 24.769 y la anterior, la 23.771, están en condiciones de ser archivadas cuando los abogados defensores de los imputados en ellas presenten la Constancia de Acogimiento que demuestre que sus defendidos decidieron adherirse a la Ley del Blanqueo de capitales, cuya reglamentación se conoció el pasado jueves. Se estima, además, que entre 12 y 15 personas podrán recuperar su libertad sólo en la provincia de Córdoba, según precisaron a Comercio y Justicia fuentes vinculadas con la Justicia Federal.

Desde esta semana, una vez que la Justicia reciba la mencionada Constancia, los jueces deberán inmediatamente ordenar el cese de prisión de los detenidos y archivar las causas cesando el proceso contra los imputados, según lo reveló Silvina Bazterrechea en el diario Comercio y Justicia.

Sus fuentes estimaron que sólo provenientes de la provincia de Córdoba ingresarán a las arcas de Estado nacional unos 1.000 millones de pesos en el marco de Régimen de Sinceramiento Fiscal.

“Sin dudas todos se adherirán al blanqueo, no creo que ningún abogado deje pasar esta oportunidad”, dijo el contador y tributarista Marcos Sequeira.

“Este Régimen de Sinceramiento Fiscal es una amnistía en que el Estado renuncia a la obligación de investigar y deja a ‘fojas cero’ todas las causas desde la década del 90 a esta parte”, explicó, crítico, el especialista.

Agregó que “por esta gran puerta podrá blanquearse dinero que provenga de otros delitos, como la trata de personas, la corrupción o el narcotráfico”.

Villa María y la “soja negra”

Varias de las causas que involucran cantidades exhorbitantes se sustancian en la Justicia Federal de Villa María.

El abogado y exlegislador Luis Caronni, que es defensor del exministro angelocista de Agricultura, Luis Fernando Farías, atendió ayer a EL DIARIO y comentó que “en estos días se estará realizando la presentación, para lo que se aguarda conocer algunos detalles de la reglamentación” de la Ley de Blanqueo.

Farías, de Río Tercero, aparece involucrado en la causa de 2012 caratulada con el nombre del principal involucrado, Cuello, también de aquella ciudad. En realidad, son quince personas las que aparecen en el expediente “Cuello, Fernando Luis y otros…”.

“Algunos estuvieron presos entre 40 y 50 días, pero cuando el juez (Roque Rebak) comprobó que no tenían antecedentes, les concedió la libertad, que solamente se puede revocar con una sentencia firme”, expresó Caronni.

En aquel tiempo, el juez Rebak, estimó que todas las operaciones descubiertas podrían llegar a involucrar la suma de alrededor de 1.700 millones de pesos y una supuesta evasión impositiva de 170 millones de pesos.

No hubo sentencia firme ni en esa causa ni en la causa “Solís, Gareca…”, también radicada en los Tribunales Federales de Villa María, en la que el mismo abogado del foro local defiende a Gustavo Recchia, ni en la “causa Serí”, en la que al profesional le tocó actuar como juez subrogante.

El extitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el también villamariense Carlos Gonella, informó en aquel entonces que en Córdoba “existen varias causas vinculadas con la evasión sojera”, y ratificó la colaboración del organismo en la causa Cuello por “una presunta asociación ilícita que movió 1.700 millones de pesos entre 2008 y 2012”.

Según Gonella, la maniobra de comercialización de la “soja negra” concluía sí o sí en la exportación. Por eso desde la Procelac se investigaron los vínculos directos entre los integrantes de la asociación denunciada y las cerealeras.

La exfiscal Federal local Virginia Miguel Carmona, explicó por su parte que “hay dos etapas en la ruta del cereal: primero debe producirse la compra en negro de los granos, y hacer aparecer en los papeles a la empresa apócrifa como un operador de granos, sin tener campos propios, acopios, nada. En el momento en que se imputan como propia la soja comprada en negro, comienza la operación de blanqueo. En un primer momento, las empresas investigadas vendían directo a las exportadoras, pero como se dieron cuenta de que la maniobra era muy burda, incluyeron intermediarios”.

Según los investigadores, los vínculos directos entre los integrantes de la “asociación ilícita” y las exportadoras quedó al descubierto luego de analizar la información encontrada en los domicilios allanados y a través de escuchas telefónicas. Una de las empresas apócrifas, según la definición de la AFIP, se llama FG Cereales. En una de las escuchas, uno de los socios de esta empresa, Jorge Ferrer, mencionó su vínculo directo con la “empresa apócrifa” Algecira, propiedad del principal acusado, Cuello, y la multinacional Bunge.

Según los investigadores, una de las empresas utilizadas para “blanquear” la soja comprada en negro se llama Cercal SRL, integrada por Farías, María F. Farías, Julio Daniel Luján y Pablo Martín Zotello.

Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que Farías mantenía tratos comerciales con al menos ocho empresas vinculadas con la misma asociación ilícita (Corretajes Group SA, Comercial Río Santiago SRL, Vercovir SA, Algeciras SA, Productan SRL, Pelayes Daniel Ramón, Arbol Grande SA y Swetenson SA).

En total, a Farías le imputarían una evasión fiscal de 20 millones de pesos. “El flujo de la operatoria es de 1.700 millones. Si ahí analizamos los porcentajes que todas las personas están obligadas a contribuir en materia de impuestos, son cientos de millones de pesos que se evadieron. Estos delitos tienen un impacto socioeconómico que no siempre es visto ni percibido por la sociedad como un delito; tampoco se ve a los delincuentes que están haciendo estas maniobras como verdaderos delincuentes, cuando en realidad lo son”, aseveró Gonella. Otro de los involucrados era Néstor Rubén Beltrame, que en aquel 2012 era concejal de Río Tercero por Unión por Córdoba.

Helados

A fines de mayo del mismo 2012, la AFIP investigó la firma Grido y se acusó a sus titulares de una presunta asociación ilícita que logró evadir más de 200 millones de pesos. Por esta causa estuvieron detenidos algunos meses Oscar Lucas Santiago (padre), y sus hijos Sebastián Oscar y Lucas.

Después de dos rechazos de los pedidos de excarcelación, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba los dejó en libertad.

Ahora, con el blanqueo, ellos y todos los imputados en unas 400 causas en todo el país, pueden quedar libres de culpa y cargo.

El artículo 46 la Ley de Blanqueo, del cual se agarran: los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y excepcional e ingresen el impuesto especial, gozarán de beneficios tales como quedar liberados “de toda acción por delitos de la Ley Penal Tributaria, Penal cambiaria, Aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes y tenencias que se declaren voluntaria y excepcionalmente y en las rentas que éstos hubieran generado”.