La fiscal Silvia Maldonado consideró que no había delito. El extribuno José Naselli había presentado una denuncia por el caso. Desde el origen, la apertura de la casa estuvo envuelta en irregularidades
La Justicia archivó una denuncia realizada por el extribuno de Cuentas de la Municipalidad de Villa María, José Naselli, por la apertura de la Casa de Villa María en Córdoba durante la última etapa del Gobierno de Eduardo Accastello.
Ese inmueble, que fue presentado en su momento como una repartición de la comuna en la capital provincial, ya no existe. Cerró sus puertas al concluir la década y media accastellista, dejando la sensación de que su apertura sólo estuvo atada a visibilizar al exintendente a nivel provincial cuando buscó ser gobernador.
Ante la consulta de EL DIARIO, la fiscal Silvia Maldonado confirmó ayer que archivó el expediente. “En la denuncia lo que se plantea es una falsedad ideológica y abuso de autoridad. Luego de analizarla, nosotros requerimos diversa documental. Tras esto y atento el análisis global de la causa dispusimos el archivo por entender que lo denunciado no configuraba ilícito alguno”, señaló la titular de la Fiscalía del Primer Turno.
Naselli había definido la casa como una “unidad básica accastellista” y junto a Gustavo Maristany había argumentado que avalarla violaba los límites de la competencia territorial del municipio.
A poco de asumir, Martín Gill decidió “no renovar el contrato de alquiler”, pese a que éste vencía recién el 30 de junio de 2017, por lo que en los hechos se trató de una renuncia.
La apertura de la polémica casa estuvo desde el vamos envuelta en controversia.
En julio de 2014, Accastello y su entonces jefe de Gabinete, José Carignano (hoy presidente del Concejo Deliberante), enviaron al Tribunal de Cuentas una solicitud para ser autorizados a firmar un contrato de locación de una casa ubicada en el centro de Córdoba, destinado al funcionamiento de una “repartición municipal”.
Según los extribunos de la oposición, el contrato ya se había firmado dos semanas antes en Buenos Aires sin autorización, violando la ordenanza que legisla sobre el tema. Y había sido de manera directa.
“Todos sabían que en realidad, Accastello sólo pretendía erigir allí su cuartel general, en su galopada a la Gobernación”, disparó Naselli.
Los supervisores no acompañaron las órdenes de pago que luego fueron llegando por alquileres, comisiones, mobiliario, máquinas de oficina, insumos, computadoras, boletas de luz, tasas y contribuciones vinculadas al inmueble cordobés situado en avenida Olmos 279/281.
En nuestra edición del 30 de julio de 2014 se indicó que por la apertura de la misma el municipio terminaría pagando más de 800 mil pesos de alquiler en tres años.
Accastello había argumentado que ese inmueble posibilitaría a los villamarienses realizar gestiones relacionadas con el Gobierno municipal, y a las instituciones de la ciudad “con un espacio propicio para llevar adelante actividades”.
En ese entonces, el presidente del Tribunal de Cuentas, Julio Oyola, había señalado que “la apertura de este espacio físico en la ciudad capitalina de la provincia, le permitirá al municipio optimizar las prestaciones administrativo-gubernamentales, así como seguir promoviendo las inversiones en el Parque Industrial de nuestra ciudad, creando valor agregado para la generación de empleo, la promoción turística y cultural, posicionamiento y desarrollo de nuestra cuenta láctea”.
