Angulo dijo que se está frente a un cambio de paradigma de los más importantes, porque ya no es la Policía la que juzga a los menores. Lo dijo ante una pregunta de EL DIARIO por la persistencia de los casos de abusos

Luis Angulo, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, reivindicó ayer la puesta en marcha del Código de Convivencia de la provincia al advertir que “a partir del 1 de abril es la Justicia y no la Policía la que interviene en el juzgamiento de los menores”.

El integrante del Gabinete de Juan Schiaretti destacó en su paso por Villa María ese hecho, al indicar que “el cambio de paradigma es lo más importante que nos ha ocurrido en los últimos años” y manifestar que “hubo una decisión política de poner en práctica de manera inmediata desde el 1 de abril el Código de Convivencia”.

Estas declaraciones se dieron luego de que EL DIARIO le contara que persisten los reclamos de jóvenes de sectores vulnerables por situaciones abusivas de algunos efectivos policiales. Se le preguntó si tenía un diagnóstico desde el Ministerio y allí habló de la importancia del Código de Convivencia, un cuerpo legal que remplazó al muy cuestionado Código de Faltas, aunque no cubrió todas las expectativas que existían.

Ángulo explicó que su competencia escapa a lo que es el funcionamiento policial, pero más allá de eso “cualquier tipo de irregularidad que haya en este sentido, la autoridad policial y el ministro de Gobierno de la provincia están a disposición, para revertir e investigar cualquier tipo de estas circunstancias”.

Angulo estuvo en el acto a través del cual se inauguraron nuevas celdas en la fuerza local (ver página 2). Recalcó que las mismas apuntan hacia el respeto de los derechos humanos, entre otras cosas porque habrá un monitoreo mediante cámaras por lo que “cualquier problema que haya quedará registrado”.

Institutos de menores

En su discurso, Angulo había hecho alusión a reformas encaradas en el Complejo Esperanza, un instituto de menores de edad ubicado en Bouwer, el que ha sido objeto en numerosas oportunidades de críticas por el estado en que se encontraba. Tal es así que un juez ordenó años atrás a la Provincia a poner en marcha diversas medidas a fin de revertir el cuadro. La legisladora provincial Liliana Montero ha sido una de las más críticas por este contexto y eso es lo que se le dijo al ministro en la charla con los medios.

“Por la intervención de la legisladora, hubo una decisión política del gobernador Juan Schiaretti y de quien le habla, de efectuar una intervención de la Senaf prácticamente en más de 4 mil metros cubiertos, que provocó un antes y un después del complejo. Con las refacciones que se han realizado, los planteos que se hicieron en su momento vía judicial fueron superados y además el propio juez de Menores (que ordenó las acciones) reconoció la labor extraordinaria realizada en los últimos 90 días. La última visita fue el 1 de abril y reconoció esta tarea extraordinaria para mejorar las condiciones de habitabilidad”, declaró.

Cuando se le planteó que el juez también habló de demoras y de falta de personal especializado, el ministro precisó que “también se ha resuelto”. “Hubo incorporación de socioeducadores que en este momento están dando muy buenos resultados con respecto a la vida de los chicos”, aseguró.

Añadió que se suscribió un convenio con la Secretaría de Equidad por el cual se disponen de numerosos programas para darle contención a los adolescentes y que cuando egresen tengan mejores condiciones de empleabilidad.