A través de un documento titulado “El costo de la mala praxis”, la UCR cuestionó las declaraciones del intendente Martín Gill referidas al impuesto a la valija.

“El tema del impuesto a la valija nació mal y como no puede ser de otra manera, va a terminar peor. Recordemos que fue un negocio del estudio de abogados Villegas de Córdoba, que le ofreció al municipio cobrar impuesto a las empresas que venden en la ciudad sin tener un local comercial. El tema se judicializó y terminó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que resolvió sobre la inconstitucionalidad del impuesto.

Cuando decimos que esto fue un negocio, es literal, porque este estudio de Córdoba se llevó una parte importante de lo que se recaudaba, fue una especie de tercerización de la recaudación. Ellos cobraron los honorarios y los contribuyentes ahora deberán devolver lo que se les cobró incorrectamente a las empresas. También hablamos de mala praxis y no lo decimos ahora que estamos ante hechos consumados, sino que lo manifestamos desde que esto se implementó, y anticipamos las consecuencias de lo que iba a pasar. Lamentablemente no se nos escuchó.

Nos preocupan las últimas declaraciones del intendente Martín Gill, que parece no tener en claro cómo es el andamiaje en el que se sustenta la estructura tributaria municipal, provincial y nacional, cuando defiende la implementación de un impuesto inconstitucional.    

La Corte Suprema en su fallo dijo que el tributo es una tasa, por lo tanto, corresponde la ‘concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio a un contribuyente’, cosa que no ocurre con las empresas que no tienen locales en la ciudad. Además, tiene otras implicancias como obstaculizar el comercio con otras ciudades y tornar más pesados los procedimientos tributarios. Es por ello que existe un régimen de coparticipación federal de impuesto, donde la Nación cobra, luego, coparticipa a las provincias y a los municipios. Máxime cuando se está discutiendo la posibilidad de eliminar el Impuesto a los Ingresos Brutos que cobran las jurisdicciones provinciales. El municipio no puede salir a plantear el cobro de impuestos.

Es inquietante que Gill conteste con evasivas sobre cuántos son los juicios contra el municipio y cuánto es lo que terminarán pagando los contribuyentes. Al inicio de su gestión se solicitó una auditoría para conocer el verdadero estado de las cosas, pero se hicieron oídos sordos. Estamos frente a un hecho grave ante los posibles embargos de caja y cuentas bancarias, poniendo en riesgo la prestación de los servicios municipales.

Sin perjuicio de la obligación de brindar información sobre el caso, es necesario determinar las responsabilidades de quienes tuvieron a su cargo la gestión municipal en períodos en los que se aplicó el impuesto, porque si una vez conocido el fallo de la CSJN se siguió cobrando el impuesto, se habría incurrido en incumplimiento de deberes de funcionario público”, concluye el documento.