Se trata de trabajadoras que llevan a cabo tareas de limpieza en escuelas públicas de la Provincia. Dicen que están “en negro”, cobran “un sueldo muy bajo”, no reciben aumentos “desde hace un año” y soportan “maltrato por parte de algunos directivos”, entre otros padecimientos

Tras 16 años de soportar condiciones laborales que consideran “injustas”, las auxiliares escolares de Villa María y Villa Nueva decidieron dar a conocer la situación por la que atraviesan.

Se trata de un grupo de trabajadoras que se desempeñan en escuelas públicas de la Provincia desarrollando tareas de limpieza. Entre ambas Villas hay unas 50 mujeres dedicadas a esos quehaceres.

En EL DIARIO se hicieron presentes trabajadoras de distintas escuelas de la ciudad: Estefanía Molina (Abraham Juárez), Silvana Aguilera (José Ingenieros), Edith Neira (Manuel Belgrano), Vanesa Barrozo (Escuela del Trabajo), Luciana Amaya (Jardín Edith Vera), Claudia Fernández (Ramón Carrillo, terciario), Estella Gordney (Juana Manso), Mónica Ghirardi (IPET Nº 322 de Villa Nueva), Maribel Lunda (José Ingenieros) y Laura Pereyra (Escuela del Trabajo).

Ellas le pusieron voz al reclamos de todas. De muchas que no se animan a exteriorizarlo por miedo a perder el trabajo y de otras que no pudieron estar presentes.

“Nos juntamos por primera vez después de un atraso en los cobros porque habitualmente nos pagan los 20, pero en abril cobramos el 29”, comenzaron a relatar quienes conviven con las empresas privadas de limpieza en prácticamente todas las escuelas.

“El programa empezó hace 16 años y reclamamos por todas, porque hay quienes hace más o menos tiempo que están trabajando. Queremos dar a conocer nuestra precaria situación laboral. Somos tres mil auxiliares escolares en toda la provincia, que trabajamos en establecimientos educativos desempeñando labores de limpieza durante cuatro horas diarias de lunes a viernes”, contaron.

“No se nos reconoce como empleadas de la Provincia, sin embargo, nos depositan ellos el sueldo en el Banco de Córdoba”, relataron, y describieron que “nuestro sueldo es de 3.400 pesos desde noviembre de 2014, es decir, hace más de un año que no nos aumentan, cuando siempre veníamos recibiendo dos aumentos al año”.

Sobre las condiciones laborales, las quejas que dieron a conocer son que “no tenemos derecho a aguinaldo, bono navideño, aumento de sueldo, aportes jubilatorios o ART” y, para colmo de males, “contamos con la obra social Apross, que solamente cubre a la trabajadora, no al grupo familiar, y que nos la cortan en junio. No nos podemos enfermar: me operaron de la vesícula y si no me presentaba en 15 días, me amenazaron con darme de baja; no podés faltar, no podés enfermarte”, reclamó una de las auxiliares escolares.

A esto se le suma el “maltrato” que algunas dicen padecer. “En algunas escuelas, no en todas, recibimos maltrato. A nosotros nos paga la Provincia, pero acatamos órdenes de directivos y muchas veces sufrimos maltratos de todo tipo. No pasa en todas las escuelas; en algunas son excelentes, pero en otras parece que fuera un trabajo esclavo”, narraron.

Además, contaron que las tareas que llevan adelante son mayores a las que en realidad les corresponde.

Responsables

Las trabajadoras no saben a quién reclamar. Cuentan que, en realidad, intentaron reunirse con el intendente, pero no lo lograron, y en las puertas que antes tocaban ya no atienden. Se trata de Darío Ranco, exlegislador provincial, y Marcelo Frossasco, actual director de Municipios de la Provincia.

“En su momento, tanto Ranco como Frossasco fueron quienes facilitaron la mayoría de los ingresos de nosotras a este trabajo. Hoy se tiran la pelota uno a otro y no se hacen cargo. Antes, cuando había un problema lo llamábamos, por ejemplo, a Ranco, y él intentaba solucionarte las cosas; hoy ya no”, se quejaron.

A su vez, se enteraron de que posiblemente el Gobierno que encabeza Juan Schiaretti intente pasarlas a la órbita municipal. “No se sabe nada concretamente, pero si llega a suceder, hay que plantear que muchas de las mujeres que trabajan no pasarían el apto físico que exige la Municipalidad porque hace muchos años que están en esto y tienen muchos problemas”, aclararon.

Finalmente, contaron que decidieron hacer pública la situación “para reclamar por nuestros derechos”, pero confiaron que “hay muchas que tienen miedo de perder el trabajo”.

Por ello, lanzaron: “Pedimos la intervención del intendente Martín Gill ante el gobernador Juan Schiaretti para solicitarle que se apiade, no sólo de las casi 50 que somos entre Villa María y Villa Nueva, sino de las tres mil que hay en toda la provincia”.