El concejal afirmó que es un desatino que la Corte Suprema esté tratando un tema tarifario, que es una cuestión eminentemente política que debe resolverse en el Congreso y sostuvo que los servicios públicos son derechos humanos

Intentando disipar un poco la niebla de confusión que genera en los usuarios el caliente asunto de las facturas del gas natural, el abogado y concejal Carlos De Falco, quien acompañó a la defensora del Pueblo, Alicia Peressutti, en la presentación de los amparos, consultado por EL DIARIO manifestó ayer que “realmente lo propuesto por el Gobierno nacional sólo genera más confusión en la población. Y además, no corresponde, porque, desde el punto de vista jurídico, la Corte Suprema debe resolver lo dictado tanto por la Cámara Federal de Córdoba, como la Cámara Federal de La Plata. Mientras tanto, en el caso de Córdoba la empresa de gas debe retrotraerse a la tarifa de marzo. Eso es claro e inobjetable desde el punto de vista jurídico, como ya he dicho”.

La pregunta de rigor, en consecuencia, surge por sí sola: ¿entonces usted aconseja no pagar la factura del gas si viene con cualquier aumento, sea el del 400% o cualquier otro?

“Yo, aconsejar, sólo aconsejo a mis clientes… Pero yo, personalmente, no voy a pagar la factura del gas hasta que no se expida la Corte Suprema”, expresó el abogado.

Ocurre que, según De Falco, esta propuesta nueva del Gobierno nacional de pagar como máximo el 400% de aumento es “contradictoria, porque aún sigue vigente lo dispuesto por las Cámaras de Córdoba y de La Plata. Y si el Gobierno no cumple con lo dispuesto por la Justicia, pues es responsable penal y deberá responder por eso”, explicó el concejal.

Una cuestión política

Asimismo, De Falco se explayó señalando que, según su parecer, con el aumento de las tarifas el Ejecutivo incurre en, al menos, dos faltas a lo que dispone la Constitución Nacional: “No convocó a una audiencia pública para resolver el aumento y lo que es aún más grave a mi entender y central en todo este problema es que los servicios de gas, electricidad y agua no son mercancías, son servicios públicos y deben ser considerados derechos humanos, por lo tanto es absolutamente irrazonable semejante aumento”. señaló el letrado.

Por otra parte, De Falco calificó de inconcebible que la Suprema Corte deba estar atendiendo un asunto como este, que “por otro lado debe hacerlo porque hay amparos de por medio”, reconoció, cuando la cuestión tarifaria de los servicios es “eminentemente una cuestión política y debería debatirse y resolverse en el Congreso”, afirmó.

Para el amparista cordobés Siciliano no hay que pagar

El abogado Miguel Siciliano, que es uno de los que encabeza el asesoramiento a aquellos ciudadanos cordobeses que han solicitado un amparo judicial contra el incremento de tarifas, aconsejó de manera enfática que la gente no debe pagar la factura de gas con aumento.

El exconcejal Siciliano explicó -en sintonía con Horacio Viqueira, otro de los abogados que impulsa las presentaciones judiciales- que no corresponde abonar ninguna boleta de este servicio a la que se le haya aplicado algún tipo de aumento, ya que «está vigente el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones (de Córdoba) y ahora se agrega el fallo de La Plata, que es para todo el país».

Siciliano aclaró que sí se deben abonar aquellas que hayan sido refacturadas según las condiciones que impuso la justicia federal de Córdoba: «La empresa tiene que refacturar a precio de 1 de marzo, es decir, sin aumento y cuando al vecino le llegue la factura con ese precio, hay que pagarla», señaló el abogado a Canal 10.

Por su parte, Horacio Viqueira, el otro abogado que impulsó los amparos por las tarifas del gas, señaló que en la provincia no es aplicable el tope tarifario ya que rige la medida cautelar avalada por la Cámara Federal de Córdoba.