La mayoría de los damnificados por la quiebra de Planeta Aberturas cobrará alrededor del 2% de sus acreencias. Los exempleados percibirán casi la totalidad de su indemnización

Con el pago a los acreedores concluye el proceso de quiebra de Planeta Aberturas, que fue iniciado tras el cierre intempestivo de la firma el último día de febrero de 2016.

El juez Fernando Flores firmó el 6 de diciembre de este año la Resolución 359, en la que deja sentado que, al no haber objeciones al proyecto de distribución presentado por el síndico, se comienzan a librar las órdenes de pago.

En primer término, hay que señalar que ese proyecto de distribución establece que los exempleados de la firma tienen prioridad. Por eso ellos lograron cobrar casi el 100% del sueldo adeudado más la indemnización. Recordamos que eran 12 personas que de un día para otro, sin comunicación previa, se quedaron sin empleo.

Cabe señalar que como la empresa no tenía muchos años de historia, no hay trabajadores con mucha antigüedad. En consecuencia, los pagos van desde los 170 mil -el que más sueldo cobraba- a 55 mil.

Damnificados

Distinta es la suerte que corrieron los vecinos que abonaron, confiados, las aberturas para construir sus casas o concretar proyectos edilicios y que nunca les fueron entregadas. A ellos les corresponde entre un 2% y un 3% de las acreencias. Por citar algunos ejemplos: a una mujer que pagó $1.800 por sus aberturas le toca cobrar tras la quiebra $376. En otro ejemplo, un hombre que pagó $80.000 por materiales que no recibió cobrará ahora, dos años después, $1.676.

Entre los acreedores con prioridad de cobro está el organismo recaudador del Estado nacional. En este caso, la AFIP reclamaba varios millones de pesos de deuda a Planeta Aberturas y terminó cobrando, tras el acuerdo alcanzado entre la entidad y el síndico Alberto Cohan, casi 330 mil pesos.

Una cifra similar se llevaron Cohan y su equipo por la tarea realizada desde la Sindicatura.

Además, la quiebra tuvo que abonar no solo tasa de Justicia y los costos del remate, sino también el alquiler del galpón donde funcionaba la empresa, donde estuvieron almacenados los elementos incautados durante casi un año. Por ese solo ítem se abonó más de 300 mil pesos.

Los fondos se obtuvieron en los remates de los bienes de la Sociedad. Desde el Juzgado a cargo de Fernando Flores informaron que pese a la investigación exhaustiva de los libros contables, no encontraron indicios que pudieran permitir a la Justicia ir tras los bienes personales de los propietarios, que para el momento de la quiebra eran Pablo Roggia y un metalúrgico de apellido Romero. Por lo tanto, pudieron vender solo los bienes de la sociedad.

En definitiva, quedaron 2,2 millones de pesos para distribuir entre los acreedores, lo que se hizo según un proyecto de distribución aprobado por el juez. A pesar de tener un criterio de justicia y legalidad para esa distribución, no escapó el proyecto a las leyes de “la frazada corta”, es decir, que no alcanzó a cubrir todas las acreencias generadas por la malograda empresa.