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Cuatro años de prisión por vender drogas en una casa de Villa Nueva

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Cuatro años de prisión por vender drogas en una casa de Villa Nueva
Sosa y Fernández en el banquillo de los acusados. El se hizo cargo de los hechos y recibió una pena de cuatro años de prisión, mientras que su esposa fue absuelta. A la izquierda, la defensora de ambos, Silvina Muñoz

Ismael Sosa fue declarado culpable de comercializar estupefacientes, mientras que esposa, Analía Fernández, fue absuelta y mantuvo la libertad. El operativo se concretó en barrio El Vallecito, donde se secuestraron 330 gramos de marihuana

Sosa y Fernández en el banquillo de los acusados. El se hizo cargo de los hechos y recibió una pena de cuatro años de prisión, mientras que su esposa fue absuelta. A la izquierda, la defensora de ambos, Silvina Muñoz

Un joven villanovense recibió ayer una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, luego que confesara haber vendido drogas en una humilde vivienda de barrio El Vallecito, donde la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) incautó poco más de 300 gramos de marihuana.

Se trata de Ismael Sosa (22), quien se encuentra detenido desde mediados de noviembre de 2015, luego que la FPA allanara el domicilio en el que vivía junto a su esposa, Analía Fernández (31), y los hijos de la pareja.

La mujer también resultó procesada en la causa, en su caso acusada por “tenencia de estupefacientes”, pero durante la audiencia de la víspera fue absuelta y mantuvo el estado de libertad con el que llegó a juicio.

El propio Sosa, al declarar en la Cámara del Crimen, desvinculó de los hechos a su compañera y aseguró que ella no tenía “nada que ver” con la actividad ilegal que él desarrollaba en el hogar familiar.

En rigor de verdad, la prueba colectada en el expediente no alcanzó como para imponerle a Fernández una sanción penal y el propio fiscal Francisco Márquez terminó pidiendo su absolución.

Al comparecer ante el juez René Gandarillas y las partes, la mujer negó cualquier vinculación con los hechos e incluso dijo que su familia estaba atravesando “una difícil situación económica”, mientras que su marido admitió que estaba sin trabajo por lo que se había dedicado al “narcomenudeo”, es decir la venta de drogas en pequeñas cantidades.

Cabe señalar que la picadura de marihuana incautada en la casa de la pareja estaba fraccionada en “porros” y en varios envoltorios, por un total de 330 gramos.

La pareja fue defendida por la asesora letrada Silvina Muñoz, quien en sus conclusiones adhirió al pedido absolutorio efectuado por el fiscal con respecto a Fernández, pero difirió con el monto de la pena requerida para Sosa y solicitó una sanción de tres años de cárcel.

 

Condena y libertad

En tanto, en otra audiencia realizada en el quinto piso de los Tribunales locales, el mismo juez Gandarillas le impuso una pena de dos años de prisión de ejecución condicional a un hombre que llegó detenido, acusado por hechos de violencia de género en perjuicio de su expareja.

Julio César Gómez (35) admitió su culpabilidad y fue declarado autor responsable de los delitos de “amenazas” y “desobediencia a la autoridad”, pero como la sanción fue en suspenso, pudo recuperar la libertad ni bien concluyó el juicio.

Gómez, un contratista domiciliado en barrio Nicolás Avellaneda de esta ciudad, estaba en la cárcel desde mediados de octubre de 2016, luego que incumpliera una orden de restricción de acercamiento e impedimento de contacto con quien fuera su concubina, María Soledad Moreno, dictada el 22 de julio del ese mismo año por el Juzgado de Violencia Familiar de Villa María.

En efecto, los días 14 y 15 de octubre pasados, Gómez se hizo presente en el domicilio de Moreno, ubicado en barrio General Roca (frente al cementerio), y no solo violó la disposición judicial, sino que en la segunda oportunidad profirió amenazas contra la madre de sus hijos.

“Ya me tiene un poco cansado, me está agotando la paciencia”, le dijo a Paola Moreno, hermana de la víctima, y agregó: “Decile que lo que va a conseguir es que la cague un tiro y la deje con pata de palo como un pirata”.

Poco después María Soledad radicó la denuncia y la Justicia ordenó la detención del irascible sujeto.

Además del juez Gandarillas, participaron de este juicio oral y público de trámite abreviado el fiscal Correccional, Horacio Vázquez, y la ya mencionada defensora oficial, Silvina Muñoz.

Si bien Gómez pudo recuperar la libertad, le impusieron reglas de conducta que deberá cumplir a rajatabla (como someterse a tratamiento psicológico y abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con la denunciante), porque de lo contrario le será revocada la condicionalidad de la pena y volverá a la cárcel de barrio Belgrano, donde estuvo alojado 10 meses y medio.

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