Los allanamientos que llevaron adelante AFIP y Gendarmería completaron una camionada de dinero, documentación en papel, informática y teléfonos celulares. La causa investigada desde la Procelac todavía no tiene detenidos

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) fue la que disparó -a partir de la denuncia de varias personas- una investigación que demandó un año y que el jueves último derivó en 37 allanamientos en las jurisdicciones de Villa María y San Francisco, a cargo del Juzgado Federal con asiento en esa ciudad, cabecera del Departamento San Justo.

Precisamente, el juez federal Mario Eugenio Garzón confirmó ayer a EL DIARIO que a las actuaciones las llevaron a cabo unos 20 miembros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y 50 efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina, entre ellos los pertenecientes al Escuadrón Villa María y al menos una decena de la delegación que la misma fuerza tiene en aquella ciudad.

La denuncia concreta había sido presentada en la Fiscalía Federal a cargo de Luis María Viaut, y fue a través del Ministerio Público que se actúa ante el Juzgado Federal de San Francisco, para solicitar las medidas pertinentes para llevar adelante los allanamientos.

El megaoperativo demandó una reunión previa (el miércoles) entre personal del Juzgado que comanda Garzón y la titular de la AFIP Córdoba, Cecilia Villagra, a quienes se sumó un superior de Gendarmería.

Y ya con la logística aceitada, a primera hora del jueves se inició el procedimiento, que abarcó las sedes de las mutuales Unión y Almafuerte, domicilios de algunos directivos y de importantes ahorristas las que figuraban en sus registros, en las localidades de Las Varillas, Alicia, Sacanta, Pozo del Molle, La Playosa, Oliva, Laguna Larga y Pascanas, entre otras. En total se registraron 37 domicilios, de donde se secuestraron una cantidad muy importante de dinero (millonaria en dólares) y documentación en soportes de papel e informáticos (como CPU, CDs y pendrives), además de teléfonos celulares (de las diferentes entidades y de particulares que estaban en los lugares requisados).

En cuanto al dinero en efectivo (en moneda extranjera, fundamentalmente dólares, pero también nacional), se incautaron “todos los montos que no tenían respaldo”, es decir, aquellos de los cuales sus tenedores no tenían documentación respaldatoria.

Camión del Ejército

“Lo que sorprendió a los propios efectivos participantes de los allanamientos, es que fue tanto lo secuestrado, que en horas de la tarde se hizo necesario solicitar al Ejército Argentino que enviara un camión para recorrer los domicilios e ir cargando la gran cantidad de material probatorio.

Según puso establecer este medio, todo lo secuestrado fue trasladado a la sede de AFIP en la ciudad de Córdoba, donde será clasificado, para ir agregando a la causa lo que se considere de utilidad e ir descartando el resto (“se devolverá en breve a las entidades o particulares”, dijeron las fuentes).

El Juzgado y la Procelac necesitarán ahora de la asistencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que preside Federico Sturzenegger, y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que conduce Marcelo Oscar Collomb, organismos que rigen por carriles separados la actividad de las mutuales.

Todo comenzó con denuncias que derivaron en los allanamientos, paso bisagra para entrar a una segunda etapa de la investigación, en la que se intentará establecer hasta dónde llegan el lavado de activos y la evasión fiscal.

El juez Garzón confirmó que «no hubo detenidos» durante el megaoperativo y aseguró que el fin inicial de la medida fue obtener documentación.

Comunicado de las mutuales

La Asociación Mutual del Club Almafuerte de Las Varillas y Asociación Mutual de Asociados del Club Atlético Unión, enviaron anoche un comunicado a la Redacción de EL DIARIO, en el que dieron su versión de los hechos.

En el parte expresaron: “Nuestras entidades fueron objeto de un procedimiento por parte de Gendarmería Nacional.

El mismo se originó en una denuncia por presunto lavado de dinero efectuado por personas ajenas a nuestras mutuales, sin existir información alguna hasta la fecha que permita precisar el objeto de la investigación.

No obstante, cualquiera que resulte, nunca podrá atribuírsele a nuestras entidades, las que han dado muestras reiteradas, por más de veinticinco años, de su apego a la ley y a las reglamentaciones del órgano de contralor.

Queremos transmitir a nuestros asociados y nuestras comunidades la confianza en la actividad de la Justicia, que permitirá aclarar la verdad de los hechos y deslindar las responsabilidades del caso.

También, informar que seguiremos desarrollando normalmente sin ninguna restricción nuestras respectivas actividades y transmitir la tranquilidad que no habrá ningún tipo de inconveniente para nuestros asociados.

Finalmente, lamentamos que integrantes de nuestros Consejos Directivos hayan tenido que atravesar por este procedimiento en sus domicilios particulares en los que se buscaba documentación de las mutuales, los que, indudablemente, resultaron negativos”.