Se trata de Félix Girola, un ingeniero que tenía pedido de captura internacional por incumplir los deberes de asistencia familiar de su hija discapacitada, menor de edad. El hecho es inédito en Córdoba. En breve será indagado por el fiscal Oscar Aliaga

Un ingeniero bellvillense que tenía pedido de captura internacional por no pagar la cuota alimentaria de su hija discapacitada, fue extraditado desde México y quedó alojado en la cárcel de Villa María.

“Concluyó el proceso de extradición de Félix Gabriel Girola (46) desde México a la ciudad de Bell Ville”, informó ayer en un comunicado el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Provincia de Córdoba, que añadió que “se logró la detención y captura internacional que fue tramitada ante el Juzgado de Control de Bell Ville, a cargo del juez subrogante Luis Alberto Morales, a solicitud del fiscal de Instrucción de esa ciudad, Oscar Arturo Aliaga”.

El informe precisó que Girola está imputado por el delito de “incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, en perjuicio de su hija discapacitada, menor de edad”, que tiene un máximo de tres años de prisión porque constituye un agravante la condición de la jovencita.

Su hija hoy tiene 16 años. Sufre un retraso mental y requiere rehabilitación.

El proceso de extradición se desarrolló con la intervención coordinada del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Interpol y el Juzgado de Control de la ciudad del sudeste provincial.

Girola, nacido el 18 marzo de 1971, se encuentra alojado en el Establecimiento Penitenciario Nº 5, ubicado en barrio Belgrano, a disposición del fiscal Aliaga, quien lo indagará en los próximos días.

El MPF destacó el “interés institucional de dicho proceso y que el mismo fue la respuesta del Poder Judicial a un colectivo que requiere protección, como lo es una niña discapacitada, por los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino”.

Desde el sábado

Félix Girola arribó a Buenos Aires el sábado pasado y desde lunes se encuentra detenido en la cárcel villamariense, a disposición de la Fiscalía de Bell Ville, luego de un largo proceso judicial que comenzó con una denuncia de 2004. El fiscal Aliaga había pedido su detención luego de que el hombre no se presentara ante la Justicia en varias citaciones judiciales.

En tanto, la secretaria del Juzgado de Control bellvillense, María Alejandra Faricelli, dijo que Girola fue citado varias veces hasta que se dictó que estaba en rebeldía y se ordenó detenerlo. “A partir de averiguaciones de la Fiscalía, llegaron a localizarlo. Lo citaron internacionalmente en varias oportunidades, pero nunca compareció ante la Justicia, por lo que se dispuso su detención”.

El trámite de extradición implica un juicio en el país donde está la persona (en este caso, en México) para controlar que el pedido sea legal. Todo el trámite llevó dos años y terminó de concretarse el lunes.

“Es un caso novedoso, sobre todo porque se trata de la protección de intereses de una menor niña discapacitada, que entra dentro de un colectivo que requiere la protección fundamental del Estado”, explicó Faricelli.

Hace ya 17 años…

La causa se inició en el año 2000, cuando la mamá quedó embarazada. Girola decidió irse por cuestiones laborales a México y recién volvió en 2003 para firmar el divorcio. “Ahí acordaron que iba a pagar 250 pesos por mes de cuota alimentaria. Quedó fijado en la misma sentencia de divorcio, más una deuda que tenía. Se volvió a México con todo firmado, le pagó dos meses y después no pagó más”, señaló el asesor letrado Carlos Figueroa, quien representa los intereses de la menor.

En 2004 se hizo la denuncia por incumplimiento de la cuota alimentaria y la Justicia determinó que los abuelos paternos de la niña pagaran en subrogancia la cuota que no abonaba su hijo. Pero la mujer siguió reclamando porque no alcanzaba el aporte de los abuelos y por entender que el incumplimiento es un delito personal.

La primera citación a Girola fue en 2011. En 2014 y después de varias citaciones, se pidió su captura internacional. Así lograron determinar que estaba viviendo y trabajando en la ciudad de Veracruz.

En septiembre de 2014 se puso en contacto con su exesposa y comenzó a pagar una cifra mensual. Según indicó el asesor letrado, ese monto fue dispuesto unilateralmente por el acusado y en 2015 bajó de 2.500 a 1.000 pesos. Según la denuncia, era mucho menos que lo que habían acordado en el juicio de divorcio.

Ese mismo año el hombre fue detenido. Presentó un recurso, apeló la medida y quedó en libertad mientras duró el juicio de extradición. Pero en febrero de este año se confirmó la extradición y la Justicia dispuso su traslado a la Argentina.