
También hubo pedidos de mayor acceso a la información y demanda de los taxistas de bajar el valor de la transferencia
Con bastante más público del que habitualmente suele verse, se llevó a cabo ayer la audiencia pública para escuchar opiniones y sugerencias sobre los proyectos de Presupuesto y Tarifaria 2017. También se pusieron a consideración de vecinos e instituciones los presupuestos del Instituto Municipal de Inversión, del Instituto Municipal de la Vivienda y de la Escuela Granja Los Amigos, más la toma de créditos de la Provincia para obras de gas en los barrios y repavimentación de la avenida Savio, y la ampliación presupuestaria de 127.5 millones de pesos, que ya tienen aprobada la primera lectura.
Como era de esperarse, las voces desde las gradas sólo se alzaron para presentar objeciones al Presupuesto y a la Tarifaria para el año próximo, omitiendo cualquier opinión sobre los demás proyectos.
Sobre el Presupuesto 2017, que asciende a más de 1.047 millones de pesos, Leticia Forconi, en representación del Foro la Mujer y la Defensa de sus Derechos, pidió que se garantice el cumplimiento de la legislación sobre violencia de género y que se destinen los fondos suficientes para abordar esta problemática.
“Creemos que lo destinado es poco, también tenemos preocupación por el presupuesto con el que se llevará adelante el albergue de la calle Carlos Pellegrini, que no se agota sólo en el acondicionamiento edilicio”, señaló.
Además, solicitó que se declare la emergencia en violencia de género y que se destine presupuesto para eso.
También hubo reclamos de parte de una organización no gubernamental que trabaja con niños y adolescentes para que se incrementen las partidas presupuestarias para mejorar la calidad de vida y el acceso a las oportunidades de este grupo etario y para la rehabilitación de jóvenes con problemas de consumo de sustancias legales e ilegales.
Seguidamente, la exjueza de Menores, Cecilia Fernández, como militante de la UCR, cuestionó que el Concejo Deliberante delegue facultades a manos del Ejecutivo, en “casi todos los aspectos” y de manera “permanente”.
También coincidió en que debería disponerse de mayor presupuesto para atender las necesidades que hacen a la violencia familiar, debido a la legislación aprobada en la Legislatura de Córdoba y por la que Villa María deberá hacerse cargo en conjunto con la Provincia de dicha atención.
“Con ello viene de la mano la problemática de las adicciones, en este Presupuesto observo el 0,3% para la secretaría que atiende ese tema y siete mil pesos para la capacitación en adicciones. No podemos jugar con cuestiones de tanta importancia en una ciudad que está atravesada por la droga de punta a punta y en todos los sectores, razón por la que quiero destacar el gran presupuesto para publicidad y propaganda y que suma mucho más de 10 millones de pesos. Creo que los vecinos de Villa María tienen el derecho a saber adónde van los fondos que le aportan al municipio”, concluyó.
Tarifaria
Al momento de ponerse en consideración esta iniciativa, el presidente del comité de la UCR de Villa María, Marcelo Barotto, pidió la palabra y comenzó haciendo observaciones con respecto al acceso a la información.
“Lo básico para un gobierno abierto es tener información disponible para que el vecino, ante una audiencia, pueda saber de antemano las ordenanzas. Los buscadores del Boletín Oficial no funcionan, hay ordenanzas básicas que si uno no sabe el número, no las encuentra. Además, la mayoría está publicada sin anexos”, afirmó.
Luego cuestionó aspectos netamente de la Tarifaria y aseguró que en el impuesto automotor surgen dudas con la ley provincial, porque se cambia la forma de tributar de acuerdo a la radicación de los vehículos.
Entre otras cosas, también objetó que en la Tasa de Servicio a la Propiedad el valor del mercado establecerá la base imponible.
“Esto quiere decir que doña Rosa dependerá de la oferta y la demanda y que si hay factores que eleven el valor de las propiedades, entonces va a pagar las tasas en función de ese valor”, ejemplificó.
Seguidamente Silvia Balderramos, como militante radical, cuestionó que se pregone un gobierno abierto y transparente sin que eso exista.
“No existe un gobierno abierto y transparente si no hay verdadera información a los vecinos, la gente no sabe de qué se tratan el Presupuesto y la Tarifaria porque no se les informa. Nadie en Villa María sabe acabadamente cuánto va a pagar de tasa unificada, ni por sus inmuebles o por sus vehículos. El Concejo Deliberante debería exhortar al Ejecutivo para que se informe a la gente como corresponde”, consideró Balderramos.
A continuación Gustavo Falco, en representación de un grupo de permisionarios, manifestó su preocupación por la “escasa rentabilidad de los taxis, que no llega al 20% de lo recaudado”.
“Esto afecta directamente a las 850 familias que viven del sistema. Si bien la tarifa de taxis de Villa María es casi la misma que la de Córdoba capital, allí los costos de repuestos, mano de obra y GNC son mucho más bajos. Hoy con los altos costos e impuestos, se nos hace casi imposible renovar los móviles”, dijo Falco y recordó la nota presentada en la Intendencia y en el Concejo pidiendo que se apruebe la baja del valor de transferencia para las carpetas de taxis.
Falco aseguró que en 2010 la transferencia costaba 650 pesos y subió a 26 mil pesos en 2011, lo que significó un 3.900% más, y que con el valor actual de 83 mil pesos, el aumento fue de 12.670%.
En el mismo sentido se expresaron otros dos permisionarios.
Sugerencias por escrito
A diferencia de las audiencias públicas anteriores, en las que prácticamente sólo se escuchaba la voz de Jorge Soria, por entonces presidente del Consejo Asesor Municipal, esta vez no hubo representantes del CAM en el recinto y las sugerencias se hicieron llegar por nota.
En el escrito, el CAM consideró que los vecinos deberían saber el destino de lo que recauda el municipio por servicios de luz, gas y telefonía, entre otros.
También sugirió que se revean las zonas de terreno, porque al ampliar el ejido municipal se está cobrando un servicio que no se presta, y solicitó que cuando se modifiquen las zonas se hagan por ordenanza y no por decreto.
A la vez, asegura ver con buen criterio la creación de una comisión para rever algunas concesiones y pide ser parte de ella.
Dicen estar de acuerdo con el adicional del 15% que se cobra a las casas con piletas, pero pide que se difunda ampliamente la presentación de la declaración jurada que tiene que hacer cada contribuyente para no abonar una sobretasa y actualizaciones con más de un 100%.
Finalmente solicita que la alícuota sobre juegos de azar que ingresa al municipio desde Lotería de la Provincia de Córdoba, sea distribuida entre organizaciones civiles sin fines de lucro inscriptas en el registro municipal.