Presumen que fueron cobrados en la misma entidad con facturas apócrifas emitidas en Villa María. El fiscal recibió y notificó a cuatro imputados
En la mañana de ayer se presentaron en la Fiscalía de Instrucción cuatro de los involucrados en la causa por presunta defraudación en la Cooperativa de Energía Eléctrica y otros Servicios de Las Varillas, que desde el viernes tiene siete detenidos.
Fueron citados por el fiscal Marcelo Salomoni con el fin de ser notificados de su imputación y a partir de las 10 arribaron a la sede de calle Vélez Sarsfield. Asistieron María Teresa Cervellini, María Laura Valletto, Luciana Bonino y Gabriel Peloso (expresidente del Consejo de Administración), estos dos últimos acusados como coautores de administración fraudulenta contra la Cooperativa de Servicios y las primeras como “partícipes necesarias” en la misma investigación.
Los detenidos
El viernes fueron arrestados y trasladados a la cárcel de San Francisco (los varones) y a la unidad penitenciaria de Villa María (las mujeres), Gerardo Raúl Crema, Santiago Matías Celoria, Javier Alejandro Comba, Vicente Horacio Castillo, Gabriel Héctor Maggi, Estela del Valle Lascano y Daniela Andrea Raviola, a quienes se les imputan los delitos de asociación ilícita en concurso real con administración fraudulenta en concurso real en calidad de coautores y partícipe necesarios de administración fraudulenta para las dos últimas mencionadas, todo en perjuicio de la Cooperativa de Energía Eléctrica y otros Servicios Públicos de Las Varillas.
En libertad
Valletto y su madre, Cervellini, se encuentran imputadas como “partícipes necesarias” en esta causa por el supuesto cobro de unos cheques que formarían parte de los hechos de fraude que se investigan (y que podría derivar en otras causas), al igual que Graciela Antonia Pochettino, quien no se presentó durante la mañana de ayer.
Mientras, las imputaciones de la consejera Luciana Bonino y Gabriel Peloso (esposo de María Laura Valletto), expresidente de la Cooperativa de Energía Eléctrica, indicarían un grado de responsabilidad mayor, ya que ambos están imputados como coautores de administración fraudulenta junto a las siete personas que fueron detenidas el día viernes por otra imputación, ya que a las mismas se les suma la probabilidad de “entorpecimiento de la investigación”.
Asistieron cuatro
Frente a las Fiscalía, en la mañana de la víspera, estuvieron presentes cronistas de diversos medios de comunicación y una treintena de personas, entre familiares y amigos de los declarantes.
Primero llegó Valletto, arengando a quienes apoyaron con aplausos, pocos minutos después su madre (Cervellini) y posteriormente Peloso, ambos saludando pero sin detenerse. Por separado, entre ellos, ingresó el abogado. La primera en retirarse de la Fiscalía fue Bonino, quien se quedó a dialogar con los presentes, después Cervellini seguida de su hija Valletto y por último Peloso, quien junto al abogado dialogaron con un medio de comunicación y se retiró caminando, solo.
El software
El fiscal Salomoni dijo que Peloso y Bonino fueron citados para ser notificados de su imputación y que “durante la semana” se desarrollaría la indagatoria de al menos una parte de los detenidos.
Refirió ante la consulta de un periodista de EL DIARIO, que la denuncia que dispara esta investigación tiene entre dos y tres meses, y que trabaja sobre una hipótesis de los últimos dos años (desde 2014), cuando habrían sucedidos los hechos que hoy tiene que dilucidar.
En declaraciones a nuestro matutino, dijo que “es difícil este tipo de casos porque suele transcurrir mucho tiempo hasta que se inicia la investigación”, la que parte de una denuncia hace cerca de tres meses y luego de una irregular asamblea de renovación de autoridades del Consejo de Administración que se terminó desarrollando en una cancha de fútbol.
Explicó además que de inmediato se practicaron allanamientos y que “se lograron copias de respaldo de información de computadoras y documentación que hace a la información” del expediente, pero que, por ejemplo, “hay archivos que no pueden visualizarse porque la empresa que presta el servicio e instala en la Cooperativa el denominado programa de gestión, se niega a colaborar y brindar el sistema informático”, el software contable. Se trata de la firma Procoop SRL, con sedes en Monte Maíz y la ciudad de Córdoba.
Los cheques
La investigación tiene diversas aristas y podría decantar delitos federales. El fiscal Salomoni investiga la presunta emisión y cobro de cheques apócrifos, que estarían emitidos desde la Cooperativa para un proveedor que “nunca” proveyó a la misma.
Fuentes judiciales confiaron que los documentos llevaban cifras diversas para pagar materiales que no fueron comprados desde la Cooperativa. Se trataría de una ferretería de Cintra, cuyo propietario de apellido Novaira ya asistió a declarar al menos tres veces ante Salomoni. El hombre, habría tenido que demostrar la inexistencia de un vínculo comercial, pruebas para negar la comercialización y el hacer efectiva la cobranza de los cheques. Sin embargo, la investigación da cuenta que se habría utilizado su CUIT, pero ahora hay derivaciones que apuntarían a que la emisión de las facturas (apócrifas) se produjeron desde la ciudad de Villa María.
Pero además, suponen se originaban los pagos, aprobados presumiblemente desde el Consejo de Administración y con las firmas pertinentes, que en lugar de ser cobrados en entidades bancarias, se descambiaban por caja de la misma Cooperativa.
En este punto, que ya aumenta la gravedad del caso, deriva además la comisión de falsificación de las firmas y documentación que habrían hecho posible la operación fraudulenta.
