El Tribunal Superior analiza ahora si el reclamo de Alfredo Sosa, extitular del Ministerio de Trabajo en Villa María, se tiene que resolver en el fuero Laboral o en el Administrativo. Sosa había demandado a la Provincia por “discriminación política”

La Cámara del Trabajo de Villa María se declaró incompetente para determinar si Alfredo Sosa sufrió “discriminación política”, al ser apartado de sus funciones como delegado en Villa María del Ministerio de Trabajo de la Provincia.

El funcionario, tras ser notificado en el año 2009 que se había puesto fin a su contrato laboral, inició una demanda a la Provincia de Córdoba por entender que había sufrido un despido arbitrario fundado en sus convicciones políticas.

Concretamente, hizo referencia a que, en las elecciones legislativas de 2009, había adherido y colaborado en la campaña de Eduardo Accastello, opositor, por entonces, al sector que gobernaba -y gobierna- la provincia de Córdoba.

Dijo expresamente que el entonces titular de la cartera laboral, Omar Sereno, le informó que su baja obedecía a razones políticas y que había sido solicitada “por altos funcionarios provinciales”, en referencia a Raúl Costa y Marcelo Frossasco.

La demanda de Sosa estuvo patrocinada por los abogados Ricardo Giletta y David Bazán Carricaburu.

Por su parte, desde el Gobierno de Córdoba, representado en las audiencias por el letrado Antonio Giacardi, había pedido que se declarara la incompetencia de esa Cámara del Trabajo, por entender que los reclamos del sector público se deben analizar en la Cámara Contenciosa Administrativa.

Además, expuso que “si se atribuyera estabilidad a quien no ha sido incorporado con los requisitos y medios de selección previstos para la carrera administrativa (concursos), se estaría trastocando el régimen”.

Concretamente, indicó que si cada funcionario de la planta política de un gobernante aspira a la estabilidad, sería complicado el manejo de las administraciones siguientes.

El fallo

Tras la exposición de los argumentos, las pruebas y los testigos que fueron convocados a las audiencias que se desarrollaron en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, el juez Osvaldo Mario Samuel, dio su fallo dándole la razón al planteo de la Provincia. Fue en el año 2013 aunque se conoce ahora.

En consecuencia, declaró “incompetente” a la Cámara Laboral para dirimir el planteo hecho por Sosa, por lo que ahora es el Tribunal Superior el que definirá dónde sigue la causa.

En sus argumentos, el magistrado señaló que “los funcionarios o personas que desempeñan puestos de jerarquía funcional, no son usualmente incorporados a la planta permanente de la Administración”.

Agrega que en las audiencias quedó demostrado “el carácter y jerarquía de su vinculación”, con la Provincia “incluso hoy ocupa el mismo cargo jerárquico que detentara para la Provincia, en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación”.

Además, citando otros fallos, señala que para reclamar estabilidad es indispensable comprobar que accedió al empleo público con los mecanismos previstos, como el concurso, lo que no ocurrió en este caso dado que fue designado en el año 2005 por la autoridad provincial de ese momento.

Pese al fallo adverso a las pretensiones de Sosa, a la hora de definir quién paga los costos del juicio, Samuel dispuso que se imponga “por su orden”, es decir, que cada una de las partes se pague a sus propios abogados, algo excepcional porque en general, quien pierde se hace cargo de las costas.

Ahora, los caminos por los que continuará la curiosa causa dependerán del Tribunal Superior, desde donde pueden decirle al juez Samuel que siga adelante y que falle en la cuestión de fondo (es decir, que diga si hubo o no discriminación política en el despido), o bien, derivar el juicio a la Cámara Contenciosa Administrativa.