La familia que vendió el campo para realizar el polémico loteo aclaró, a través de su abogado, que ellos no son parte del fideicomiso que está demorando la escrituración de los terrenos. Dijeron además que todavía no lo terminaron de cobrar

Daniel y Miguel Olivero vendieron en 2010, 18 hectáreas de un lote de 20, ubicadas sobre la ruta 9, en la zona rural de Tío Pujio.

El comprador de ese campo fue Daniel Rosso -un profesional de Carlos Paz-, quien lo iba a destinar a un loteo que publicitaba como un barrio exclusivo que tendría todos los servicios, un hotel y vigilancia privada, “a solo 10 minutos de Villa María”.

Pese a los anuncios y las ilusiones de los adquirientes de cada terreno, hoy se encuentran con las manos vacías, dado que siguen sin poder escriturar porque el loteo no está aprobado.

Las primeras miradas para entender el conflicto que les impide la propiedad de algo que pagaron fueron dirigidas hacia al corredor inmobiliario que fue intermediario en la venta del campo. Se trata, como informamos en ediciones anteriores, de José Salusso, quien tiene 61 terrenos en el lugar, los que fue vendiendo sin contar con los planos aprobados.

En los primeros encuentros con los compradores de lotes, Salusso cargó las culpas hacia Rosso y hacia la familia Olivero.

Por esa razón es que el miércoles realizaron una reunión convocada por esa familia para informar a los vecinos de la situación y “limpiar nuestro nombre”, indicaron.

El encargado de explicar los hechos fue el abogado Mario Litterini, quien deslindó a la familia de toda responsabilidad sobre el loteo.

“Los Olivero vendieron un campo y ni siquiera lo terminaron de cobrar”, explicó el letrado a EL DIARIO, indicando que el resto impago representa aproximadamente el 35% del valor total de las 18 hectáreas.

La familia aceptó que les pagaran ese terreno con lotes, pero eso no los hace parte del fideicomiso, aclararon.

“Sabemos que Rosso encargó la labor de planimetría a un ingeniero muy prestigioso, de apellido Busca Sust, que está trabajando en el tema. No es un trámite rápido, porque tiene que pasar por todas las reparticiones oficiales hasta que tengan la aprobación final de Catastro. Recién ahí van a poder escriturar”, señaló.

Ahí surge la primera salvedad y la respuesta a la pregunta de varios compradores a los que les cambiaron la ubicación de los lotes o a las personas que les vendieron el mismo terreno. “Todo eso pasa porque Salusso se precipitó en vender. El lo hizo con un plano que se conoce como ‘previa’ y que no es el definitivo. Hasta que llegue a Catastro, ese proyecto pasa por otras dependencias que sugieren cambios. Por ejemplo, si en Ambiente dicen que en el lugar donde hay un lote pasaba antiguamente un arroyo, hay que cambiarlo. Esto hace que se produzcan modificaciones del loteo general”, señaló.

Según su criterio, los escribanos que avalaron esos boletos de compraventa sin plano definitivo “actuaron dentro de las reglas de la profesión”. “Salusso los cuestiona, pero a mi entender hicieron algo que está en el uso y costumbre. Aunque, en realidad, no habría que vender un terreno sin tener todo aprobado por Catastro”, indicó.

Siguiendo con las explicaciones que brindaron a una treintena de vecinos damnificados en la reunión del miércoles, Litterini se refirió a la disputa judicial que hay entre Salusso y Rosso.

“Está a fallo una denuncia por daños y perjuicios que inició Salusso contra Rosso, pero también contra un inversor que integra el fideicomiso, el señor Nelson Arce, y contra la familia Olivero. Creo que es un error demandar así, porque él quiere que le entreguen unos lotes por lo que supuestamente le adeuda Rosso y, en consecuencia, no tendría que demandar al resto. Pero dejamos aclarado que eso no tiene nada que ver con la escrituración final”, aseveró.

¿Solución?

“Creo que puede haber una solución si Rosso cede algunas pretensiones y la gente cede la ubicación de algunos lotes una vez que esté el plano definitivo”, expresó Litterini.

Por parte de la familia Olivero y Nelson Arce “también manifestaron que tienen interés en que se solucione el problema. Incluso, aportarían recursos económicos para terminar las obras que exige el loteo así todos pueden escriturar”, concluyó.

Tras la reunión, uno de los vecinos consultados indicó que siguen inmersos en una confusión sobre el conflicto de “Posada del Indio”. “Me parece que se tiran la pelota unos con otros, pero el poncho no aparece”, expresó, al referirse a que por más explicaciones que den, los que pagaron por su terreno aún hoy no pueden escriturar.

Sobre las dos hectáreas

Los Olivero, como informamos en la nota central, se dejaron dos hectáreas del campo para un proyecto familiar. En ese espacio iniciaron los trámites para lotearlos, presentaron los planos y lograron la aprobación definitiva en Catastro.

Por esa razón pudieron gestionar, entre otros servicios, la energía eléctrica, “pero aclaramos que esas dos hectáreas no las vendimos nunca y no son parte del loteo ‘Posada del Indio’”, puntualizó una de las integrantes de la familia.