Capitani explicó que  se busca la instalación permanente en todos los penales de la provincia, para evitar que sigan creciendo los casos de secuestros virtuales

El legislador provincial del PRO, Darío Capitani, presentó junto a sus compañeros de bloque Soher El Sukaria y Viviana Massare, un proyecto de ley para instalar inhibidores de señal en las cárceles.

La iniciativa propone que la instalación de dichos inhibidores de señal de telefonía celular y de servicios de Internet inalámbricos se dispongan en forma permanente en todas las unidades carcelarias dependientes del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba.

Además, plantea que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, deberá proceder a su instalación y puesta en funcionamiento en un plazo máximo de 90 días, a contar de la entrada en vigencia de la presente ley.

Según los legisladores, el inhibidor celular utiliza una moderna técnica de proceso de señal para interferir la conexión entre los móviles y la torre celular con la cual se está comunicando en forma continua. Trabaja emitiendo ondas de radio frecuencia en baja potencia que bloquean las comunicaciones celulares en diferentes rangos, dependiendo de la potencia del bloqueador y de la ubicación geográfica dentro de la red celular. A estos sistemas también se los conoce con el nombre de bloqueador, jammer, nulificador, anulador o neutralizador de comunicaciones. El sistema funciona de la siguiente manera: al activarlos, los celulares perderán totalmente la conexión con la torre y dependiendo del celular y su tecnología aparecerá en la pantalla «sin servicio», «sin red» o la pantalla permanecerá normal pero no podrá emitir ni recibir ninguna comunicación o mensaje de texto dentro del área de inhibición. Todas las llamadas entrantes ingresarán directamente al contestador como si el celular se encontrara en un área fuera de cobertura.

Un delito en aumento

“La ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24.660) establece que las comunicaciones telefónicas se ajustarán a las condiciones, oportunidad y supervisión que determinen los reglamentos carcelarios. La cantidad de secuestros virtuales continúa en ascenso en el territorio de la provincia de Córdoba, aunque muchos de ellos no son denunciados, en algunos casos por temor. No existen cifras oficiales, ya que la mayoría de los hechos no se denuncia, pero los perjudicados por esta modalidad delictiva se cuentan de a miles en nuestro país”, explicaron los legisladores en sus fundamentos.

“Se trata de una modalidad delictual que se comete con llamadas telefónicas, mediante el ardid de que se tiene secuestrado a un miembro de la familia. El malviviente juega con la desesperación de padres o parientes y los obliga a pagar una suma de dinero o un determinado importe en tarjetas telefónicas y la enumeración de las claves de uso”, señalaron y agregaron que en las cárceles de Argentina el “crédito telefónico” obtenido de esta manera por los detenidos les permite mantener comunicación fluida con el exterior de la prisión.

“También hubo casos en los que los autores no eran presos que actuaban solos, sino bandas que obtenían los datos de los integrantes de una familia a través de falsas promotoras de concursos”, indicaron.

Antecedentes

El Sukaria, Massare y Capitani precisaron que el Gobierno de la provincia de Mendoza decidió, en 2012, cumplir la ley que ordena inhibir los celulares en las cárceles, este proyecto había sido convertido en ley en 2008. En julio de 2014, el Concejo Deliberante del Partido de La Plata, provincia de Buenos Aires, aprobó el proyecto para bloquear las señales de celulares en las unidades penitenciarias que hay en dicho partido.

En México, Estados Unidos y España se han comenzado a instalar inhibidores de llamadas realizadas desde teléfonos celulares en establecimientos penitenciarios. México instalará inhibidores de señal de celulares en 78 de las 429 prisiones del país para frenar la extorsión telefónica, originada en su mayoría en las cárceles. En España, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias instaló en 2008 equipos que bloquean el uso de los teléfonos móviles en todo el perímetro de la cárcel de Valladolid, en busca de evitar el uso cada vez más extendido de estos teléfonos por los presos, ante lo que las autoridades de dicha cárcel demostraban impotencia para ponerle freno.

Una medida de similares características fue propuesta por el Gobierno de Córdoba para que los bancos coloquen inhibidores de teléfonos celulares, en la búsqueda de evitar los asaltos y salideras bancarias.

Los legisladores señalaron además que en Estados Unidos, la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información autorizó una prueba de interferencia de señal de celular en una institución correccional de Cumberland, en el estado de Maryland, a fin de demostrar al Congreso estadounidense que se pueden bloquear las señales ilegales sin perjudicar a los usuarios de teléfonos celulares en los alrededores de la prisión.