Villa Nueva – Proyecto contra la drogadicción
Para esto, los ediles de la oposición proponen la creación de una casilla de correo electrónico, un 0-800 y la instalación de buzones que permitan a los ciudadanos realizar denuncias anónimas
Con el objetivo de poner a disposición de los villanovenses canales de comunicación mediante los que puedan denunciar de manera sencilla, gratuita, rápida, anónima, y sobre todo segura, la venta de drogas, los ediles de Juntos por Villa Nueva presentaron un proyecto de ordenanza en la última sesión del Deliberante pidiendo la creación de un “subprograma” para “la participación ciudadana en la prevención de la drogadicción».
Los concejales Justina Pucci e Ignacio Tagni no desconocen que en la ciudad se trabaje en la lucha contra las adicciones y, sin nombrarlo, plantean con la iniciativa prácticamente una respuesta directa a la situación que generó un cruce entre un vecino y la directora de una escuela.
Carlos Gutiérrez, quien vive y tiene su peluquería en Lima y Rivadavia, denunció que alumnos consumen sustancias en la puerta de su casa. La directora del IPET 322 no esquivó la problemática, pero dijo que no eran sus alumnos.
Ante estas idas y vueltas, el proyecto justifica el pedido de habilitación de una casilla de e-mails “con el fin de recepcionar información relacionada con la venta y tráfico de drogas” para trasladar, cuando resulte pertinente, “el anoticiamiento a las autoridades correspondientes”. También piden que el municipio disponga una línea telefónica gratuita “para que los vecinos de la ciudad de Villa Nueva puedan denunciar de manera anónima, ágil y segura la venta de drogas ilícitas”.
A su vez, agregaron en el proyecto la colocación de buzones en las delegaciones municipales para receptar denuncias anónimas. Esto es similar a la medida que dispuso la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico en la vereda de Tribunales de Villa María.
“En muchas oportunidades los vecinos tienen información sobre la comercialización de estupefacientes en su barrio, pero no realizan la denuncia correspondiente por temor a las amenazas o ataques de los delincuentes”, afirmaron.
Además, consideran que evidentemente “desde su lugar, cada vecino y el municipio actuando en colaboración efectiva pueden contribuir a la tarea de prevención”. La ordenanza prevé declarar como “servicio solidario” a la tarea realizada por organizaciones sociales y religiosas en este marco.
Según contaron los ediles, para la elaboración del proyecto recopilaron información de programas similares implementados en otras ciudades.
“Se considera necesario fortalecer las acciones conjuntas y articuladas entre nuestro municipio y la sociedad con el propósito de abordar y dar respuesta a los crecientes problemas de inseguridad relacionados con la droga, apuntando a la prevención y la seguridad ciudadana”, apuntaron Pucci y Tagni.
“Se busca concentrar los esfuerzos policiales en la localización de los lugares de venta y en los dealers, no en los consumidores. Para ello resultan esenciales los datos que puedan aportar los vecinos. En cuanto a los consumidores se busca su no estigmatización y lograr su recuperación mediante los programas existentes dedicados a ello”, cerraron.
