Los abogados Carlos y Carlos Matías De Falco preparan el pedido de medidas cautelares que serán presentadas ante el juez Roque Rebak

La crítica situación por la que atraviesan las 30 personas que fueron despedidas el viernes de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María será llevada a la Justicia por el gremio que nuclea a los trabajadores cesanteados.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), sumaron a los abogados Carlos (foto) y Carlos Matías De Falco, para que avancen en el pedido de amparos ante la Justicia Federal que a nivel local representa el juez Roque Rebak.

La intención es preservar, a través de un instrumento legal, la fuente laboral de todos los que fueron notificados acerca de su desvinculación del complejo fabril que funciona en territorio villamariense.

“Estamos preparando las presentaciones, pero todavía resta conocer más sobre la situación de cada trabajador”, manifestó el también edil en el Concejo Deliberante villamariense.

“En el gremio me pidieron aconsejamiento sobre este tema y les expliqué que se planteaban dos caminos: iniciar una acción para cobrar la indemnización, y la otra era intentar un amparo para lograr una medida cautelar y que, por ahora, no fueran despedidos”, precisó el consultado por este medio.

“Optaron por el amparo y ya trabajamos junto a mi hijo en ello”, indicó De Falco.

“Mañana (por hoy) tengo entendido que se terminarán de concretar los despidos que serían 30 o 31, y ahí comenzaremos a tomar nota ya que existen diversas realidades individuales dentro del grupo”,

“Si bien el amparo puede ser colectivo, hay cuestiones que pueden cambiar el prisma. A veces una persona tiene diferencias con los otros y el derecho puede ser más aplicable”.

En este sentido el letrado apuntó que, entre otros, existe el caso de una trabajadora en tratamiento oncológico y el de otra mujer que adhirió a la línea de créditos Procrear, pagó con sus propios ahorros la primera parte y ahora que abonó la cuota inicial del préstamo, se quedó sin trabajo.

“¿Cómo va a seguir pagando, si le dieron el crédito en función del empleo que tenía?”, se preguntó el abogado que dialogó con EL DIARIO.

Esperar que fácticamente los despidos se hagan realidad, analizar cada caso de manera particular, elaborar los amparos y presentarlos al Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Defensa de la Nación y la Dirección General de Fabricaciones Militares, a través del juez Rebak, es el camino que comienza a delinearse en estos días.