El informe fue presentado como trabajo final en una de las entidades del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Afirma que el rol del Estado “responde a una complicidad entablada con los sectores privados”

Un trabajo presentado ante la Escuela Latinoamericana de Justicia Ambiental afirma que la instalación de la central termoeléctrica -que se pondrá en marcha en enero sin haber respetado las etapas previas- atravesó por un “proceso de alianza entre el sector económico, los científicos comprometidos con intereses empresariales y el Estado”.

Así lo asegura la becaria de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) y de Rosario (UNR), la licenciada Vanesa Villareal, en un trabajo final presentado en el mencionado espacio, que depende del Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria (CELFI), del Ministerio de Ciencia de la Nación.

Los fundamentos de la académica para sostener la afirmación están basados en un minucioso informe que detalla la cronología, el origen y los involucrados en el proceso de instalación de la industria generadora de energía en el Parque Industrial de nuestra ciudad.

Villareal observa, según los registros de la audiencia pública realizada en mayo, una “aceptación” generalizada por parte de los profesionales (científicos) que intervinieron en esa instancia, al tiempo que señala que no hubo “participación de vecinos ni vecinas, solo se registran profesionales que son parte de la inversión o tienen intereses creados”.

“Esta red arbitraria construida para la instalación de la Central Termoeléctrica en Villa María sin consulta y participación ciudadana ha promovido la aparición de manifestaciones de acciones colectiva que son una expresión, en última instancia, de la capacidad activa y transformadora de los actores sociales organizados”, destaca en otra parte del texto, en referencia a la Asamblea que conformaron vecinos para detener la instalación luego de conocerse el daño ambiental que producirá y las irregularidades en el proceso de radicación.

“Complicidad entablada”

Es sabido que la central termoeléctrica se radicó de forma ilegal, comenzando las obras seis meses antes de obtener la licencia ambiental y cuatro meses antes de realizarse la audiencia pública.

Sobre este punto, Villareal es contundente: “En los distintos puntos analizados anteriormente hemos observado que el rol del Estado en sus tres poderes públicos -legislativo, judicial y ejecutivo- responde a una complicidad entablada con los sectores privados (stakeholders), puesto que la decisión de instalar una planta termoeléctrica en la ciudad es el resultado de decisiones mixtas (público/ privado)”.

Por último, concluye que desde el Estado local no hay “multiplicidad de perspectivas”, ni balances sobre la “fragmentación social que va a generar el proyecto”.

“El desarrollo de un proyecto de esta envergadura dará como resultado un negocio espectacular para un grupo pequeño de empresarios relacionados al agronegocio y a la energía”, finaliza diciendo.