La Justicia requirió en el Legislativo municipal las declaraciones juradas del exintendente Eduardo Accastello en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito

El fiscal René Bosio fue al Concejo Deliberante en busca de las declaraciones juradas del exintendente Eduardo Accastello.

El titular de la Fiscalía de Tercer Turno asistió ayer (alrededor de las 10.30) al recinto legislativo municipal villamariense en el marco de la investigación por la causa por presunto enriquecimiento ilícito del exmandatario.

El operativo de allanamiento apuntó a conseguir precisamente las declaraciones juradas. Bosio, acompañado de uno de sus secretarios, Juan Aguilar, y dos oficiales de la Policía de la Provincia de Córdoba.

En la Casona de Pereira y Domínguez, en Mitre al 90, la comitiva encabezada por el funcionario judicial fue recibida por el presidente del Cuerpo, José Carignano.

“El requerimiento judicial fue puntualmente las declaraciones juradas, las que se encontraban en el archivo del Deliberante”, dijo el edil de Villa María para la Victoria-Partido Justicialista (VMPV-PJ).

Nueve sobres

Se trata de nueve sobres que el secretario y el fiscal recibieron y abrieron delante de los uniformados y el concejal, donde constataron que contuvieran la documentación que fueron a buscar.

Un intendente debe presentar cada año de mandato su declaración jurada de bienes, por lo que se estimaba alcanzarían a 12 (1999-2003, 2007-2011 y 2011-2015), tal los años de Gobierno municipal de Accastello, pero fuentes de la investigación confiaron que fueron nueve sobres de los que se hizo el fiscal y ahora forman parte de la documentación que viene recabando en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Hace un año

Estas declaraciones juradas que ahora tomaron contacto con el exterior del edificio del Deliberante, fueron ya parte de un capítulo de cruces de tinte político entre oficialismo y oposición. Esto originó una consulta que Carignano prefirió no responder, respetando el marco de la propia investigación.

A la pregunta de si no habría aportado a la evocada transparencia desde el Gobierno municipal, cuando hace poco más de un año fue cuestionada esta negativa de mostrar las declaraciones juradas de Accastello (que por nota había manifestado poner a disposición), el presidente del Concejo justificó de no opinar.

La oposición

Los concejales del bloque Juntos por Villa María, presentaron en febrero del año pasado, en el Concejo Deliberante, un Proyecto de Resolución mediante el que pretendió dar apertura a las declaraciones juradas del exintendente de la ciudad, presentadas en todos sus períodos como funcionario municipal. Esa iniciativa partía de que el exmandatario fue mencionado en la causa de la desmantelada financiera cordobesa Cordubensis CBI, investigada por la Justicia Federal.

Los ediles oficialistas negaron rotundamente y en el cruce verbal Carina Bruno (Juntos por VM) les reclamó que dejaran “de ser concejales de Accastello” (ya en la gestión del intendente Martín Gill).

Rendición de fondos – Otra causa

Naselli declaró ante Maldonado

El extribuno de Cuentas, José Naselli, fue citado ayer a declarar por la fiscal Silvia Maldonado, titular de la Fiscalía de Instrucción de Tercer Turno, en el marco de la investigación que lleva adelante por una denuncia formulada hace un año y medio atrás por el propio declarante.

Un mes antes de dejar su función, Naselli asentó una denuncia “por falta de rendición de fondos públicos por más de 60 millones de pesos”, cifra que ahora estima asciende a “cerca de 100 millones”. El extribuno apunta a los entes de Turismo y Deporte, liderado por Marcos Bovo, junto al de Desarrollo Productivo y Tecnológico (que estuvo a cargo de Otto Wester), porque “no habían rendido cuentas sobre supermillonarios subsidios recibidos durante la gestión del exintendente Eduardo Accastello, a pesar de existir una ordenanza que así lo establece”. Naselli se limitó a marcar que aportó “cuestiones técnicas” y dijo que desconoce en qué instancia se encuentra la causa, ya que es la primera vez que asiste luego de la denuncia.

“Los dineros que perciben estos entes todos los meses son un porcentaje de lo que recauda la Municipalidad por la actividad de industria, comercio y servicios. Hoy no sé si se cumple”, dijo.

Y recordó: “Lo que pedí en ese entonces es que se rinda cuentas de los dineros del pueblo”. “Creo que siguió funcionando así”, dijo aunque marcó la salvedad de que “el intendente Martín Gill presentó un decreto que redujo el plazo de rendición a tres meses”.