Un joven villamariense con antecedentes penales y un serio problema de adicción a las drogas fue condenado ayer a tres años de prisión de cumplimiento efectivo, con declaración de reincidencia, luego de que confesara haber robado una moto y haberse metido ilegalmente a una vivienda cuando era perseguido por el dueño del rodado sustraído.

Se trata de Darío Sebastián González (28), quien al cabo de un juicio oral y público de trámite abreviado fue declarado autor responsable de “robo calificado” de vehículo automotor en la vía pública y “violación de domicilio”.

González, apodado Quique, está detenido desde el 30 de septiembre de 2016, poco después de que se apoderara de una Guerrero Trip, propiedad del albañil Abraham Rojas, que se encontraba estacionada frente a un domicilio donde el hombre se encontraba realizando tareas propias de su actividad laboral.

Cuando Rojas se percató de que le habían robado la motocicleta, salió rápidamente a la calle y observó a la distancia que un desconocido se la estaba llevando de tiro, ya que no había podido hacerla arrancar.

González advirtió que había sido descubierto, por lo que abandonó el rodado y se introdujo en una vivienda con la intención de escabullirse y evitar ser detenido. Sin embargo, la rápida intervención de la Policía posibilitó su aprehensión pocos minutos después.

A poco de comenzada la audiencia de debate, el convicto reincidente (en agosto de 2010 le impusieron tres años de prisión efectiva por un asalto y otros delitos, y el 31 de mayo pasado recibió una pena de siete meses de cárcel por “robo simple” y “daño”) no solo admitió haber cometido los hechos por los que estaba acusado, sino que pidió ayuda a las autoridades judiciales para realizar un tratamiento de rehabilitación que le permita superar los problemas de adicción que padece y que, según dijo, lo llevan a delinquir.

El juicio fue presidido por el camarista Félix Martínez y contó con la participación del fiscal Francisco Márquez y de la abogada Liliana Domenella de Ramos (de Villa Carlos Paz), mientras que el secretario actuante fue Guillermo Picco.

Previo a las deliberaciones, el fiscal y la defensora habían llegado a un acuerdo para solicitar la pena que luego se aplicó.

En su fallo, el juez Martínez dispuso que González, quien actualmente se encuentra alojado en la cárcel de Bouwer, sea sometido a un tratamiento contra las drogas, para lo cual será asistido en un centro de rehabilitación especializado.