Se trata de Claudio Morales, a quien se le atribuye haber sustraído un motor de equipo de riego y de intentar hacer lo mismo con otros 10 equipos similares. Ayer compareció un singular testigo y hoy harán lo propio dos trabajadores rurales

Un vendedor de zapatos de esta ciudad comenzó a ser juzgado ayer en los Tribunales de Villa María, acusado de haber sustraído uno de los motores de un equipo de riego en un campo ubicado en proximidades de Tío Pujio y de haber intentado hacer lo mismo con otros equipos similares, que fueron encontrados ocultos en un sembradío de soja.

Claudio Alberto Morales (45) comparece imputado como presunto autor de “robo calificado” y “robo calificado en grado de tentativa”, en ambos casos de maquinarias agrícolas, a tenor de lo establecido por el artículo 167, inciso 4º, en función del 163, inciso 1º, del Código Penal de la Nación (ver “Qué dice la ley”).

Durante la primera audiencia de debate testimonió un investigador privado, mientras que hoy harán lo propio dos trabajadores rurales y luego formularán sus alegatos el fiscal Francisco Márquez y el abogado defensor Eduardo Luis Rodríguez, tras lo cual es muy probable que el camarista Félix Martínez dicte sentencia.

Morales, domiciliado en barrio La Calera, se encuentra detenido desde el 29 de febrero de 2016, poco después que se denunciara un robo perpetrado en la estancia “El Galpón”, ubicada entre Tío Pujio y Colonia Santa Rita.

De acuerdo con la pieza acusatoria, el sospechoso llegó al campo a bordo de una camioneta, cortó cuatro de los cinco hilos de un alambrado perimetral y se apoderó de 11 motores de un equipo de riego agrícola que había en el lugar.

Según el fiscal que instruyó la causa, Morales se llevó uno de los motores y una pieza que se utiliza para sujetarlo a la estructura de riego, mientras que a los otros 10 equipos los ocultó en un sembradío de soja, supuestamente para ir a buscarlos con posterioridad, y allí fueron encontrados.

En la víspera, a poco de iniciado el debate, la Defensa solicitó que se le tomara declaración testimonial a un investigador privado que fue contratado por la familia de Morales para tratar de demostrar que el hecho delictivo que se le atribuye no existió.

Vicente Luis Oscar Díaz (54) compareció en calidad de testigo nuevo y durante su exposición dijo haber sido policía e incluso que trabajó para la ex-SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), pero cuando el fiscal Márquez profundizó su interrogatorio, el investigador terminó admitiendo que, en realidad, había sido “informante” de dicho organismo “cuando tenía apenas 13 años” (sic), allá por 1975, y durante los primeros tiempos de la dictadura cívico-militar, aún siendo menor.

Díaz que había realizado una serie de averiguaciones sobre el caso y que, en ese marco, realizó cámaras ocultas al encargado de la estancia y a un empleado (mostró las filmaciones al tribunal), quienes le dijeron que el robo no se había cometido.

Ambos testigos fueron citados para declarar hoy en la Cámara del Crimen, porque ya lo hicieron el año pasado, durante la instrucción de la causa.

Polémico testigo

Con respecto al polémico investigador privado, pudo saberse que fue exonerado de la Policía de la Provincia de Córdoba (él mismo admitió que fue cesanteado por un procedimiento efectuado en 1993) e incluso se conoció que el 15 de diciembre de 2011 la Cámara Segunda del Crimen de la capital provincial lo condenó a siete años de prisión por hechos de “abuso sexual simple” y “abuso sexual gravemente ultrajante” en perjuicio de una menor, familiar del panadero cordobés Héctor Corradini, asesinado a balazos el 17 de noviembre de 1998.

Por entonces, Díaz era pareja de Mercedes Segalá, viuda de Corradini y sindicada como la autora intelectual del homicidio de su marido, quien en diciembre del año pasado, en un segundo juicio (en el primero, en 2006, había sido absuelta), fue condenada a prisión perpetua por la Cámara Tercera del Crimen.

Cabe señalar que aquel asesinato tuvo una gran repercusión mediática en la provincia y fue considerado un ícono del crimen mafioso en Córdoba.

Si bien los antecedentes penales de Díaz no tienen directa relación con su labor como investigador privado, el fiscal Márquez objetó su proceder en la causa (sobre todo su “presentación” como supuesto miembro de la SIDE), por lo que es muy probable que hoy, al pronunciar su alegato, ponga en tela de juicio su credibilidad como testigo.