“Debe recordar que luego de una asamblea de docentes realizada en la Sala de Música…”

Señor director:

Con todo respeto y sin ánimo de polemizar, me dirijo a usted a fin de disentir con expresiones del profesor Teobaldo Morales respecto de mi accionar como presidente de la Biblioteca Bernardino Rivadavia y sus Anexos, vertidas en la entrevista que le hiciera la periodista Nancy Musa.

En la misma, el profesor Morales expresa «le gané un juicio a Videla y lo perdí con Marzolla». No creo ser merecedor de tamaña comparación por muchas razones, pero especialmente porque las cosas no sucedieron como lo expresa el profesor Morales. El mismo quedó fuera de la escuela no por cuestiones que podrían interpretarse en la nota, sino porque los hechos no son como los relata. Lo invito al profesor Morales que recuerde que a él le fue solicitada su renuncia por un inspector del Ministerio de Educación de la Nación como consecuencia de un fallo de dicho Ministerio que nada tuvo que ver con cuestiones profesionales y/o políticas.

Debe recordar que luego de una asamblea de docentes realizada en la Sala de Música de la escuela por cuestiones gremiales, fuera del aula continuaron con una fuerte discusión el doctor Enio Rocha y el profesor Morales. El profesor Morales agrede con golpes de puño al doctor Rocha quien luego promueve una denuncia policial, y eleva solicitud al Consejo Superior para que se trate el tema.

Dadas las características de lo acontecido y el ámbito en que ocurrió, el Consejo Superior de la institución -máximo organismo de gobierno institucional en el que el presidente no vota- decide instruir un sumario administrativo para deslindar responsabilidades, elevando luego los antecedentes a la Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada. Transcurrido un tiempo, viaja a esta ciudad un inspector y en mi despacho de director general, notifica al profesor Morales el fallo adverso hacia él y lo invita a renunciar, a lo que el profesor Morales accede ajustándose a las normas de la SNEP.

Todo lo expresado se encuentra debidamente registrado en las actas de reuniones del Consejo Superior de la Biblioteca Bernardino Rivadavia y sus Anexos.

Muchas gracias por la oportunidad de expresar mi punto de vista.

Dr. Eduardo Marzolla

“Fumigar es delito”

Señor director:

Las organizaciones abajo firmantes repudiamos las expresiones vertidas por entidades rurales integrante de la Mesa de Enlace de Entre Ríos (Federación Agraria Argentina, Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Sociedad Rural y la Federación de Cooperativas) con motivo del comienzo del juicio oral y público debido a la fumigación con agroquímicos realizada con la presencia de niños, niñas y su docente a la Escuela Rural N°44, Colonia de Santa Anita, Entre Ríos.

Estas entidades han expresado su “preocupación” por el proceso judicial que se está desarrollando esta semana en Concepción del Uruguay y han puesto en duda tanto la investigación preparatoria de la Fiscalía como los daños a la salud de niños, niñas y docente que asisten al establecimiento educativo al solicitar “que se pueda dilucidar con elementos técnicos certeros las afectaciones denunciadas por la docente”.

Las entidades defienden corporativamente al imputado “de acuerdo a lo informado por el productor, se trató de una aplicación realizada con control profesional, para la cual se disponía de la receta agronómica”, relativizando el relato de la docente quien denunció que no se recibió ninguna notificación de que se iba a fumigar, ni hubo receta agronómica. “La Policía dijo que no hubo presentaciones ni permisos y la Municipalidad aseguró que no hubo aviso previo de esa fumigación» detalló la maestra fumigada.

A pesar de todos los testimonios relevados por la Fiscalía, aportados por los profesionales del hospital donde asistieron los alumnos y la maestra intoxicada, un perito agrónomo y un investigador del Conicet que mediante estudios ambientales demostró que “la escuela está expuesta a la contaminación”. Y desconociendo el derecho a la salud, a la educación y a un ambiente sano de las personas afectadas, los integrantes de la Mesa de Enlace han optado por defender a la empresa que realizó la fumigación quien “se encontraba totalmente en regla, cumpliendo con las normas vigentes”, según las cámaras que han soslayado mencionar siquiera las consecuencias sobre las personas afectadas. En el último doloroso episodio de una historia de impunidad murió una niña de 12 años al ingerir una mandarina rociada con carbofuran, un tóxico permitido para esa fruta.

Este modelo agroindustrial de cultivos transgénicos que se desarrolla en el país hace más de 20 años, implica el uso masivo de agrotóxicos que se estima en más de 350 millones de litros al año, y que trae consecuencias irreversibles sobre la vida y el territorio.

Acompañamos y celebramos la realización de este primer juicio sobre escuelas fumigadas que se inicia en la provincia de Entre Ríos y que abre una oportunidad histórica para develar las prácticas contaminantes sobre nuestros niños y niñas, tal como lo expresó recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en referencia al caso emblemático de las Madres de Ituzaingó Anexo, en la ciudad capital de la provincia de Córdoba, ya que fumigar con agrotóxicos en una zona protegida es un delito penal.

Huerta y Energía, Foro Ecologista de Paraná, Asamblea Ciudadana Ambiental Colón, Guardianes del Yverá, Asociación por la Justicia Ambiental, Fundavida, CTA Guaymallén Mendoza, Red de Abogados de Pueblos Fumigados, Renama Camoatí, Pueblo Belgrano, Foro Ambiental de General Viamonte Provincia de Buenos Aires, Red Ecosocialista Entre Ríos, Foro Ambiental de Rojas Provincia de Buenos Aires, Raíz de la Provincia de Mendoza, MAP de Mendoza, El Tribunal de Los Pueblos por la Soberanía Alimentaria y Asamblea Las Malezas de Rosario