Arnaldo Molina, de ATE, dijo que el gobernador se jacta de hacer justicia social, pero “les mete la mano en el bolsillo a los que menos tienen”. Llamaron a trabajar para derogar la ley
Trabajadores del Hospital Pasteur realizaron ayer una asamblea y se declararon en alerta, tras repudiar la ley que modificó el cálculo de las jubilaciones provinciales.
Batiendo palmas y reunidos en el hall del edificio de avenida Larrabure, los hombres y mujeres de la salud pública manifestaron cerca del mediodía su rechazo a la decisión llevada adelante por el oficialismo provincial, y que tuvo el acompañamiento de la versión cordobesa de Cambiemos.
Arnaldo Molina, de ATE, ironizó que el Estado le brinda un “premio” a personas que llevan más de tres décadas trabajando en el nosocomio “comprometidos con la salud y siempre en defensa de la salud pública y gratuita”. “Parece que no hemos sido los mejores trabajadores, nos castigan, nos dejan en estado agónico por una cuestión, según ellos, de números”, objetó el sindicalista.
Dijo que el gobernador “se jacta de hacer justicia social y nos mete la mano en el bolsillo estafando a los trabajadores”, calificó de “traidores” a los legisladores y sostuvo que la dirigencia “dice alzar la bandera de la justicia social, pero está en contra de los trabajadores”. Además, los trató de “negreros” y recalcó la precarización laboral que se ha venido dando desde el Estado.
Molina advirtió que “ni siquiera tuvieron la valentía de generar una redacción clara y precisa de la ley para que todo el mundo la entendiera” y que reflejara que lo que se va a cobrar es el 73% móvil y no el 82%.
“Con juego de palabras hicieron confundir conque vamos a seguir cobrando el 82% móvil, pero es del 89% de lo que cobra el activo: en definitiva no llegamos al 73%”, detalló.
“Cuando necesitaban hacer su campaña política estuvieron por aquí, prometiendo cosas que hoy parecen haber diluido en pocos días. Fue un golpe muy duro, pero no vamos a dejar de pelear”, anticipó rodeado de sus compañeros.
Llamó a trabajar para que la ley se derogue “lo más pronto posible, porque cuesta creer que esta sea la solución política y económica para una provincia. No resiste el análisis. Es la provincia más rica, pero parece que les sacan a los que menos tienen y a los laburantes y no a los que más tienen”.
