El juez devolvió el expediente al fiscal y le recomendó que esclarezca las irregularidades que él mismo expone

El juez federal Miguel Vaca Narvaja rechazó la solicitud de incompetencia del fiscal federal Enrique Senestrari en la causa CBI y ordenó que continúe con la investigación. En consecuencia, el fiscal deberá seguir investigando, entre otros, al exintendente Eduardo Accastello (foto) para determinar el origen de los fondos que tenía en una caja de seguridad de la financiera junto con el exintendente de Laguna Larga, Fernando Boldú.

En la sentencia con la que el juez rechazó la petición de Senestrari -y a la que EL DIARIO tuvo acceso-, Vaca Narvaja consideró que resta circunscribir correctamente el delito y objetó que aunque Senestrari descarta los delitos de evasión y lavado de activos, señala que ni Boldú ni Accastello pueden justificar la tenencia de los 290 mil dólares.

Además hace referencia a “inconsistencias” como que en noviembre de 2015 Boldú exhibió ante la AFIP un escrito de 2006 en el que daba cuenta que entre los bienes que heredaba de su padre, figuraban 300 mil dólares, pero el expediente original nunca fue encontrado. También, remarca que 12 de los 19 fajos de dólares secuestrados contenían billetes de 2006, mientras que el fallecimiento del padre de Boldú ocurrió en el año 2000.

La tercera inconsistencia mencionada por Vaca Narvaja es que Senestrari advierte que en la solicitud de las cajas de seguridad, en los datos de cliente, figura el teléfono “0353-154…(Verónica)”, que correspondería a la exsecretaria de Economía, pareja de Accastello.

Por todos estos argumentos, el juez rechazó la solicitud del fiscal, recomendó que Senestrari esclarezca las irregularidades que él mismo expone, a la vez que consideró que no queda claro cuál sería el encuadramiento del delito, algo necesario para saber si cabe declarar la incompetencia y determinar quién debe investigar.

Más detalles de la sentencia

Cabe recordar que en agosto de 2014 se produjo un allanamiento en CBI Cordubensis para abrir cajas de seguridad de personas que estaban siendo investigadas en la causa de Eduardo Rodrigo por asociación ilícita. En ese momento, de una de las cajas de seguridad a nombre de Boldú y con acceso autorizado de Accastello, se secuestraron 290 mil dólares.

El juez a cargo en ese entonces pidió a la AFIP que informara si esa suma figuraba en las declaraciones juradas de ambos exintendentes, y en diciembre de 2015 el organismo respondió que Boldú había justificado el origen y tenencia del dinero, y que Accastello había presentado declaraciones juradas de 2009 a 2014, con los bienes a su nombre y justificando su origen en los ingresos percibidos por su gestión en la administración pública.

Pero en junio pasado, la AFIP en su informe final dice que Boldú, si bien justifica el origen de los fondos, éstos no se encuentran en las declaraciones juradas; que ante el organismo recaudador dijo que se trataba de una herencia de su padre y que, ante la fiscalización de la AFIP, presentó las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales rectificadas de 2006, 2007, 2013 y 2014 y las originales de 2008 al 2012, como también las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias rectificadas de 2006, 2007 y 2013, más las originales de 2008 al 2012 y 2014. Como consecuencia, resultó un ajuste del Impuesto de Ganancias de 73.247 pesos y de Bienes Personales de 249.935 pesos.

En cuanto a Accastello, dice que “no necesitó justificar la tenencia” de los 290 mil dólares.

En agosto pasado, Senestrari manifestó que si bien ninguno de los dos podía justificar la procedencia de ese dinero, como tampoco se pudo comprobar la evasión de impuestos o el lavado de dinero -delitos del ámbito federal-, su conducta podría encuadrar en el delito de enriquecimiento ilícito, por lo que pidió que la causa se gire a la órbita provincial.

Ahora, con la decisión de Vaca Narvaja, deberá continuar con la investigación.