Una Cámara Federal de Córdoba ordenó que el expediente iniciado a partir de la detección de la caja con 290 mil dólares en la financiera CBI, a nombre de Fernando Boldú y con acceso de Eduardo Accastello, se gire a la Justicia Provincial para que investigue a ambos por supuesto “enriquecimiento ilícito”

La pregunta que gira en la Justicia Federal de Córdoba desde que en agosto de 2014 encontraron la caja con dólares a nombre de Fernando Boldú y de Eduardo Accastello no es si hay o no delito, sino, qué tipo de delito se debe investigar.

Es por eso que el martes 7 de marzo la Cámara Federal B, integrada por los jueces Liliana Navarro, Eduardo Avalos y Graciela Montesi, resolvió, por mayoría, girar los expedientes a la Justicia Provincial para que investigue si hubo enriquecimiento ilícito de los exintendentes de Laguna Larga y Villa María. En el mismo fallo, descartan que a Boldú y a Accastello se los tenga que investigar por delitos del fuero federal, como el de lavado de activos o evasión impositiva.

La resolución de los camaristas federales coincide con la que expresó el fiscal Enrique Senestrari, en agosto de 2016. Siguiendo el «camino» de los expedientes, Senestrari giró la documentación al juez federal Hugo Vaca Narvaja, quien sostuvo que antes de desechar la posibilidad de que existan delitos federales, debería investigar un poco más. Senestrari insistió en su posición, recurrió a la Cámara y ésta le dio la razón. Por lo tanto la Justicia deberá investigar si es cierto, como dice Boldú, que los 290 mil dólares son de una herencia y que le dio acceso a Accastello por la amistad que tenían.

En la Federal, no

Dos de los tres magistrados federales coinciden en que no hay ni una puerta abierta para investigar la posible comisión de delitos federales.

Entienden, en los argumentos del fallo, que en lo que hace a la posible evasión impositiva, fue la misma AFIP la que la desestimó, porque Boldú paga impuestos sobre bienes personales y ganancias que en «ningún caso superaron los montos objetivos de punibilidad establecidos en la ley penal tributaria». Y respecto a Eduardo Luis Accastello destaca que no tiene que explicar nada, porque en teoría los dólares de la caja de CBI eran de Boldú. Citan además un informe de la AFIP en el que se asegura que Accastello presentó las declaraciones juradas del período investigado (2009-2014), «exteriorizando los bienes registrables a su nombre, justificando el origen de los mismos con los ingresos que percibió por su desempeño en la Administración Pública”.

El otro posible delito federal, es el de lavado de activos. Sobre el particular expresaron que «hasta el momento», no se ha podido acreditar.

Frente a ese panorama, entienden que el expediente originado tras el allanamiento efectuado el 27 de agosto de 2014 en la firma CBI Cordubensis SA, donde encontraron dos cajas de seguridad «número 38 y 49, ubicadas en el módulo denominado Capuchinos, a nombre de Fernando Boldú y autorizado para el acceso Eduardo Accastello, la suma de U$S290.000 en 29 fajos de diez mil dólares en billetes de cien dólares», no tiene más nada que hacer dentro de la Justicia Federal y pide que lo giren al ámbito provincial.

No fue de la misma opinión la jueza federal Liliana Navarro, quien a diferencia de sus pares dijo en su argumentación que el mismo fiscal Senestrari «no encuentra explicación al hecho de que entre los dólares secuestrados se encontraban doce fajos con billetes serie 2006 con numeración correlativa, cuando el fallecimiento de Roberto Antonio Boldú, padre de Fernando Boldú, ocurrió en el año 2000. Por tal motivo, soy de la opinión que debe ampliarse la investigación efectuada por el fiscal federal a fin de establecer las eventuales circunstancias de tiempo, modo y lugar de comisión del hecho y su calificación legal».

Justicia Provincial, sí

Volviendo al voto mayoritario de los jueces Avalos y Montesi, indicaron que debe ser la Justicia ordinaria la que investigue a los exintendentes, debido a que, como surge del expediente, el delito que puede surgir es el de enriquecimiento ilícito, que está encuadrado dentro de lo que investiga la Justicia Provincial.

Así lo dicen, citando al fiscal: «Ello es así, por cuanto hay pruebas que demuestran que la manifestación de Boldú, al expresar que el dinero hallado en la caja de seguridad proviene de una herencia recibida de su padre, sería falsa, por cuanto la serie de los billetes era de fecha año 2006 y el deceso de su padre data del año 2000, es decir, con anterioridad a la emisión de la moneda, siendo imposible materialmente, según lo entiende, que pudieran integrar el acervo hereditario. Asimismo, sostiene (el fiscal) que no debe pasar inadvertido que Eduardo Accastello se encuentra autorizado para acceder a las cajas de seguridad mencionadas y que figura también el número telefónico de Verónica Navarro Alegre, su actual pareja y exsecretaria de Economía de la Municipalidad de Villa María, cuando éste era intendente de esa ciudad.

Las circunstancias señaladas, expresa, permiten sospechar razonablemente que los dólares hallados podrían ser de origen ilícito, provenientes de un enriquecimiento ilícito, presunto delito que debería ser investigado hasta sus últimas consecuencias por la Justicia Provincial, ya que ambos imputados han sido funcionarios municipales o provinciales».

Accastello recibió ayer la noticia del fallo, justo, en el día de su cumpleaños.

Gustavo Franco – Opina el abogado de Accastello

“Lo importante del fallo es que lo desvincula de CBI”

“Hay que dejar en claro que el fallo desvincula a Eduardo Accastello de la causa CBI, que es la causa madre que estaban investigando en la Justicia Federal”, dijo Gustavo Franco, abogado del exintendente de Villa María.

“Creo que la Cámara Federal lo gira a la Provincia casi como una cuestión formal, porque se sostienen con un argumento que, si lo dice un alumno de primer año en la Facultad de Abogacía, sería aplazado”, planteó.

El argumento cuestionado por Franco es que los dólares depositados en la caja de seguridad de CBI fueron fechados en 2006 y en consecuencia no podrían constituir la herencia que legó el padre de Fernando Boldú, que falleció en el año 2000. “Cualquiera se da cuenta que ese argumento es casi un infantilismo. Porque si yo recibo una herencia y con eso compro un auto y después lo vendo, evidentemente los billetes que tengo no son los mismos que heredé, pero sigue siendo la misma herencia. ¿Qué quieren? ¿Qué conserve lo legado con pesos moneda nacional o australes”, se preguntó.

Al ser consultado sobre qué fiscalía deberá tomar el expediente que envían de la Justicia Federal, indicó que deberán determinar la competencia territorial, aunque a su criterio, “si existe esa denuncia por enriquecimiento, que hasta ahora sólo conocemos por los medios”, deberá recaer en el mismo fiscal “porque no puedo demostrar los ingresos ante tres o cuatro fiscales, sino a uno solo”, señaló.

Quien investiga el supuesto enriquecimiento ilícito de Accastello es René Bosio, fiscal de los Tribunales de Villa María. De todas maneras, Franco advirtió que es complicado territorialmente, porque el dinero estaba en Córdoba y podría también abocarse un fiscal de la capital.