La repetición de robos en casas ubicadas dentro de barrios cerrados o en sectores residenciales abiertos, pero con vigilancia adicional pagada por los vecinos, se volvió materia de consulta y análisis entre vecinos y la plana mayor de la Policía
“Todo este sistema imperante quedó en evidencia cuando los robos recrudecieron, hace unas tres semanas en el barrio Talamochita, de Villa Nueva, donde una mujer decidió accionar legalmente contra una empresa se seguridad que controlaba el sector, debido a que le habían desvalijado la casa. Algo huele mal”, narró a EL DIARIO un integrante de los planos medios de la Departamental General San Martín de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Y enseguida explicó: “Estas empresas de seguridad privada deben, en primer lugar, estar inscriptas en el Ministerio del Interior, para luego poder ser controladas por la División Seguridad Bancaria y Sistemas de Alarmas de nuestra fuerza, que no solamente tiene como misión el control y verificación de todos los dispositivos de seguridad con que deben contar las entidades bancarias, sino que también, en cumplimiento de la Ley Provincial Nº 7.899/90 y su Decreto Reglamentario 785/12 y 184/13, interviene en la prestación del servicio de alarmas con vínculo policial, instaladas tanto en entidades bancarias como en empresas, oficinas, fábricas y domicilios particulares, en toda la provincia de Córdoba”.
“Es decir, si no están inscriptas en el Ministerio del Interior, para la citada División no existen; y mucho menos se las va a controlar”, añadió la fuente consultada por este medio.
Lo primero
Para este oficial que se desempeña en Villa María “lo primero que debería hacer el dueño o la comisión de un country o de un barrio que necesita de seguridad privada, es verificar si la empresa existe, si está dada de alta”.
¿Dónde? “Y, el primer paso sería que se comuniquen con Seguridad Bancaria, que está en el segundo piso de Edificio de la Jefatura de Policía, allá en avenida Colón 1254 de la capital provincial o que llamen al (0351) 4287262”.
La seguidilla de robos en el Talamochita (que no es un barrio cerrado) se dio en paralelo con otros que ocurrieron en urbanizaciones cerradas que no trascendieron por una suerte de “pacto de silencio” entre los moradores de este tipo de espacios.
Uno de los damnificados por desconocidos que ingresaron a su vivienda aprovechando su ausencia durante el feriado largo de Semana Santa, a finales de marzo, consideró que “no puede ser que dos tipos se junten y monten una empresa de la nada, contratando a cualquiera”.
“Según nos dijeron, uno de los puntos que establece la ley vigente es que en ese tipo de firmas no pueden desempeñarse personas con antecedentes penales, pero hay algunos que para pagar poco salario, no se fijan en quien contratan… Es un tema complicado, porque nosotros también pretendemos pagarle lo menos posible a la empresa”, agregó.
