El debate menos pensado se dio ayer en la sede legislativa a la hora de ratificar un convenio de prestación de servicios celebrado entre el municipio y PMC Consultores Sociedad Colectiva.

Mediante dicho acuerdo, la empresa aportará una herramienta al municipio para recuperar las prestaciones de salud de aquellos vecinos que se atienden en un CAPS y poseen cobertura social.

Sachetto explicó que se encomienda a la prestadora la asistencia técnica y soporte tecnológico para el desarrollo de actividades de gestión sanitaria en el área de facturación de los servicios de salud del municipio; gestión de cobro de prestaciones efectuadas a beneficiarios de otros sistemas de salud, y capacitación de los recursos humanos municipales para su implementación.

Luego de aclarar que el convenio “no trae aparejado ningún costo para los vecinos”, precisó que a partir de modificaciones sugeridas por el bloque la duración del acuerdo será por el término de un año, en lugar de cuatro; y que la rescisión del contrato podrá efectuarse a pedido de una sola de las partes, y no de común acuerdo.

Manifestó que por la gestión de recupero ante obras sociales, mutuales y sistemas prepagos, además de los planes sanitarios otorgados por organismos provinciales y nacionales, la empresa recibirá un porcentaje del 35% sobre lo efectivamente cobrado.

Carlos Gagliano (foto) adelantó que el bloque no iba a avalar esta iniciativa porque, si bien está de acuerdo con el recupero por parte del municipio de las prestaciones brindadas a ciudadanos con obra social, no acuerda conque ese recupero se haga a través de una empresa privada.

“Esto funciona desde hace muchos años con recursos del Estado. El municipio tiene el derecho de cobrar, pero me llama la atención que después de tantos años de gestión de este Gobierno, el municipio de Villa María tome en cuenta esto”, cuestionó el edil, quien rescató que “está bueno que el contrato sea sólo por un año”.

“En cuanto a la gestión del bono contribución, que es algo que se paga voluntariamente, con esto puede ser que se esté arancelando la salud primaria. ¿Cómo se va a reglamentar el bono contribución?”, preguntó.

“Hubiésemos aprobado con gusto este proyecto si fuese para capacitar recursos humanos sobre este tema, revisen cómo se va a manejar la gestión del bono contribución. No estoy de acuerdo conque el recupero de gastos lo haga una empresa privada por un porcentaje, lo debería hacer el municipio”, reiteró Gagliano.

Sachetto le respondió que partía en un “supuesto erróneo”, y remarcó que con el convenio se pretende “tener una herramienta, que es un Softwear que acelera el proceso”.

“Tenemos la garantía de que si la empresa no cumple se rescinde el contrato”, agregó y negó que esto tienda a arancelar el sistema de salud.

“Hace 20 años que se recupera sin este Softwear y no infiero, sino que advierto que la gestión del bono contribución puede llevar a arancelar el sistema. La empresa va a trabajar a porcentaje, entonces mientras más recupere, más cobra”, insistió Gagliano.

“Nuestro planteo no obedece a oportunismo político, quienes trabajamos en el sistema de salud sabemos que se dispone de información que no requiere de esta herramienta”, agregó Nora Landart.

“No veo cosas raras”, apuntó Mónica Lazos y, tras rebatir algunos planteos del radicalismo, aseguró: “Quédense tranquilos, somos la garantía de que seguirá la gratuidad en la atención pública de la salud”.

Finalmente, Georgina Etchegaray admitió que en un principio tuvo las mismas dudas que Gagliano, pero que gracias a la modificación del proyecto para que se lleve a cabo durante un año y no cuatro, no le pareció mal “probar”.