Roberto Adolfo Cajal, de la constructora RAC, presentó una denuncia penal para que el fiscal investigue si hubo delito de los funcionarios de la Municipalidad por ajustar el precio del cordón cuneta a beneficio de la firma Ivecor

EL DIARIO pudo acceder al texto completo de la denuncia penal presentada el martes 17 de noviembre en los Tribunales de Villa María por Roberto Adolfo Cajal, ingeniero cordobés que integra la firma RAC.

Si bien la acusación no está hecha explícitamente contra el intendente, Cajal le pide al fiscal que investigue “la responsabilidad penal que le corresponde a las autoridades de la Municipalidad de Villa María y del Instituto Municipal de Inversión”.

Los hechos cuestionados están en relación con la licitación pública convocada en noviembre de 2012 para construir 60 mil metros cuadrados de cordón cuneta.

En el pliego -por el que los que ofertaron abonaron 10 mil pesos- dice expresamente en tres oportunidades que el precio era “único, fijo y no reajustable en todo el período de la obra”.

Por eso, los oferentes debían tomar las previsiones del caso, incluyendo los costos financieros al cotizar el metro de cordón cuneta.

Con esa previsión, la Unión Transitoria de Empresas integrada por RAC y Forobra SA, cotizó 297,34 pesos el metro cuadrado. La otra empresa que se presentó fue Ivecor SA, la firma de Monte Maíz, desde donde dijeron que podían hacer el cordón cuneta por 264,92 pesos el metro cuadrado. Y ganaron la licitación.

Hasta aquí, todo normal. Sin embargo, el 24 de abril de 2014, el Concejo Deliberante aprueba una ordenanza en la que ratifica en todo un acuerdo celebrado entre el intendente Eduardo Accastello y Walter Rubino, de Ivecor, por el cual “redeterminaron” los precios de la obra, pese a que “en tres oportunidades el mismo pliego lo prohíbe”, indica el texto de la denuncia patrocinada por los letrados Eduardo Torres Buteler y José María Cajal Vilegas. La ordenanza no expresa en cuánto reajustaron los valores.

La denuncia no fue el primer cuestionamiento de Cajal. Tal como informó oportunamente EL DIARIO, el 3 de julio de este año enviaron notas al Concejo Deliberante, al Tribunal de Cuentas y al Auditor General para que tomen cartas en el asunto. Como no tuvieron respuestas decidieron ir por la vía judicial.

Entienden que la redeterminación de precios perjudicó a RAC, dado que ellos cotizaron ese valor por metro cuadrado tomando las previsiones inflacionarias y financieras hasta el final de obra, como decía el pliego. Aseguran que también se vieron perjudicados los vecinos, porque pese a que estaban impedidos, pagaron con fondos del erario público un costo mayor por la obra.

Finalmente, dejaron expresado que no tuvieron condiciones de “igualdad” al participar de esa licitación.

Cabe señalar que RAC realizó varias obras en la ciudad, muchas encomendadas por el Eninder. Con ese organismo, también tuvieron dificultades y hasta presentaron un amparo para cobrar las obras realizadas.