Cámara del Crimen – En sendos juicios, con los mismos actores judiciales

A Hugo García se le impuso una pena de un año de prisión (unificada de dos años y dos meses con otra que tenía pendiente) y se lo declaró reincidente, mientras que Alejando Chiosso recibió una sanción penal de tres años y quedó a un paso de la libertad

Un cadete y exmaletero de la Estación Terminal de Omnibus de Villa María y un gasista y plomero de Villa Nueva fueron condenados ayer en la Cámara del Crimen local, en dos audiencias orales y públicas en las que intervinieron los mismos actores judiciales.

Se trata de Hugo Alberto García (52), alias “Cuca”, y de Alejandro Ramón Chiosso (43), apodado “Gringo”, quienes fueron juzgados por el camarista René Gandarillas en sendos procesos que contaron con la participación del fiscal Francisco Márquez, del abogado Antonio Alarcos (ejerció la Defensa de ambos) y del secretario Guillermo Picco.

García recibió una condena de un año de prisión de cumplimiento efectivo luego de ser hallado culpable de un hecho de “amenazas calificadas”, mientras que fue absuelto en relación a un incidente que tuvo como víctima a su concubina por “coacción”.

Sin embargo, como “Cuca” tenía pendiente parte de una sanción penal impuesta en diciembre de 2014 (cuatro años de cárcel por venta de drogas al “menudeo”), se unificaron ambas sentencias y se le aplicó una única condena de dos años y dos meses de prisión, con declaración de reincidencia.

Los hechos por los que llegó a juicio y por los que se encuentra detenido se produjeron hace poco más de un año en esta ciudad. Uno de los ilícitos se registró a raíz de un incidente de tránsito, ya que discutió con otro conductor por una mala maniobra, se bajó de su rodado y empuñando un destornillador amenazó al automovilista.

En tanto, en el ámbito familiar, mantuvo una pelea con su pareja, Ortensia Basconsela, a quien también intimidó. Sin embargo, al declarar ayer en la sala del quinto piso de Tribunales, la mujer minimizó lo ocurrido e incluso consideró que ella había sido responsable de la discusión.

Con ese elemento de prueba, el fiscal Márquez solicitó que García fuera absuelto por la “coacción” y se lo condenara a un año de cárcel por las “amenazas calificadas”, postura a la que adhirió el defensor.

Del mismo modo, las partes acordaron que dicha pena debía unificarse con la sanción aplicada a fines de 2014 por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y “comercialización de estupefacientes”, de la que adeudaba un año y dos meses.

Fue así que el juez Gandarillas le impuso a García una condena de dos años y dos meses, que deberá cumplir en su totalidad ya que fue declarado reincidente y, por ende, no podrá acceder a la “libertad condicional”.

Primera condena

En el otro juicio de la jornada, el gasista y plomero villanovense fue declarado autor penalmente responsable de “comercialización de estupefacientes” y recibió una sanción de tres años de prisión efectiva.

Alejandro Chiosso confesó ser adicto a las drogas y se hizo cargo de los hechos que lo llevaron a la cárcel en mayo del año pasado.

A la hora de los alegatos, el fiscal solicitó el mínimo de la pena prevista en el artículo 5º, inciso “c”, de la Ley Federal de Estupefacientes Nº 23.737.

Cabe señalar que dicha norma legal establece que “será reprimido con prisión de cuatro a 15 años y multa (…) el que, sin autorización o con destino ilegítimo, c) comercie con estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación o las tenga con fines de comercialización o las distribuya o las dé en pago o las almacene o transporte”.

Sin embargo, en octubre de 2016, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Provincia declaró “inconstitucional la escala penal para el último eslabón del comercio de estupefacientes” y sostuvo que el mínimo de cuatro años viola el principio de proporcionalidad de las penas y de igualdad ante la ley.

Al resolver un recurso de casación en la causa “Loyola, Sergio Alejandro, por supuesto autor de comercialización de estupefacientes”, el TSJ cordobés sentó jurisprudencia en la materia y cada vez que una persona es juzgada por ese delito, la Defensa invoca ese fallo y solicita que la condena sea de tres años, con lo cual el acusado queda a las puertas de la “libertad condicional”.

Eso mismo hizo el abogado de Chiosso, quien planteó la inconstitucionalidad de la escala penal y pidió una condena de tres años de cárcel.

Cuando concluyó el juicio, Alarcos inició los trámites para que se le otorgue a su cliente la “condicional” ya que lleva más de ocho meses entre rejas y se trata de un convicto primario que está en situación legal de acceder a dicho beneficio.