Los concejales PRO del bloque juntos por Villa María, Karina Bruno y Omar Coutsiers, presentaron ayer un proyecto solicitando al área de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura de la Municipalidad, que tome medidas con respecto a los baldíos. Puntualmente los ediles plantearon que se realice el desmalezamiento y limpieza del terreno ubicado en la intersección de las calles San Luis y 17 de Agosto, en el barrio San Martín.
Según los concejales, proceden de esta manera “tras recibir reclamos de los vecinos del sector, porque además de que el estado del sitio está afectando el ámbito donde viven, manifiestan que no reciben respuesta del MuniCerca Nº 3, que es dirigido por Marta Giusti”.
“Indirectamente, al no dar respuestas a los vecinos, tal como también semanas atrás lo hizo el director del MuniCerca Nº 1, Mario Cortez, cuestionamos la funcionalidad de los MuniCerca en general, ya que deben cumplir con el objetivo de extender áreas de Gobierno municipal a los vecinos, estar más cerca, y eso en cuanto a respuestas no está sucediendo”, argumentaron los ediles.
Ratificación del acta-acuerdo con el SUOEM
La oposición volvió a pedir por los facturantes
Sobre tablas y por unanimidad pese a que el oficialismo ignoró un pedido de la oposición, el Concejo Deliberante ratificó en la última sesión legislativa el acta-acuerdo que celebró el municipio y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) por la cual se fijó una suba salarial para los trabajadores de la comuna, a excepción de los facturantes.
Es el convenio por el cual el salario de los empleados tendrá un incremento del 18% con una cláusula gatillo a partir de julio que tiene en cuenta el Indice de Precios al Consumidor (IPC) en Córdoba.
Cuando esto llegó al recinto parlamentario, las tres bancadas coincidieron en darle el aval, pero el bloque Juntos por Villa María solicitó que se tenga en cuenta a los facturantes. Sin embargo, ningún concejal de Villa María para la Victoria-Partido Justicialista dijo palabra sobre este planteo y terminó el debate.
El primero en hablar fue el edil oficialista Carlos De Falco. Explicó que el aumento será en dos partes, un 12% que se liquida ahora con los haberes de marzo, y un 6% más desde junio, no acumulativo. En esa instancia “el convenio será revisado si el IPC Córdoba supera ese porcentaje, a efectos de mantener el poder adquisitivo” al ritmo de la inflación.
“El gremio y el Departamento Ejecutivo han negociado”, remarcó el concejal para considerar que ante esto, poco había por abordar desde el Concejo.
“Habiéndose dado un convenio, una paritaria, corresponde que lo ratifiquemos. Sí debemos velar por la legalidad y los intereses del Estado”, explicó y evaluó que lo acordado no pone en riesgo al municipio.
Desde la oposición, quien hizo uso de la palabra fue la radical Nora Landart. “Queremos solicitar que se transmita al Ejecutivo nuestra preocupación para que se contemple a personas que prestan servicios, los facturantes”, pidió, y se preguntó si el oficialismo acompañaría esta sugerencia.
Allí fue que la bancada justicialista y el bloque unipersonal de Mónica Lazos hicieron silencio y se terminó el tratamiento de este punto sin que surgiera formalmente este pedido al Gobierno.
