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“Es más que una irregularidad, están usurpando la institución”

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“Es más que una irregularidad, están usurpando la institución”
Fernández salió a mostrar esta situación, con la resolución en mano (foto gentileza Radio Vos)

LAS PERDICES – Cooperativa Eléctrica

Cristian Fernández presentó una denuncia y la Subsecretaría resolvió impugnar su remoción en la Asamblea Ordinaria de octubre pasado. La denuncia sería elevada al INAES

La documentación avala que Fernández debe volver al cargo en el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Las Perdices

El último presidente electo de la Cooperativa Eléctrica de Las Perdices Limitada, Cristian Fernández, denunció una serie de “irregularidades que atentan contra la entidad y los vecinos de la localidad”. “Es más que una irregularidad, están usurpando la institución”, marcó y refirió en la documentación.

En primer término, la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de la provincia, a cargo de Abraham Galo, resolvió hacer lugar a un pedido de impugnación de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 17 de octubre del año pasado, “por irregular e ineficaz a los efectos administrativos”.

Este pedido de impugnación fue realizado por Fernández y de manera simultánea, pero por su cuenta, por Víctor Gutiérrez, como socio particular.

La resolución, con fecha 11 de mayo fue notificada a la entidad de la economía social tres días después, según se desprende de los datos aportados a un cronista de EL DIARIO.

Fernández explicó que “todo se remonta a la asamblea de octubre del año pasado, cuando al tratarse el tercero de los cinco puntos previstos, el del Balance, todo comenzó a alterarse ante el pedido de un socio de que se vayan todos… Se generó un ambiente de euforias inexplicable, porque se expusieron rumores y diretes de la calle sobre supuestos desmanejos de fondos, que apuntaban hacia mí y al gerente (Lucas Sarú). Resulta que pasados unos cuantos minutos, se vota y se aparta a todos. Pero resulta que una socia mociona luego que regresen tres consejeros, cuando la Asamblea ya había quedado acéfala y no debía continuar. Y además el cuarto punto era precisamente la renovación parcial de autoridades (el quinto correspondía a la distribución de excedentes)”.

En ese marco fueron designados Aldo Broilo, Diego Perucca y Myriam Massari como nuevos consejeros.

 

La denuncia

El despojado presidente fue entonces cuando comenzó “la presentación de la denuncia, en noviembre, ante la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales”. Estimó que “estuvo parado por el receso estival de verano y en marzo se reactivó, llegando a esta resolución en mayo”, medida que entiende debió ser acatada y que tiene un plazo máximo de 45 días, los que ya se cumplieron y correspondería una nueva medida desde el ente fiscalizador territorial, o por ende, desde un nivel superior como es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Precisamente, hacia allá tiene pensado dirigirse Fernández, “si la Provincia (la Subsecretaría de Galo) no lo resuelve”. De todas maneras, entiende que “la denuncia ante el INAES podría afectar a la población porque hasta podría generar una intervención de la Cooperativa y eso puede causar la caída de algunos de los servicios que se prestan”, arriesgó. En ese aspecto, indicó que además del suministro de energía la entidad brinda servicio de telefonía fija y celular, venta de gas envasado, Internet y servicios sociales.

“Son demasiadas inconsistencias y con la resolución queda de manera ilegal la situación. Pero yo quiero salvar la intervención”, sostuvo Fernández.

 

Con escribana

Con la resolución de la Subsecretaría de Galo, Fernández contó: “Asistimos con una escribana y el supuesto presidente dijo que se tomarían cinco días para acatar, tras consultar al abogado”.

Sin embargo, quien aparece como el actual titular de la entidad, Aldo Broilo, expuso frente a la escribana pública, y consta en acta, que “conforme a lo manifestado por el asesor legal de la Cooperativa Eléctrica de Las Perdices Limitada, abogado Jorge Poggi, el Consejo de Administración hace uso del plazo legal de cinco días hábiles para que la resolución quede firme”, y luego agrega, recoge la notaria, que “es voluntad (de ese órgano directivo) acatar toda resolución proveniente del organismo mencionado (la Subsecretaría a cargo de Galo).

Acto seguido, es Fernández quien señala no estar de acuerdo con la decisión y se hace reserva de los derechos que le puedan corresponder.

 

Movida partidaria

En diálogo con este matutino, sostuvo luego que “se cumplieron todos los plazos y se ve que no era tal la voluntad”.

“Nos sacaron ilegítimamente en una Asamblea que fue alterada por una cuestión política”, dijo. Y en ese sentido, apuntó que “lamentablemente lo partidario se mete en la cooperativa desde siempre, aunque nunca lo promoví ni puse bandera alguna”. Apuntó que “el radicalismo se encargó de generar parte de esta movida y desde el propio Ejecutivo municipal se motivó. No cabe lo que hicieron”.

Fernández fue presidente de la Cooperativa desde 2009 a octubre 2017. Cuando ese grupo se apartó a partir de la Asamblea, “fui denigrado y señalado en la población. Era el presidente… por eso decidí llevar adelante la denuncia, un proceso nada fácil de encarar”.

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