El abogado laboralista Oscar Barroso y el titular de la CGT Villa María, Edgardo Garmendia, coincidieron en calificar al decreto de Macri como un retroceso para la legislación laboral

Si un trabajador sufre un accidente laboral o padece una enfermedad relacionada a su empleo, a partir de ahora tendrá que acudir obligatoriamente a la Comisión Médica que evaluará cuánto le corresponde de indemnización. Si bien puede haber apelaciones, una vez que falle esa comisión será cosa juzgada. Es decir que él no puede recurrir a la Justicia para que reconsidere su situación.

Esto, que había generado rechazo cuando lo aprobaron en la Cámara de Senadores, entró en vigencia merced a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Mauricio Macri y publicado en el Boletín Oficial.

“Nosotros ya habíamos anticipado que esto era un retroceso e, incluso, hicimos un comunicado con los abogados laboralistas”, dijo Edgardo Garmendia, titular de la CGT Villa María.

“No hay un programa serio de prevención de accidentes y siguen gobernando los que priorizan los negocios”, agregó. “El problema es que la CGT nacional no reacciona y, lamentablemente, gran parte del pueblo tampoco. Lo hemos comprobado en marchas que hicimos en Villa María, donde muchos, inclusive peronistas, no se comprometieron”, planteó. “En definitiva, ese decreto es un retroceso para los derechos de los trabajadores”, concluyó.

A su turno, Oscar Barroso, abogado laboralista, coincidió en que el DNU de Macri representa una “marcha atrás” a la legislación laboral.

Hizo un repaso de la normativa en materia de riesgos de trabajo, recordando que en 1996, cuando se aprobó la Ley 24.557 que crea el sistema de las ART, comenzó una historia de reclamos sin respuestas para los trabajadores. “Recién en 2004, cuando la Corte Suprema de Justicia dijo que eran inconstitucionales algunos aspectos de esa ley, la Justicia empezó a darles la razón a los trabajadores”, indicó.

“Ahora, el decreto de Macri vuelve atrás toda esa historia y reacciona con más fuerza en todos los aspectos que fueron declarados inconstitucionales”, dijo.

“El primer problema, es que a las ART no les importa ni la seguridad ni la integridad de los empleados. Las ART son los bancos, son los negocios financieros”, expresó.

“Los médicos que integran las comisiones no pueden determinar sobre algo jurídico y sin embargo, con este decreto, están habilitados para hacerlo”, agregó.

El otro grave problema es que lo que resuelva una comisión administrativa es “cosa juzgada”. “Es decir, si la comisión médica dictamina que un empleado tiene una incapacidad del 5% y por la necesidad el trabajador cobra esa incapacidad, se cierran todas las puertas para que vaya a la Justicia”, planteó.

Hay caminos para la apelación, dentro de las mismas comisiones médicas y en la Justicia, pero sin derecho a cobrar un peso. “Cuando pasó en el 96, el 90% de los casos fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia en Córdoba y antes, como ahora, no resulta fácil llegar a la Corte Suprema de Justicia. En el medio quedan los trabajadores, a los que no se les va a reconocer el precio de la pérdida de su integridad física”, concluyó.

“El repetido verso de la industria del juicio”

El argumento con el que el Gobierno nacional defiende el Decreto de Necesidad y Urgencia es el de “acabar con la industria del juicio”.

Sobre el particular, Barroso fue explícito: “El verso de la industria del juicio empezó a nombrarse en 1976 ¡Vaya casualidad! Los defensores del neoliberalismo empezaron a dirigirse a doña Rosa, como fue el caso de (Bernardo) Neustad, hablando de la industria del juicio. ¿Eso qué quiere decir? ¿Significa que un trabajador se cae de un sexto piso a propósito? O significa que tiene derecho a hacer juicio si por la caída se queda incapacitado y sin trabajo”, planteó Barroso.

“Si cumplieran con la ley, no habría lugar a ningún juicio”, dijo el letrado.

“Deberíamos tener memoria para recordar cómo hicieron negocios con el verso de la industria del juicio”, concluyó.

El POLEMICO DNU

Es obligatori
 y excluyente la actuación de las comisiones médicas en cada jurisdicción.

Si una de las partes
(por ejemplo, la ART) apela el fallo de la comisión jurisdiccional, el trabajador, salvo dos excepciones, no podrá cobrar un peso hasta que resuelva la comisión central.

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