Asamblea contra la Corrupción – La entidad emitió un documento por la próxima concesión del servicio de agua
En un extenso documento, la Asamblea hizo un pormenorizado detalle de sus actuaciones ante las presuntas irregularidades de la Cooperativa 15 de Mayo y lamentó que el servicio pueda volver a quedar en sus manos
Aunque el Ejecutivo aún no envió el proyecto con la figura jurídica definitiva que va a adoptar para la nueva concesión del servicio de agua y cloacas, la Asamblea contra la Corrupción dio por sentado que será la Cooperativa 15 de Mayo la elegida. En base a ese pensamiento, la entidad presidida por el abogado Manuel Sosa hizo llegar a nuestra Redacción un extenso documento en el que hace un detallado repaso por las acciones y denuncias que formuló ante las supuestas irregularidades de la concesionaria del servicio.
A la vez, considera que “la desgraciada conclusión de este vodevil es que nada va a cambiar” y en muy duros términos cuestiona al Ejecutivo por -a su juicio- renovarle la concesión.
“El 4 de mayo de 2015, la Asamblea contra la Corrupción solicitó a la UTN Villa María la realización de un análisis de agua extraída de la boca del desagüe al río Ctalamochita de la planta depuradora de líquidos cloacales, administrada por la Cooperativa 15 de Mayo. El resultado de dichos análisis dio niveles catastróficos de elementos contaminantes que se tiraban al río, con gravísimos perjuicios ambientales.
Como consecuencia de ello, se pidieron nuevos análisis en este caso a la Universidad Nacional de Córdoba, que dieron resultados similares.
Viendo la magnitud del desastre ambiental, el 15 de mayo de 2015 se hizo una denuncia administrativa ante la Secretaría de Ambiente de la Provincia, que ordenó la participación de Policía Ambiental que se constituyó en la planta depuradora y realizó extracción de líquidos cloacales.
Corroborados los niveles de contaminación ambiental con estos estudios, el director de Policía Ambiental hizo una denuncia penal, que recayó en la Fiscalía de Instrucción de 2º Turno de esta ciudad, a cargo de Silvia Maldonado de Negretti (rector de la UNVM y fiel escudero del intendente de Villa María).
En julio de 2015, la Asamblea denunció ante la misma Fiscalía a las autoridades de la Cooperativa por la supuesta comisión del delito de estafa, en razón de que cobraba por un servicio que no se brindaba, ya que según la información colectada, los aireadores en su gran mayoría no funcionaban, los niveles de consumo de electricidad eran muy bajos, evidencia de que los aparatos no eran usados, y otros elementos de prueba aportados a la causa penal.
Asimismo, la Asamblea presentó una denuncia administrativa ante el Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia (ERSEP), que envió una inspección a la planta depuradora, que dio pésimos resultados. El ERSEP hizo un sumario administrativo y aplicó una multa millonaria a la Cooperativa, que desconocemos si fue abonada e intimó a subsanar las graves fallas encontradas.
El ERSEP había prometido ir hasta las últimas consecuencias en este asunto, dado el grave daño ambiental causado, pero presiones políticas del ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López, exfuncionario kirchnenista y otorgador del dinero con el que se construyó la planta y se seleccionó a las empresas proveedoras de los aireadores, entre otros elementos, hizo que el ERSEP se llamara a silencio.
La fiscal no tomó medidas adecuadas para el progreso de la investigación, que tuvo congelada más de un año, y un día resolvió ordenar una nueva pericia sobre los desechos cloacales, avisándole a la Cooperativa con un largo tiempo de anticipación, la fecha en que se haría el control. Salvando las distancias, es lo mismo que decirle a un narcotraficante que día se lo va a ir a allanar.
Obviamente, el resultado fue óptimo, tarea nada difícil ya que solo era cuestión de pedirle a los grandes contaminadores que no envíen líquidos contaminantes a la red por unos días.
La causa penal sigue sin resolución, pero es evidente que la ciudadanía no puede tener muchas esperanzas de que los miembros de la Cooperativa vayan a ser procesados.
Además, se le informó a la fiscal que la concesionaria del servicio de agua contrataba a una sociedad llamada Contrataciones y Obras, integrada por los mismos miembros de la Cooperativa que se autocontrataban, que facturaba servicios a su único cliente, la 15 de Mayo. De ese modo, se disminuían las ganancias de la Cooperativa, para mostrar balances más pobres y poder de ese modo seguir aumentando la tarifa.
La Asamblea a través de varios de sus integrantes, en razón de que a ese momento no tenía personería jurídica, inició una demanda civil en contra de la Cooperativa, para que devolviera a los usuarios el dinero percibido por mantenimiento de la planta depuradora.
La causa fue iniciada en el Juzgado a cargo de Alberto Domenech, quien se apartó, previo conceder una cautelar por pocos meses, argumentando que era usuario del servicio y por lo tanto no podía intervenir.
El expediente pasó al Juzgado de a cargo de Fernando Flores, quien rechazó el apartamiento y por lo tanto el expediente fue a la Cámara Civil de la sede, que resolvió que el caso le correspondía a Flores. La Asamblea recusó al juez, ya que lo considerábamos demasiado cercano al exintendente (Eduardo) Accastello y el expediente fue al Juzgado a cargo de Augusto Cammisa, quien informalmente había dicho que se iba a apartar porque también era usuario del servicio, pero a la hora de decidir, dictó una criminal resolución diciendo que previo a demandar a la Cooperativa, los demandantes debieron hacerle un reclamo administrativo, como si fuera un organismo del Estado, lo que es una barbaridad.
Los demandantes apelaron la resolución de Cammisa, quien fue ascendido a camarista y por lo tanto no podía firmar la sentencia de la Cámara, que finalmente fue firmada por Marcelo Salomón, juez de la Cámara del Trabajo, y por el juez Coppari, que hizo lobby en Córdoba para que Cammisa fuera ascendido.
El resultado era previsible, la Cámara confirmó que los demandantes tenían que presentarle un recurso administrativo a Mario Valenti, presidente de la Cooperativa, como si fuera un funcionario del Estado. Un mamarracho pocas veces visto.
Para no parecer tan descarada, ya que la opinión pública ha condenado a la Cooperativa y a Accastello por los desmanejos denunciados, es que comenzó a operar con el nombre de fantasía ‘Aguas de Villa María’ y cambió de presidente, colocando en ese cargo a Jorge Costa, hombre que siempre participó de la conducción de esa empresa.
La Municipalidad intervino la Cooperativa, en lo que parecía un intento para limpiar la carroña, pero a la hora de decidir se achicó o quién sabe qué pasó, y ahora decide concederle 10 años, con opción a cinco años más, para que estos señores, un núcleo de conducción de media docena de personas, sigan siendo los dueños del agua y de la planta depuradora de la ciudad, como si hubieran sido grandes y honestos administradores, como si no hubieran mentido jamás a los vecinos diciéndoles que la planta funcionaba perfectamente, como si no hubieran contaminado el río y lo sigan haciendo, ya que las obras prometidas nunca se realizaron; como si no se hubieran autocontratado para ocultar ganancias.
La desgraciada conclusión de este vodevil, de esta comedia intrascendente, es que nada va a cambiar, seguirán siendo los dueños de nuestros destinos los mismos pícaros de siempre, los que desde hace años hacen negocios a partir de la política, los que eran humildes ciudadanos y ahora son millonarios, y ojo con quejarse, porque ya sabemos cómo saldrán las sentencias.
Este Gobierno municipal comerá muchas hostias, pero tiene demasiados quioscos y no sigue las enseñanzas de Jesús, ni las del Papa Francisco, quien acaba de denunciar el juego de los poderes del Estado para dañar a la sociedad.
Al pueblo nos queda sólo seguir esperando, quizás algún día llegue la hora de la verdadera Justicia, en la que los ladrones vayan a la cárcel y los honestos gobiernen”, dice el texto completo del documento.
