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“La ilegalidad nos cuesta a todos”

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“La ilegalidad nos cuesta a todos”
Navarro se retiró del recinto y Bruno lamentó su ausencia

La frase la pronunció Bruno al rechazar el acompañamiento de tres acuerdos por juicios contra la Municipalidad

Navarro se retiró del recinto y Bruno lamentó su ausencia

En soledad, el bloque de la minoría se negó a acompañar tres proyectos enviados por el Ejecutivo relacionados con el Impuesto a la Valija. Se trata de las ratificaciones de un convenio de pago de honorarios con el abogado Miguel Alé; de un acuerdo con AMX Argentina SA, y de un acuerdo celebrado en el Centro de Mediación Judicial entre la Municipalidad y AMX Argentina SA.

Los tres fueron tratados en conjunto y aprobados por el oficialismo y el bloque escindido Compromiso Comunitario de Mónica Lazos.

Antes de que el presidente del bloque Villa María para la Victoria, Carlos De Falco, fundamentara las iniciativas, la edil Verónica Navarro, sin mediar palabra ni justificativo, abandonó la sesión legislativa. Más adelante, al argumentar la negativa de su bancada de acompañar los proyectos, la presidenta del bloque Juntos por Villa María, Karina Bruno, lamentó la ausencia de Navarro porque consideró que “debería dar explicaciones a los villamarienses” por el dinero que ahora debe pagarse en estos juicios.

“La ilegalidad le cuesta plata al municipio, hoy nos cuesta a todos más de un millón de pesos”, señaló Bruno en sala, después de mencionar una serie de argumentos legales sobre el Impuesto a la Valija.

“Esto se vino negando sistemáticamente por la Municipalidad cuando fue reclamado por los anteriores concejales y tribunos de Cuentas”, agregó.

El motivo de la auditoría

Luego, concluida la sesión, la edil recordó que en diciembre pasado ya habían rechazado un proyecto similar.

“No acompañamos ninguno de los tres proyectos, ya dijimos que no en diciembre. Venimos cuestionando este tema hace mucho tiempo, no sólo en forma personal, sino también los concejales y tribunos de Cuentas anteriores”, afirmó.

“Esta era una de las cuestiones por las que pedimos una auditoría externa, porque queríamos saber qué estaba recibiendo esta gestión municipal en concepto de deudas y de compromisos a pagar, porque sabíamos de la existencia de numerosos juicios de lo que se denominó Impuesto a la Valija, que en su momento fue negado públicamente, como lo cité en sala, y se dijo que no había juicios”, remarcó.

“Hoy vemos no sólo que hay, sino que hay varios por venir, que le siguen costando muchísmo a la gente. Considero que fue una aventura de la administración pretender cobrar algo que claramente la Justicia dijo en sus fallos que era ilegal, porque no correspondía en la prestación de los servicios municipales encuadrar lo que sería una tasa, ya que excede su ámbito de competencia, y se generaba una doble imposición al cobrar un tributo que ya se estaba pagando a nivel nacional por otro concepto”, explicó.

“El año pasado hice declaraciones en un medio en el que aclaré el por qué de la necesidad de una auditoría, y dije entre otras cosas que era porque sabía que eran numerosos estos juicios, que no estaban cuantificados. Navarro contestó ese planteo diciendo que yo desconocía el funcionamiento municipal y que no había juicios. Lamento que la concejala Navarro se haya ausentado del recinto, me hubiera gustado que le dé explicaciones a toda la ciudadanía de por qué se decidió hacer lo que se hizo y ahora tenemos las consecuencias”, sostuvo Bruno.

“Creo que esto va a merecer un análisis profundo de las responsabilidades que tuvieron los funcionarios de ese momento y que ahora le está costando a los villamarienses mucha plata que deja de destinarse a otras cosas”, subrayó.

“Lo que pasó hoy (por ayer) en la sesión le costó a Villa María más de un millón de pesos, es plata para honorarios por algo que la administración municipal hizo mal, que era una ilegalidad y que ahora tiene consecuencias económicas. Esta plata podría estar destinada a otras cuestiones mucho más importantes y necesarias”, reiteró.

“Uno de los acuerdos costó 600 mil en honorarios, otro costó 20 mil en honorarios de mediadores y el tercero costó entre honorarios e IVA más de 459 mil pesos, es decir que los tres proyectos hoy le costaron a la gente casi 1,1 millón de pesos sólo en honorarios, después está lo que se tuvo que devolver, y los otros juicios”, detalló.

“Ahora aquellos que dijeron que no había juicios, son los que en la Comisión de Acuerdos nos pidieron que acompañáramos un acuerdo judicial para arreglar los juicios que supuestamente no existían”, añadió.

“Además, esto tenía un paralelo, porque se había contratado un estudio jurídico en 2007 que les costó a los villamarienses fortuna, ya que cobró en 2015 más de 5 millones de pesos en honorarios, y en otro período otros 12 millones de pesos. Esto está en las órdenes de pago, son datos objetivos”, señaló la edil, quien para finalizar recordó que “le pagaron a alguien para que asesorara en hacer la ilegalidad que realizaron, porque se contrató al estudio de Villegas Ninci para cobrar estos juicios”.

 

Cuestiones judiciales a solucionar

“Se aprobaron tres convenios, uno que es un desistimiento recíproco de la Municipalidad y de la firma AMX demandante por el tributo de las ventas que se realizan en la ciudad pero que se facturan en otras jurisdicciones, y otros dos convenios que son pagos de honorarios por juicios de nulidad de esa resolución. Son tres procedimientos que mandó el Ejecutivo con tres acuerdos a los que arribó la Asesoría Letrada por juicios iniciados contra la Municipalidad por el Impuesto a la Valija”, explicó Carlos De Falco fuera de sala.

“Estas son cuestiones judiciales que la Municipalidad tiene que solucionar, me parece bien la decisión de afrontar estos juicios para que en esta gestión se pueda terminar con esta situación, se están tratando de conciliar estos temas para que se vayan solucionando”, señaló.

“Hay muchos contribuyentes que se allanaron y pagaron en su momento, de hecho el cobro de este tributo fue legal durante un tiempo y lo cobraban muchas otras municipalidades, incluida la de Córdoba. Si una empresa para vender sus productos usa servicios, estructura, calles de la ciudad, me parece que es justo que le cobren tributos”, dijo el concejal.

De Falco estimó que restan entre 15 y 20 juicios por el Impuesto a la Valija, aunque dijo que el dato preciso lo tiene la Asesoría Letrada.

“No todos son para reposición de capital, para eso son muy pocos, casi todos son pagos de honorarios. Es cierto que le cuesta dinero al Estado municipal estos pagos, pero también es cierto que le ingresó dinero por este concepto y muchas empresas se allanaron”, concluyó.

 

 

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