Allanamientos por evasión fiscal – Tras el análisis de la documentación secuestrada

Sería por los presuntos delitos de intermediación financiera y asociación ilícita, cuyas penas van de uno a tres años y de tres a 10 años de prisión, respectivamente

La Justicia Federal de Villa María resolvió imputar a 14 personas de la ciudad y la región por los supuestos delitos de intermediación financiera y asociación ilícita, según trascendió ayer de fuentes judiciales.

Esta medida procesal habría sido dispuesta después de analizar la documentación que fue secuestrada en distintos allanamientos realizados en Villa María y James Craik, relacionados con una mutual que funciona en la calle General Paz al 200 de nuestra ciudad, y que incluyó a estudios contables y jurídicos de los asesores de los responsables de dicha mutual.

Cabe recordar que en mayo pasado, el juez Roque Ramón Rebak ordenó una serie de allanamientos, en el marco de una investigación por el presunto delito de evasión fiscal, llevada adelante por el Juzgado Federal de Villa María.

En esa oportunidad, más de 70 inspectores de AFIP y casi un centenar de efectivos de Gendarmería Nacional allanaron estudios contables, jurídicos, mutuales -entre ellas la de General Paz al 200- y domicilios particulares de Villa María, Villa Nueva y James Craik, en los que secuestraron casi 27 millones de pesos entre cheques y efectivo (incluidos unos 159 mil dólares), además de gran cantidad de documentación, teléfonos celulares, tablets, pendrives y CD.

Personal de la AFIP analizó la documentación secuestrada para darle a Rebak los elementos necesarios para definir si imputaba o no a los sospechados del delito de evasión.

Siempre según las mismas fuentes, el juez decidió estas 14 imputaciones, entre las que se encontrarían la de Fernando Ateca, quien está al frente de la mutual, y uno de sus asesores, Delfin Polack, actual presidente del Ente de Control de Servicios Públicos. También estarían imputados algunos de los empleados, los abogados y contadores de la entidad.

La Justicia Federal está de feria, pero el primer día hábil de funcionamiento comenzaría el procesamiento de estas imputaciones que dispuso la Justicia Federal de Villa María a 14 personas, la mayoría de ellos, empresarios, abogados y contadores.

Según el Código Penal, la intermediación financiera es un delito grave que prevé penas de 1 a 4 años, y se produce cuando una empresa, sin tener autorización para hacerlo, funciona como un banco. La situación se agrava si a ese delito lo cometen entre tres o más personas, por eso está la imputación de asociación ilícita, que tiene una pena mayor, que va de 3 a 10 años de prisión, es decir que podría no ser excarcelable.