La Cámara del Trabajo de Villa María falló a favor de una trabajadora que facturaba sus servicios de maestranza en la Municipalidad de Villa María. La Justicia ordenó al Estado local que le pague una indemnización según lo dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo, norma madre de las relaciones laborales del sector privado
María del Carmen Ledesma le servía cada mañana el café al intendente de la ciudad. También limpiaba baños y hacía otras tareas propias de un empleado municipal del área de maestranza. Pero no tenía recibo de sueldo. Ella era, como tantos otros, facturante de la Municipalidad y con lo que ganaba -menos de la mitad que un empleado que cumple la misma función- debía pagarse ella misma sus aportes como monotributista.
Así transcurrieron sus años de trabajo en la Municipalidad, desde 2007 a 2010, cuando le dijeron que no fuera más. “En una relación de este tipo no hay un despido formal, por lo que tuvo que mandar los telegramas para acreditar que se daba por despedida”, explicó el abogado laboralista Elías Achad (foto).
Ese mismo año, la mujer con su letrado inició la demanda contra la Municipalidad.El tema no era sencillo jurídicamente, porque el ordenamiento legal argentino establece que los empleados del sector privado están protegidos por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y para hacer un reclamo, la Justicia dispone de jueces específicos y una Cámara Laboral. En cambio, los empleados públicos, si tienen que realizar un planteo jurídico, deben acudir al fuero Contencioso Administrativo. “El caso de esta mujer, que facturaba servicios, estaba en una especie de limbo legal. No había un instrumento que la formalizara desginándola como empleada pública y no estaba tampoco comprendida en la LCT porque trabajaba para el Estado”, explicó Achad. “Y a contramano del criterio doctrinario mayoritario y de los antecedentes jurisprudenciales, decidimos ir ante el fuero laboral”, agregó.
Así fue que, pese a que la Municipalidad presentó un recurso de incompetencia jurisdiccional (para que se sustanciara en el fuero Contencioso Administrativo), el juicio siguió su curso.
Se tomaron audiencias ante la Cámara del Trabajo presidida por Osvaldo Mario Samuel, declararon testigos y se presentó prueba que ratificó que Ledesma trabajó cumpliendo un horario en la Municipalidad, que tenía superiores y recibía órdenes. Es decir, era una empleada y no alguien que factura servicios.
Sin embargo, la Cámara indicó que por tratarse de un trabajador del Estado, no le correspondía emitir un fallo.
Frente a esto, Achad en representación de Ledesma, fue con el expediente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que, en un plazo “relativamente rápido” ordenó a la Cámara que fallara. “El TSJ, con antecedentes de fallos de aquella Corte Suprema ´buena`, es decir, la que tenía entre sus integrantes a Carmen Argibay, entre otros, devuelve el expediente a la Cámara villamariense indicándole que si ya se había tramitado el juicio en su totalidad, no tenían más que emitir su fallo”, dijo Achad.
El juez Samuel, en “una sentencia progresista e innovadora”, ordenó a la Municipalidad que indemnice a la mujer en base a lo establecido en la LCT. “Es decir, un mes por cada año trabajado, más el mes de preaviso; más las sanciones por haberla tenido de manera irregular” que es alrededor de un 150% más. “La cifra es importante para la trabajadora, y no va tanto para la Municipalidad”, señaló Achad.
El camino fue largo y sinuoso. Mientras el expediente circula por los pasillos de Tribunales en Córdoba y Villa María, pasaron seis años en los que la familia Ledesma tuvo que soportar las consecuencias del desempleo.
¿Apelarán?
EL DIARIO consultó a Oscar Barroso, asesor letrado de la Municipalidad, quien dijo que se reunirá con el jefe de Gabinete, Héctor Muñoz, para determinar si toman la decisión de plantear un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia. “Todavía no se ha decidido”, indicó el funcionario.
