El Departamento Ejecutivo Municipal envió ayer al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que tiene por finalidad evitar el uso de agroquímicos derivados del glifosato en el ejido urbano, a la vez de concientizar sobre los daños para la salud que puede implicar su utilización en zonas pobladas.

En su articulado, el proyecto prevé la prohibición de “utilización de herbicidas de síntesis química, en paseos, plazas, parques y jardines, entes públicos o privados, clubes, hoteles y cabañas con espacios parquizados, instituciones educativas, bordes de caminos, de vías, de canales, cunetas, cementerios, entre otros lugares y espacios de concurrencia masiva”.

El responsable de la Dirección de Ambiente y Saneamiento del municipio, Germán Tissera, explicó que el proyecto busca ampliar la zona de restricción que ya existe para la aplicación de este producto.

“En concordancia con las decisiones de otros municipios, tomamos la iniciativa de ampliar la zona de restricción para mejorar la calidad de vida de los villamarienses”, señaló.

La fundamentación está dada porque la Organización Mundial de la Salud (OMS), con numerosos estudios científicos como respaldo, ha incorporado al glifosato en las sustancias probablemente cancerígenas para humanos. Además, este principio activo es el más utilizado en herbicidas, tanto en agricultura como en entornos urbanos.

El proyecto de ordenanza también faculta al Ejecutivo para realizar campañas de concientización sobre los tratamientos alternativos para el control de malezas e insectos. La medida tiende a lograr una mejor calidad de vida de los habitantes a partir de la defensa del medio ambiente. En ese sentido, también prevé la celebración de convenios con Senasa y el Conicet para control y estudio del suelo, agua y aire.

En caso de incumplimiento, el texto que se pone a consideración del Legislativo establece multas que van desde 100 a 250 unidades, además de acciones reparadoras en caso de daño a especies vegetales comprobado. Lo recaudado será destinado a un fondo especial para la realización de campañas de concientización sobre esta temática.

Por último, la iniciativa faculta a la Dirección de Ambiente y Saneamiento como autoridad de aplicación y contralor, estableciendo la potestad de actuar de oficio.