El equipo económico nacional se propone provocar una baja en los precios, a partir de la obligatoriedad de los comercios de exhibir al público los precios de contado y los precios finales para las compras en cuotas. Se parte de la creencia de que ello generará una competencia. De no producirse el efecto deseado, se invocan fuertes multas y hasta la posibilidad de abrir aún más la importación. Hubo contrapuntos y un analista local hace una defensa de los comerciantes, ya que sostiene que eran ellos los que “bancaban” los pagos en cuotas, mientras los bancos se anotaban las ganancias

Sigamos día a día la evolución de la noticia, para ir despejando las nubes que la acompañaron:

El miércoles 25,

el ministro de Producción, Francisco Cabrera, anunció que desde el 1 de febrero (pasado mañana) los establecimientos comerciales estarán obligados a diferenciar claramente el precio de contado de los productos del precio en cuotas y a explicitar el costo financiero total de la operación, para este último caso.

Fue en una conferencia de prensa que ofreció en la Casa de Gobierno, junto con el secretario de Comercio, Miguel Braun. En ese ámbito el ministro señaló que la medida tiene por objeto dar una mayor “transparencia” a los precios, incentivar el consumo en Argentina porque representa alrededor de 80% del PIB, y “generar competencia”.

Cabrera explicó además que se considerará pago al contado el efectuado con efectivo, débito o crédito y otros medios de pago electrónicos en un pago.

Anticipó seguidamente que los planes “Ahora 12” y “Ahora 18” se mantendrán sin cambios y que los comercios que los ofrecen también deberán exhibir al cliente el costo financiero total.

Por su parte, Braun aseguró que el impacto más importante de la medida es que van a bajar los precios de contado de los productos. Después de señalar que antes de tomar esta decisión “se consultó a todos los actores relevantes del mercado”, dijo que involucra comercios que venden bienes durables y no tanto a los supermercados, que no venden tanto en cuotas.

Braun remarcó que la resolución prohibirá promocionar como “sin interés” la venta de algún producto que tenga un financiamiento implícito. En ese sentido, adelantó: “Cualquier incumplimiento que sea detectado por inspectores de Defensa del Consumidor o por algún consumidor será severamente penado”.

Para ello se podrá hacer la denuncia a la Dirección de Nacional de Defensa del Consumidor, a través del número 0800-666-1518, y se podrán aplicar multas de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor y a la Ley de Lealtad Comercial de hasta cinco millones de pesos, advirtió el secretario de Comercio.

Y destacó que, según estimaciones del Banco Central de la República Argentina, “se podría esperar una reducción de precios de entre 15% y 20%”, al eliminarse el valor del financiamiento que está incluido en los precios.

El jueves 26,

la mentada resolución aparecería efectivamente publicada en el Boletín Oficial, pero en medios de prensa de esa misma jornada ya se podían leer declaraciones del secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Miguel Grinman, en las que se minimizaba la posibilidad de que la medida ayude a bajar los precios y la inflación.

Ambas cosas ocurrían por la mañana. Y por la tarde, como con cierta bronca por las repercusiones, el ministro Cabrera advirtió que el Gobierno abrirá más las importaciones para «fomentar la competencia» en caso de que los comercios incrementen los precios de los productos que venden como consecuencia del plan de «transparencia» anunciado.

«Si esto fuera así (que se verifiquen aumentos de precios), vamos a incentivar la competencia. Hay tres herramientas para hacerlo, y la que es a corto plazo y mucho más efectiva es la competencia por el comercio internacional; es decir, la apertura para que se compita con artículos importados cuando se disparan algunos precios en el mercado interior», explicó.

Asimismo aseguró que los comercios que incumplan con esta resolución «tendrán sanciones de hasta cinco millones de pesos porque están incumpliendo la Ley de Lealtad Comercial» y afirmó que la Secretaría de Comercio «tiene la responsabilidad y obligación de controlar”.

“Vamos a cumplir con lo que tenemos que cumplir, que es controlar esta resolución», lanzó.

El viernes 27,

distintas cámaras que agrupan a Pymes nacionales cuestionaron la advertencia del ministro de Producción, de abrir importaciones para contener precios, y coincidieron en señalar que así se perjudica a la industria y no se favorece el comercio.

El Movimiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino afirmó que Cabrera «entregó el mercado a bancos y a las corporaciones extranjeras».

Los referentes de ese nucleamiento, Leo Bilanski y Marcelo Siddig, dijeron estar «de acuerdo en transparentar los precios, pero rechazamos el fin del ‘Ahora 12’, debido a que se desvirtúa totalmente, ya que aplicaba solamente a artículos nacionales y a cuotas sin interés».

«Decretan el fin del programa, por lo tanto, van a pagar en cuotas más caras productos que no necesariamente van a ser industria nacional, con lo que arrancamos 2017 orientando el mercado hacia el sector importador», indicaron.

La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), en tanto, se declaró en estado de alerta a través de un comunicado, en el que sostuvo que la declaración de Cabrera «de una mayor apertura de las importaciones para bajar la inflación no es una amenaza del Gobierno, sino una realidad y una política de Estado».

«La verdad no entendemos estas declaraciones. Esto afecta a la industria y no al comercio, que va a seguir vendiendo productos importados y con esto simplemente aumentará aún más sus ganancias, sin bajar los precios», afirmó Marcelo Fernández, de la CGERA.

En tanto, el presidente de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA), Ariel Aguilar, aseguró que el ministro «no conoce muy bien cómo funciona el comercio, ya que en caso de aumentar los precios un comerciante no discrimina entre nacional e importado y nada tiene que ver con esto la producción nacional».

«Este desconocimiento es alarmante por parte de un ministro, y es increíble que nos hablen de crear empleo cuando hacen todo para destruirlo en un plan muy claro», dijo el dirigente empresario.

Por su parte, el secretario general de la Cámara de Pequeñas y Medianas Industrias Metalúrgicas (Camima), Aldo Lo Russo, sostuvo que «con abrir más las importaciones no hay soluciones porque acá la cuestión pasa por los comercios y no por la producción industrial».

Agregó que «el Gobierno sigue apostando al mismo camino, que sabemos que nos lleva directamente a una profunda crisis de producción y empleo».

El sábado 28,

regresó “a la cancha” el secretario de Comercio, Braun, para sostener que los precios «van a ir bajando, no necesariamente un 15%», porque «tal vez algún comerciante se va a querer avivar y decir ‘subo el precio'».

Ante ello, consideró que «habrá que ponerse más vigilantes».

El alto funcionario del equipo económico remarcó que «acá lo que tiene que primar es la competencia» y por eso «la gente va a ir al comerciante que tiene mejores precios; los comerciantes son vivos, pero los consumidores también”.

Así llegamos al fin de semana,

con una andanada de dichos y entredichos, por lo cual buscamos la voz de un analista que en muchas ocasiones, de una manera u otra, colabora con Peso específico, el contador Darío Poncio. Para él, “se generó demasiada expectativa en el anuncio inicial, cuando se dijo que los precios bajarían entre un 15% y un 20%”.

“Por eso tuvieron que salir rápidamente horas después a hacer las aclaraciones”, comentó.

El profesional explicó que la mayoría de los comerciantes no le cargaba porcentaje alguno a la venta en cuotas, porque el que le financiaba era el Gobierno a través del banco, aunque el banco le cobraba un 3%. “El que tenía bancar, el que bancaba, era el comerciante. Y el que ganaba era el banco, que ahora estimo que va a ganar más todavía”, deslizó.

Sobre el mismo tema, el contador y analista Poncio dijo entender que “esto puede beneficiar al que paga al contado o con tarjeta en un solo pago e ir en detrimento del que necesita pagar en cuotas”.

Desde el miércoles rige esta “transparencia”, esta “glásnost”, diría Mijaíl Gorbachov. Y habrá que ver si los precios se “revolucionan” a la baja o todo sigue como entonces.

OPINIONES

“En caso de aumentar los precios un comerciante no discrimina entre nacional e importado y nada tiene que ver con esto la producción nacional”.

Ariel Aguilar, presidente de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA)

“Con abrir más las importaciones no hay soluciones, porque acá la cuestión pasa por los comercios y no por la producción industrial» .

Aldo Lo Russo, secretario general de la Cámara de Pequeñas y Medianas Industrias Metalúrgicas (Camima)

“Es indudable que los precios están inflados, por lo que me parece positivo que exista un precio menor para el pago al contado. Claro que se debe tener presente que Contado no es sinónimo de efectivo, es sinónimo de un pago. El precio menor tiene que regir también para un pago con tarjeta. Pero nada va a bajar si el Gobierno luego no controla a las marcas y cadenas generadoras de precio… El Gobierno debería controlar que se cumpla el esquema de todos los precios cuidados. La mayoría de los artículos no se encuentra en las góndolas de los supermercados… si en verdad le preocupa el nivel de los precios, El Gobierno no puede seguir autorizando aumentos del combustible como los viene haciendo. En el mundo el precio baja y acá no deja de subir, es un absurdo.
Sale más caro trasladar mercadería del norte del país al puerto de Rosario que desde Rosario hasta el puerto de Amsterdam”.

Héctor Polino, exsecretario de Comercio, exdiputado nacional, presidente de Consumidores Libres