Referentes de diversas organizaciones protagonizarán el encuentro que se pronunciará en contra del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia

Convocada por organizaciones políticas, sociales, culturales y gremiales locales, proponen para mañana a las 20 una marcha de repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró aplicable el beneficio del cómputo del 2×1 para un condenado por delitos de lesa humanidad.

Los impulsores del encuentro, que tendrá como escenario central a la plaza Centenario (proponen concentrarse a partir de las 18), definieron anoche en la sede del Centro de Empleados de Comercio los detalles organizativos de la actividad, que se realizará en consonancia a otras previstas en distintas ciudades del país.

Este medio pudo saber que durante el encuentro se hará lectura de un documento alusivo.

«El fallo del 2×1 para los genocidas es tirar por la borda 40 años de lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, dejando que estos tipos que violaron, mataron, torturaron y robaron bebés y bienes de los desaparecidos puedan salir sin cumplir la sentencia que la Justicia les ha impuesto debido a estos graves delitos cometidos», expresó Roberto Battaglia, integrante de la comisión organizadora de la iniciativa.

«Se va a hacer en la capital, también en Córdoba y queremos hacer acá una movilización repudiando estos hechos por los que ya se ha expresado gran parte de la ciudadanía», dijo el consultado por este matutino.

Estado cómplice

«Nosotros entendemos que esta decisión (el fallo de la Corte) ha sido tomada entre el Ejecutivo nacional, la Corte y la injerencia de la Iglesia que hace poco llamó a la conciliación. Lo notable es que todo se ha dado en un solo acto».

«Creemos que esto tiene como objetivo por un lado cumplir con el compromiso electoral que el gobierno vigente asumió con los sectores de derecha más reaccionarios. Por otro, nos llevan a discutir algo que estaba saldado y dejamos de hablar de todo lo que ocurre hoy en cuanto a política económica y social en perjuicio de los sectores más postergados y beneficio de una minoría», señaló Battaglia.

El integrante del Comité por la Libertad de Milagro Sala opinó que la detención arbitraria de la militante social fue una «experiencia piloto para lograr objetivos con la Justicia, sin ningún fundamento que la sostenga».

«Hablando de cómplices de la dictadura, en definitiva, el Ejecutivo al participar en esto (a través de la injerencia de los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti) se está autoabsolviendo porque la instancia que queda de investigar, enjuiciar y condenar es a los socios civiles de la dictadura, donde un número importante de los CEO que integran el Gobierno vienen de las empresas que actuaron en complicidad con los golpistas, ofreciendo su infraestructura para que secuestraran, robaran y torturaran», redondeó para cerrar.