La Asamblea contra la Corrupción y la Impunidad presentó al nuevo intendente un pedido con una serie de “recomendaciones” sobre medidas que debería tomar para que pueda esclarecerse el manejo de fondos que hizo el anterior mandatario municipal

La Asamblea Contra la Corrupción y la Impunidad presentó ayer por la mañana en la Municipalidad un pedido de solicitud de auditoría externa, mediante una carta dirigida al intendente Martín Gill con el objeto de “recomendar” que tome las medidas necesarias para facilitar la investigación y esclarecimiento del manejo de fondos que hizo la gestión saliente de Eduardo Accastello.

El comunicado presentado, que lleva la firma de los integrantes de la Asamblea, indica que “una de las mayores demandas de la sociedad es la transparencia en el manejo de los fondos públicos para revertir la percepción generalizada de profunda corrupción que ha desvalorizado las normas jurídicas y las instituciones públicas”.

En ese sentido, consideraron que “en Villa María se ha llevado adelante una ingeniería societaria paralela al municipio sin más justificación que evadir el alcance de la Carta Orgánica Municipal y el control correspondiente a los miles de millones de pesos que arbitrariamente los gobiernos nacional y provincial enviaron a la ciudad”.

Esta situación, sostienen, la dejó evidenciada el Tribunal de Cuentas, aseguraron, al tiempo que destacaron que Accastello no respondió ninguno de los más de 150 pedidos de informes. “Una actitud del poder del momento que abría serias dudas sobre supuestas irregularidades”.

“Como ciudadanos e integrantes de un ente que lucha por la transparencia del accionar sobre los fondos públicos, no podemos permitir que siga sin conocerse lo ocurrido en estos años”, introdujeron antes de enumerar los pedidos al nuevo intendente.

“Recomienda al señor intendente municipal, en defensa del orden público y de su propia situación personal, que tome las medidas necesarias para esclarecer y dar certeza al destino que se le han dado a los fondos públicos que no fueron justificados o evadieron el control del Tribunal de Cuentas, quedando fuera de los procedimientos legales establecidos por la Carta Orgánica Municipal”, enunciaron.

Las propuestas son varias e incluyen, por ejemplo, el pedido de “poner a resguardo toda la documentación contable y administrativa de la Administración Central, de los entes y de las sociedades de las que el municipio forma parte”, para preservar “la información ante una investigación federal o provincial, que seguramente no demorará en producirse”.

Además, desde la Asamblea le solicitan a Gill “convocar a contadores externos o estudios de especialistas para que lleven adelante una minuciosa tarea de auditoría”, con el objeto de “analizar los movimientos bancarios, gastos, contratos de obras, licitaciones, costos de obras en comparación con los valores del mercado, origen de los ingresos y sus montos, además de todos los movimientos”, que en definitiva “permitan dilucidar lo que el Ejecutivo anterior se encargó durante tanto tiempo de ocultar o disimular”.

A su vez, consideraron que “se deberá determinar la nómina de juicios en contra de la Municipalidad, demandantes, estado de las causas y montos reclamados”. Mientras que “en caso de procuración, nómina de juicios contra los contribuyentes, montos, procuradores y estado de las causas”.

Los firmantes le peticionaron al actual intendente que realice una auditoría de sistema “para conocer las políticas de seguridad, usuarios, niveles de responsables, controles, liquidaciones de tazas y las cancelaciones”. También un inventario de bienes muebles e inmuebles, rodados y maquinarias, movimientos bancarios, cuentas de afectación específicas y cuentas de recaudación.

Finalmente, auguraron que sirva esta “recomendación con espíritu positivo”, y que “tome las medidas pertinentes a fin de evitar la frustración de las investigaciones penales que a la brevedad tendrán lugar”.