Marcelo Arancibia le había expresado a otro miembro de la fuerza su intención de denunciar a un excomisario inspector por estar al frente de una empresa de seguridad privada junto a otros oficiales en actividad

Cuarenta días antes de morir a un costado de su auto bajo el frío de la madrugada mientras realizaba tareas de adicional en un supermercado mayorista de la ciudad, el suboficial principal retirado Marcelo Fabián Arancibia había expresado su deseo de realizar una denuncia contra un excomisario inspector local y un grupo de policías por estar al frente de una empresa de seguridad privada, algo vedado por la ley a efectivos en actividad.

Arancibia había tomado contacto con Marcelo Fabián Izquierdo, que es un policía que está cesanteado desde 2008 y que ha realizado reiteradas denuncias en contra de jefes policiales.

La primera charla que mantuvieron a través de Facebook fue el 22 de julio pasado. EL DIARIO accedió a todas las conversaciones, donde el recientemente fallecido manifestaba su necesidad de conocer dónde hacer la presentación ante la Justicia, a la vez que le planteaba cierta preocupación.

¿Quién es Izquierdo? “Marcelo se contactó conmigo, como lo hacen muchos otros policías que quieren denunciar, pero temen represalias. Yo he hecho denuncias, pedidos de informes y presentaciones, siempre en contra de la corrupción de los jefes, y por eso me cesantearon en 2008. Por eso él se contactó conmigo. Inicié una demanda a la Provincia, le gané, la Justicia ordenó mi reincorporación, pero el expediente hoy está en el despacho del gobernador. Desde el año pasado que debería haber sido reincorporado”, dijo a este medio.

La ley indica que “queda prohibido al personal en actividad de la Policía de la Provincia de Córdoba (…) constituir personas jurídicas, gestionar, instalar, realizar o promocionar, por sí o por interpósita persona” servicios de seguridad privada.

Los mensajes de Arancibia, textualmente, dicen: “Me llamo Marcelo Arancibia y soy retirado en la Policía de Villa María, hace ya cuatro años. Dadas las circunstancias, hago adicionales en un mayorista (…) desde hace ya un año y medio a la fecha.

Es allí cuando hace dos semanas se apersonó el comisario (…) e impuso con otros policías en actividad una empresa de seguridad para sacar a otra que está instalada hace más de seis años y este individuo quiere sacar a esta empresa y está haciendo quedar mal a los policías que hacen adicional para quedarse él con el servicio. Lo he visto con tres a cuatro polis en actividad transando. ¿Cómo y dónde se puede denunciar?”.

Cuando Izquierdo le sugiere que se presente en la Fiscalía Anticorrupción en Tribunales 1 en Córdoba y luego al Tribunal de Conducta, Arancibia le respondió: “Yo hablé con un abogado y me dijo algo del Ministerio, que está en la misma sede del Tribunal de Conducta. Ahora lo que está haciendo es poniendo a los encargados en contra mía. Es más, no los dejan hablar conmigo. A los empleados de la firma los tienen amenazados. En unos días me llego a Córdoba”.

Si bien Arancibia apuntaba a un excomisario inspector a quien le salió el retiro el 1 de enero y que en ese momento estaba prestando servicios en la Unidad Departamental de Río Segundo (había sido trasladado hacia allá tras el escándalo que generó la reunión de un grupo de policías en un bar céntrico de la ciudad en 2014 y que terminó con la mayoría de ellos detenidos y cesanteados), lo cual no sería ilegal, el ahora fallecido sí hacía hincapié en que había policías en actividad involucrados.

Este medio no pudo determinar si Arancibia llegó a hacer la denuncia, pero sí confirmó fehacientemente que el excomisario apuntado había estado ofreciendo servicios de seguridad privada en al menos otro comercio de la ciudad.

Izquierdo estimó que Arancibia “no llegó a hacer la denuncia porque si no me hubiera avisado. El estaba por viajar a Córdoba, lo que pasa es que en Córdoba tenés el Tribunal de Conducta Policial, pero que no toca a los jefes que se denuncian; todo queda desestimado o cajoneado”.

A su vez, opinó que “según lo que contaba Arancibia, se puede pensar que esta persona retirada tenía la empresa desde antes, es decir, mientras estaba activo, además de mencionar que había policías metidos”, y consideró que “lo que hace este tipo es quitarle el laburo a los retirados que hacen adicionales poniendo empresas de seguridad de él porque el guardia de una empresa de seguridad cobra menos que un policía, entonces ofrece ese servicio, cobra y a los guardias se les paga poco y se queda con mucha ganancia”.

“Un mismo policía está tratando de quitarle el laburo a los policías retirados, es una falta de código y va en contra de la ley”, cerró Izquierdo.