Se trata de Carlos Jara, Ricardo Garay y Aldo Mercado, quienes fueron detenidos cuando salían de la ciudad por avenida Perón. Al requisar el vehículo, la Policía encontró un revólver calibre 38, una picana eléctrica, una capucha y otros elementos que hicieron sospechan que iban a “meter caño”

Tres cordobeses con antecedentes penales fueron condenados ayer en la Cámara del Crimen de Villa María por circular en una camioneta con un revólver de grueso calibre, considerado por la Justicia como “arma de guerra”.

Carlos Jara (54), Ricardo Garay (41) y Aldo Mercado (35) llegaron a juicio acusados como presuntos coautores de “portación de arma de guerra”, un delito que es reprimido con prisión de cinco a 15 años, mientras que a Jara también se lo acusó de “desobediencia a la autoridad”, porque estaba al mando de la camioneta que eludió un control policial.

Los tres fueron detenidos alrededor de las 13.30 del pasado jueves 16 de marzo, cuando salían de la ciudad, por avenida Presidente Perón, a bordo de una pick up Ford Ranger de color bordó.

Al percatarse de que en la esquina de Perón y Paraguay había un control vehicular, el conductor del utilitario giró raudamente en “U” con la evidente intención de darse a la fuga. Sin embargo, los uniformados advirtieron la maniobra, por lo que se inició una persecución que concluyó a las pocas cuadras.

En efecto, la camioneta fue interceptada en el cruce de Perón y Aconcagua. Los sospechosos fueron esposados y en el asiento trasero de la Ranger la Policía encontró un revólver calibre 38, con seis proyectiles en el tambor, además de una capucha tipo pasamontaña, trozos de alambre y dinero en efectivo. Asimismo, en uno de los bolsillos del pantalón del conductor había una picana eléctrica portátil.

Aunque no se pudo probar que hayan cometido algún ilícito previo a la detención, tanto los policías que intervinieron en el procedimiento como el fiscal que instruyó la causa, René Bosio, tuvieron en claro que los sujetos estaban listos para perpetrar un asalto.

Del mismo modo se expresó ayer el fiscal Francisco Márquez, quien sostuvo que el hecho de que tres personas con antecedentes penales llevaran un arma de fuego cargada, una capucha y una picana “es evidente que habían salido de caño”, en clara referencia a que tenían previsto cometer un asalto a mano armada.

Todos con condenas

En materia de antecedentes, pudo saberse que Jara, un mecánico que al momento de ser apresado estaba viviendo en Ballesteros, había recuperado la libertad a principios de agosto de 2014 luego de purgar una condena por delitos contra la propiedad. Garay, quien trabajaba como electricista, fue excarcelado en 2015 tras cumplir una sanción por un asalto a mano armada. Y Mercado, quien dijo dedicarse a las tareas de jardinería, fue juzgado y condenado por un hecho de “abuso sexual agravado” y salió de la cárcel en 2010.

A la hora de los alegatos, el fiscal de Cámara solicitó penas de seis años de prisión para Garay y Mercado, y de seis años y seis meses para Jara. A los tres los consideró coautores de “portación de arma de guerra”, mientras que para el tercero solicitó una pena levemente por el delito de “desobediencia a la autoridad” por haber eludido el control policial.

Sin embargo, al momento de dictar sentencia, la jueza Eve Flores de Aiuto cambió la calificación legal del hecho (consideró que habían cometido el delito de “tenencia de arma de fuego”, que es reprimido con prisión de dos a seis años) y les impuso penas de tres años a Garay y a Mercado, y de tres años y seis meses a Jara, todas de cumplimiento efectivo.

Al haber sido declarado reincidentes, los tres convictos tendrán que cumplir íntegramente las condenas aplicadas en la víspera y sólo podrán obtener (con buena conducta y una pericia psicológica favorable) el beneficio de la “libertad asistida”, que permite la excarcelación seis meses antes del cumplimiento total de la sentencia.

Además de la jueza Flores y del fiscal Márquez, intervinieron en la audiencia las asesoras letradas locales Silvina Muñoz y María Cristina Rivera de Cerutti, como así también el abogado cordobés Alfredo Ciocca, quienes ejercieron las defensas de los tres presidiarios.