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Una mujer y dos hijos de Villa María son acusados de explotación sexual

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Una mujer y dos hijos de Villa María son acusados de explotación sexual

El único ingreso que tenían los acusados provenía del sometimiento de mujeres

En una semana tendrá continuidad el juicio al que son sometidos una mujer de Villa María y sus dos hijos, todos acusados de explotar sexualmente a mujeres.

El juicio, que se inició el jueves pasado, se lleva a cabo en el Tribunal Federal Oral Nº 1 de la ciudad de Córdoba y los acusados son Tita Lilian Martínez, de 55 años, su hijo no vidente Cristian Omar Yanantuoni, de 39, y el medio hermano de éste, Héctor Javier Aquino, de 32.

Actualmente actúa como fiscal Maximiliano Hairabedian, aunque la acusación partió de la formulación realizada por la fiscal de Villa María, María Marta Schianni.

Precisamente Schianni, en su imputación, compromete al trío por dos hechos de sometimiento de mujeres, sobre todo a una de ellas que estaba en situación de vulnerabilidad al ser sometida a violencia por su pareja.

Yanantuoni convenció a la mujer para que fuera a vivir a la casa de su madre y en ese lugar la explotaron sexualmente.

La mujer fue trasladada a una whiskería de la localidad santafesina de Armstrong, situada junto a una estación de servicios, lugar donde la obligaron a alternar con distintos clientes.

Posteriormente, la joven explotada fue trasladada a la ciudad chilena de Punta Arenas, donde trabajó en otra whiskería, donde parte del beneficio económico quedaba en manos de Martínez, Yanantuoni -quien tiene una condena de cinco años de prisión por promoción de prostitución de menores- y Aquino.

El trío de Villa María está acusado de haber explotado a otras dos mujeres de 21 y 22 años que provinieron desde la ciudad de Santa Fe.

 

Fundamentos

Para la fiscal Shianni, “los imputados se dedicaban exclusivamente a explotar sexualmente a las víctimas”, al punto de que los dineros que obtenían por el sometimiento era el “único ingreso” que tenían.

La fiscal expresó su sorpresa por la posición de las mujeres sometidas, dado que defienden a sus explotadores, lo que muestra el estado de vulnerabilidad; al punto que una de ellas, que trabajaba en una compañía de seguros, se dedica luego a la prostitución, lo que marcó un cambio total en su conducta.

La fiscal consideró que hay razones suficientes para sostener la acusación toda vez que hubo “captación y acogimiento con fines de explotación sexual agravado por haber abusado de la situación de vulnerabilidad y haberse consumado la explotación de la víctima”.

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