El Gobierno de Córdoba avanza con la instalación de relojes biométricos para controlar el ausentismo docente. La UEPC local cuestionó el sistema “porque no va ayudar a solucionar los problemas que tiene la escuela”

Se llevó a cabo el miércoles el plenario provincial de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), donde, entre otros temas, analizaron la implementación del reloj para controlar el ingreso y el egreso de los docentes.

“Fuimos el único Departamento de los 26, que cuestionó esa decisión del Gobierno de la provincia”, dijo Carlos Andrada, flamante secretario general de la UEPC del Departamento San Martín.

“No creemos que la puesta en marcha de ese sistema vaya a solucionar los problemas que tiene la escuela y además, consideramos que no deja de ser una herramienta eficientista, que tiene más que ver con la producción de una fábrica que con lo que se hace en la escuela. Si nos guiamos por esa lógica, deberían poner herramientas para que los docentes que planifican o corrigen fuera de ese horario, puedan cobrar horas extras”, planteó.

De todos modos, dijo que es una decisión tomada por el Gobierno “y nosotros no podemos oponernos a que la patronal cambie el sistema de control. Antes se hacía con planillas y ahora con un reloj. Lo que cuestionamos es que se inviertan 40 millones de pesos en eso, cuando la escuela tiene otras necesidades”, indicó.

Cabe recordar que a través del Decreto 1.375, el Ministerio de Gestión Pública llamó a licitación para adquirir 1.200 relojes biométricos, los que serán instalados en las escuelas públicas que tengan más de 20 trabajadores. El sistema de registro es a través de un lector en el que el trabajador debe dejar marcada su huella para que se detalle el horario y día de ingreso y egreso.

“Empezaron a colocarlos en escuelas de la capital y del Departamento Colón. Estimamos que estará en funcionamiento el año que viene en toda la provincia”, dijo Andrada.

Mesa salarial

Por otra parte, el dirigente del gremio docente informó que en la asamblea provincial se aprobó por unanimidad solicitar la reapertura de la mesa de discusión salarial y pedir nuevamente por la derogación de la ley que difiere los aumentos a los jubilados.

“Abrir la mesa no quiere decir que estemos pidiendo un bono de fin de año, significa que vamos a trabajar para que nuestros ingresos estén equilibrados con los aumentos de precios. Es decir, que pedimos cantidad y calidad, con aumentos en blanco”, concluyó.