Algunos referentes de la oposición dieron a conocer su opinión sobre el posible acceso a conocer el patrimonio del exintendente
«Evidentemente acá hay un cimbronazo muy fuerte, porque a lo largo de su carrera política ha sido denunciado por algunos manejos de dudosa legalidad administrativa y es la primera vez que da una respuesta». La opinión del exconcejal Carlos Gagliano (UCR) apunta a que se conozcan las declaraciones juradas del exintendente Eduardo Accastello.
Ese fue el pedido de los actuales ediles que integran el bloque Juntos por Villa María en el mediodía del martes y por la tarde (cerca de las 20) Accastello respondió, a través de la red social Facebook, que accedería.
Las manifestaciones surgieron a partir de una publicación del diario capitalino La Voz del Interior que puso a la luz la existencia de una caja de seguridad a nombre del exintendente de Laguna Larga, Fernando Boldú, con 290 mil dólares (de numeración correlativa) en la investigada financiera cordobesa Cordubensis CBI, y sobre la que Accastello aparece con firma autorizada para operar. Una semana después, el matutino publicó que la pareja del exjefe de Gobierno villamariense, la concejal Verónica Navarro Alegre, sería uno de los contactos a «llamar» por esa misma cuenta.
“Un primer paso”
Gagliano consideró que «el hecho de que (Accastello) acceda a dar a conocer su declaración jurada es un gran paso. Si bien mostrar una declaración jurada no certifica específicamente los bienes, es un primer paso».
Sobre lo que provocó esta investigación periodística, indicó que el exintendente «debería clarificar esta cuestión más allá de si se lo quiere injuriar o difamar, tal como manifiesta».
«Ahí hay una cuenta con 290 mil dólares y debería aclarar la pertenencia y la procedencia, y no si pagó a la AFIP. La ciudadanía merece saber si le pertenecen a él y por qué está el nombre de él, más allá de las cuestiones mediáticas. El tiene que dar a conocer a la opinión pública y explicitar por qué está mencionado en una cuenta con dinero en esas condiciones, porque aparece su nombre y el de su pareja», marcó el radical.
Puntualizó que «la declaración jurada me parece bien, aunque no creo que alumbre mucho. Lo detectado son dólares con la numeración correlativa, lo que no es fácil de ahorrar», ironizó y dio a entender que puede tener bienes no declarados, «pero es donde declara cuál es su patrimonio».
«Habrá que ver cómo sigue este caso en la Justicia, pero no tenemos ninguna duda de que esta acción tiene que ver con la causa CBI», concluyó.
Como el tero
«La bravata de Accastello de mostrar las declaraciones juradas me recuerda a los gritos del tero. Grita en un lugar, pero los huevos los tiene escondidos en otro». Así se manifestó José Naselli, extribuno de Cuentas del municipio y un referente opositor de la administración accastellista.
Y sobre la solicitud en particular, apuntó: «Con el mayor de los respetos por los señores concejales, creo que bucear en las declaraciones juradas, si bien es correcto, no está exento de algún grado de ingenuidad. Creo que más efectivo es exigir que se abran al escrutinio público tanto las cuentas del municipio como también las del Ente Intermunicipal para el Desarrollo Regional (Eninder, que presidía el exmandatario villamariense) desde su creación hasta la fecha». «Se impone una auditoría comunal ya, y con la intervención de auditores externos con alto grado de profesionalidad y exentos de compromisos políticos o personales. Y que los resultados sean públicos y documentados», consideró.
Añadió que «todos los funcionarios» presentan las declaraciones juradas. Por qué Accastello no contestó los pedidos de informes que se le solicitaron. Se negó a profundizar en la investigación de al menos cinco cuentas. Tantos años cerró a cal y canto el Eninder, por ejemplo… Y el nuevo presidente (el actual intendente Martín Gill) podría abrir esa información a la sociedad». «Sería interesante ver y analizar las declaraciones juradas de todas maneras, porque no deja de ser positivo, pero no van a encontrar nada (irregular) ahí», cerró Naselli.
Ni jueces ni fiscales
«No somos ni jueces ni fiscales. No es una decisión que debamos tomar», indicó Liliana Montero, la legisladora que integra el bloque de Córdoba Podemos en la Legislatura provincial, espacio que impulsó la candidatura de Eduardo Accastello a la Gobernación.
Boldú es el secretario de este bloque. Actualmente se encuentra de viaje (en el exterior), pero «cuando regrese tendría que tomar licencia hasta que se aclare la situación en la Justicia», opinó Montero, según las propias conversaciones sostenidas en el espacio sobre la causa Cordubensis CBI y abonando que «se trata del funcionario de mayor jerarquía después de los legisladores». De todas maneras, indicó que «no está resuelto».
La mujer que en períodos anteriores presidió el bloque del Frente Cívico, recordó que al estallar la causa CBI apareció involucrado el por entonces presidente del Banco de Córdoba, Fabián Maidana, por lo que solicitaron la inmediata renuncia. Esto le «costó un legislador dentro de la fuerza, porque Las Heras sostuvo que Maidana era un hombre de bien y prefirió dejar su banca, actitud que vale rescatar».
Respecto a si las «conversaciones» señaladas fueron sobre Accastello, Montero lo negó porque «no tiene representación política, este es un espacio conformado por una quincena de agrupaciones» y en ellos, especificó, «esta el deber de proponerlo como vocal del Ente regulador de Servicios Públicos (ERSEP), no es definición de los legisladores».
