Escribe: Diego Bengoa DE NUESTRA REDACCION
“Pareciera ser que están investigando a Eduardo Accastello, cuando él no es el encargado de la custodia de las declaraciones juradas. Si no están, no es su responsabilidad. El las presentó como lo marca la normativa”.
Eso señaló ayer Gustavo Franco, abogado del exintendente, al querer salir a dar su visión sobre la nota publicada en la víspera en la que se informó que la auditora General, Alicia Peressutti, le dijo por escrito a la fiscal Silvia Maldonado que en la sede de la Defensoría del Pueblo faltan algunas de las declaraciones juradas del exmandatario.
Como se conoce, el extribuno de Cuentas, José Naselli, expuso ante la Justicia Federal que le había llegado la información de que en la Auditoría habían desaparecido las DD.JJ. del exjefe del Ejecutivo. La causa terminó girándose a los Tribunales de la provincia y le tocó intervenir a Maldonado, quien pidió información tanto al Concejo Deliberante como a la Auditoría General, los lugares en donde debe estar la documentación de bienes correspondientes a todos los funcionarios municipales de Villa María.
Franco hizo hincapié en que “en el Deliberante sí están las DD.JJ.”, según lo que el órgano parlamentario le informó a la fiscal, algo de lo que EL DIARIO dio cuenta ayer. Y recalcó en varias ocasiones que el hecho de que desaparezcan de la sede de la Defensoría “no es responsabilidad” de su cliente.
Entrevistado por EL DIARIO en el café de una estación de servicio, Franco sostuvo que “las declaraciones juradas de la función pública coinciden con las personales de AFIP, por lo que esto (la ausencia) no es indicador de nada”.
“¿Adónde me conduce saber si están o no están las DD.JJ.? En realidad están, el Concejo le dio las copias a la Auditoría y en la Auditoría no sé qué se hizo”, señaló.
– ¿Por qué si están en el Deliberante no las han mostrado, pese a que la oposición lo pidió en numerosas ocasiones?
– Están presentadas en la Justicia Federal.
– ¿Por qué el exintendente publicó en Facebook que esta documentación estaba a disposición de las autoridades del Concejo y sin embargo nunca se exhibieron?
-Es que la apertura ya no depende de él, sino del juez, de las autoridades. Que las abran no depende de él.
– Pero el exmandatario puede pedir que se hicieran públicas, según lo establece la ordenanza de ética pública.
– No sé por qué los concejales no quisieron en ese momento.
-Le consulto sobre el tema porque el exintendente puso a disposición sus DD.JJ. como una forma de acallar a la controversia política y mediática, pero luego los concejales del oficialismo no permitieron su apertura pública. Accastello expresó voluntad de que se abrieran.
– … en un medio no adecuado como Facebook.
– ¿No se derribarían las especulaciones si las mostrara?
-Son decisiones políticas. Como no hay ninguna adjudicación de algún bien en particular, no hay un hecho concreto… me da la impresión de que son embates políticos que no tienen que ver con la Justicia. Lo que veo es que se busca judicializar la política.
“Que (dichos documentos) estén en un lado y no en el otro no es trascendente desde lo jurídico para Accastello. La fiscal estará investigando la desaparición de documentación pública, pero no está investigando a Accastello”, remarcó.
Franco cuestionó el enfoque y el titular de la nota de ayer, porque considera que no se le da entidad al hecho de que el Deliberante haya informado que las DD.JJ. sí están en ese órgano.
Precisamente, la nota periodística se centró ayer en lo que confirmó la auditora Alicia Peressutti porque es específicamente eso lo que expuso Naselli ante la Justicia, que en la Auditoría -y no en el Legislativo- habría desaparecido esta documentación.
“Por supuesto que es llamativo que desaparezca y me llama la atención que los guardadores de los documentos públicos no hayan adoptado todos los elementos de seguridad”, agregó el abogado. En este marco se preguntó si la desaparición se registró en tiempos del accastellismo o ya en esta gestión, que se inició en diciembre pasado.
Cabe subrayar que el letrado no aceptó preguntas de otras causas en las que está siendo investigado el hombre que gobernó Villa María durante 12 años porque, aseguró, sólo fue pedido su asesoramiento legal en torno a este caso puntual.
El letrado desmintió que el dirigente político haya sido cotitular de una caja de CBI, como se publicó erronéamente en la víspera. En realidad, estaba “autorizado” en la caja perteneciente a Fernando Boldú, exintendente de Laguna Larga y exasesor del bloque legislativo Córdoba Podemos. De acuerdo a Gustavo Franco, “Boldú ha acreditado en la Justicia Federal de Córdoba el origen, la tenencia y el pago de impuestos sobre los fondos de esa caja y AFIP lo ratificó, e incluso el organismo dijo que Accastello no tiene nada que justificar”.
